Ocho dirigentes sindicales acusados de desbaratamiento por bloqueo a Lácteos Vidal: un precedente legal inédito en Argentina.
La Justicia argentina avanza sobre ATILRA en un caso que sacude la agroindustria
Un fiscal porteño ha imputado a ocho destacados dirigentes de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea (ATILRA) por graves delitos que habrían afectado seriamente las operaciones de Lácteos Vidal, una pyme láctea ubicada en la provincia de Buenos Aires. La acción judicial, encabezada por el fiscal Luis Aranudo, imputa a los sindicalistas por “desbaratamiento de empresa”, “amenazas” y “compulsión a la huelga”, marcando un hito al ser la primera vez que se aplica esta figura contra acciones sindicales de este tipo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El caso unifica diversas causas por los bloqueos sufridos por la empresa, abriendo un debate crucial sobre los límites de las protestas gremiales.
Las protestas, que se extendieron desde el 18 de julio hasta el 16 de septiembre de 2022, generaron un impacto devastador en Lácteos Vidal. La compañía, propiedad de Alejandra Bada Vázquez, sufrió la interrupción total de sus actividades en la planta de Moctezuma y en su sede de Villa Devoto, en CABA. Testimonios y pruebas presentadas por los abogados de la empresa, Mariana Heim y Pablo Abdon Torres Barthe, detallan cómo se impidió el ingreso y egreso de mercadería, afectando gravemente la recepción de leche cruda y la distribución de productos terminados.
El perjuicio económico para Lácteos Vidal es considerable, estimado en unos $61.684.151,09 al momento de los hechos. La imposibilidad de procesar la materia prima forzó a la empresa a derivar la leche a terceros, incrementando costos y comprometiendo su productividad. Además, la presencia intimidatoria de miembros de ATILRA afectó directamente las ventas y generó un clima de temor entre el personal, que fue coaccionado para adherirse a la huelga. Este escenario no solo amenaza la continuidad de la empresa, sino que también pone en riesgo los puestos de trabajo en el sector.
Entre los imputados figuran figuras clave de ATILRA como Heber Ríos, Secretario General de la Seccional General Rodríguez, y Gastón Emilio Moreno, Secretario General de la seccional Trenque Lauquen, junto a otros vocales y delegados. La seriedad de las acusaciones, que incluyen la posibilidad de sumar la figura de “asociación ilícita” y una demanda por daños y perjuicios que podría ascender a 500 millones de pesos, subraya la magnitud del conflicto y las potenciales consecuencias para los involucrados y para futuras acciones sindicales en el país.
Este proceso judicial sienta un precedente importante para el sector agroindustrial y el clima de negocios en Argentina, especialmente en la industria láctea. La imputación de estos dirigentes sindicales resalta la preocupación por el impacto de los bloqueos en la actividad productiva y la cadena de valor. El desenlace de este caso será clave para definir el marco legal y las responsabilidades en conflictos laborales, impactando la estabilidad y la competitividad del sector lácteo a nivel nacional e internacional.
