Concluye 2023 y desde el lunes 1° de enero del nuevo año dejará de regir la declaración de emergencia agropecuaria, que por la sequía se activó en octubre de 2022, se extendió durante un lapso récord y en su mayor vigencia abarcó a todo el territorio y a todos los rubros del agro.
Con base en datos actualizados esta semana por la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), la estimación preliminar de impactos brutos directos del déficit hídrico en la producción agropecuaria alcanzó a US$ 1.883 millones.
En el otoño, con la sequía vigente y acumulándose los daños, el ministro Fernando Mattos advirtió que era el peor perjuicio agroclimático de la historia desde que hay registros en Uruguay.
Fue “la peor sequía en 100 años”, afirmó.
También adelantó entonces que las pérdidas se aproximarían a los US$ 2.000 millones, lo que ahora los técnicos del ministerio confirmaron.
¿Qué sector se perjudicó más?
- Agricultura de secano, área no cosechada y caída de rendimientos, US$ 1.098 millones.
- Ganadería de carne, terneros no nacidos y leve pérdida por menor volumen faenado, US$ 287 millones.
- Forestación, merma de crecimiento medio anual de plantaciones de 25 a 30%, US$ 162 millones.
- Praderas perdidas, total país considerando ganadería de carne y leche, US$ 145 millones.
- Lechería, costos adicionales de suplementación y caída de remisión, US$ 136 millones.
- Frutales hoja caduca y citricultura, caída de producción del orden de 45 a 50% y de 4% en citricultura, US$ 43 millones.
- Viticultura, caída de 28% del volumen de producción en 2023, US$ 12 millones.
