A pesar de las anomalías y malos manejos reportados en el pasado, la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) retomó la administración y recaudo de las cuotas de fomento ganadero y lechero que manejó a su antojo, durante 22 años.
El millonario negocio quedó patentado a dedo el viernes pasado con un nuevo contrato a diez años suscrito por el ministro de Agricultura, Andrés Valencia.
La decisión dejó sin piso las acciones emprendidas durante tres años por el anterior gobierno y la dura puja librada por un amplio sector de ganaderos del país, que han cuestionado el manejo autocrático de la agremiación en cabeza de su actual presidente José Félix Lafaurie, un polémico activista del uribista Centro Democrático.
La Contraloría General de la República encontró serios hallazgos en el manejo de los recursos provenientes de las contribuciones parafiscales que ascienden anualmente a cien mil millones de pesos. La cuota de fomento ganadero la pagan los productores por cabeza de ganado y litro de leche.
La polémica
El cuestionado manejo de la parafiscalidad, la intervención del Fondo Nacional del Ganado y la liquidación de Friogan por los malos manejos develados por la Contraloría precipitaron la cancelación del contrato de administración.
La última prórroga del cuestionado contrato venció el 31 de diciembre de 2015, y no fue renovado argumentando que no existía la obligación de contratar nuevamente con la entidad, en razón a que el término de 10 que señala la norma ya se cumplió.
Iragorri argumentó que el contrato contenía “cláusulas inaceptables” para el Gobierno, así como la ocurrencia de presuntas irregularidades por parte del gremio en la administración de los recursos del fondo.
La medida quedó consignada en el Decreto 2537, expedido el 29 de diciembre de 2015 por el anterior ministro de Agricultura Aurelio Iragorri. La decisión generó la polémica y la guerra jurídica.
A dedo
“Si el gobierno readjudicaba el manejo del fondo de la carne y de la leche debería hacerlo de acuerdo con la ley del plan y mediando licitación pública. No se hizo así. Faltó transparencia”, afirmó en su cuenta en la red social Twiter el ex ministro Juan Camilo Restrepo el principal crítico.
De hecho, el Consejo de Estado respaldó esa posición al rechazar una acción de cumplimiento para que se le renovara directamente el contrato.
El alto tribunal no solo negó las pretensiones sino que le dio un respiro al proceso licitatorio que debía surtirse para la administración de los recursos. Pero no se hizo. El proceso, suspendido en cinco oportunidades, finalmente fue abortado por el nuevo gobierno.
Según el Consejo de Estado, el Gobierno Nacional estaba facultado para asumir temporalmente y a través de encargo fiduciario, la administración de las contribuciones parafiscales y efectuar el correspondiente recaudo.
En esas condiciones, el Ministerio de Agricultura asumió la administración temporal del Fondo Nacional del Ganado (en liquidación), a través de un encargo fiduciario celebrado con Fiduagraria.
La iniciativa se tomó para impedir que los recursos que aportan los ganaderos, y que les pertenecen, se perdieran a raíz de la mala decisión del anterior administrador del Fondo (Fedegan), de adquirir acciones de Friogan incluido en régimen de insolvencia que lo puso en riesgo inminente al ser el propietario del 78 por ciento de las acciones.
El Gobierno Nacional constituyó además la Cuenta Nacional de Carne y Leche para continuar con el recaudo y administración de la cuota de fomento ganadero y lechero con dos prioridades: la erradicación de fiebre aftosa y brucelosis bovina.
Liquidación
La Superintendencia de Sociedades decretó en el 2017 la liquidación de la empresa Frigoríficos Ganaderos de Colombia (Friogan) al no lograrse un acuerdo con los acreedores.
Las deudas de la compañía con los bancos y otros sectores superan los 94 mil millones de pesos. En otras palabras la reorganización empresarial no funcionó.
La Contraloría General de la República encontró serios hallazgos en el manejo de los recursos provenientes de las contribuciones parafiscales que ascienden anualmente a cien mil millones de pesos. La cuota de fomento ganadero la pagan los productores por cabeza de ganado y litro de leche.
Adicionalmente, otra auditoría externa demostró que Fedegan representaba escasamente al diez por ciento de los ganaderos del país, quienes recibían todos los beneficios. El noventa por ciento restantes está por fuera de las inversiones que se deben ejecutar en el país.
Los hallazgos
La Contraloría puso en evidencia los enormes riesgos. Friogan había acumulado pérdidas en los últimos cuatro años por 41.400 millones de pesos. Además, registraba un alto riesgo financiero ya que no contaba con los activos suficientes para cumplir con las obligaciones contraídas.
El ex contralor Edgardo Maya confirmó las denuncias que en su momento formuló el exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, quien contrató una auditoría externa para confirmar sus sospechas.
La auditoría reveló que Friogan, presentaba un elevado nivel de endeudamiento (en 2011 sus obligaciones ascendían a 59.000 millones de pesos).
Además, el FNG se constituyó como garante y deudor solidario de los créditos y obligaciones financieras de Friogan, poniendo en riesgo los recursos parafiscales del sector. Este hecho disparó las alarmas.
Curiosamente los recursos no se invirtieron en zonas de alta producción ganadera y sí en regiones poco productivas para carne. Estos hechos fueron denunciados en el Huila por el ganadero Alberto Castillo, sin que fueran atendidos sus reclamos.
Por el contrario, fue vetado y expulsado de la agremiación. La misma suerte, corrió el médico Oscar Luis Fernández, excluido sin explicaciones del Comité de Ganaderos. Los dos, crearon una nueva Asociación de Ganaderos del Huila.
Otras anomalías
Otra auditoría externa contratada por el entonces ministro Juan Camilo Restrepo Salazar, puso al descubierto otras anomalías.
Fedegan modificó los estatutos delegando en su Secretario General la firma con exclusividad los actos del Fondo Nacional del Ganado y de la Leche. Sin embargo, por gastos asociados a las gestiones del presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie terminó pagándole por concepto de viáticos, guardaespaldas-conductor, vehículos entre otros, un valor aproximado a los 650 millones de pesos entre 2006 y junio de 2012.
Adicionalmente puso al descubierto los efectos adversos por la intermediación en la compra-venta de la vacuna Anti-aftosa, cedida a Fedegan según acta 92 del 12 de diciembre de 2006.
Según el estudio, durante el primer ciclo del 2012 Fedegan ganó $4.464 millones por concepto de intermediación de las vacunas. “Si se toma en cuenta que luego de la decisión han ocurrido 10 ciclos, en los que se negocian entre 40 y 50 millones de vacunas por año, se encuentra que este hecho no ha favorecido al Fondo y a los ganaderos del país”, reveló el informe oficial.
Restrepo Salazar denunció que Fedegan estaba incurriendo en un indebido monopolio y un probable abuso de posición dominante de mercado. “Fedegan escoge a quien le compra las vacunas y ese hecho le da un poder de mercado que pone en riesgo la libre competencia económica, lo cual fue investigado y de sancionado por la Superintendencia de Industria y Comercio”, precisó el documento revelado por Restrepo Salazar.
Polémico arrendamiento
Adicionalmente denunció la venta irregular de algunos activos, entre ellos la sede principal, vendida en “condiciones extrañas”. “Se trataba de un inmueble de patrimonio arquitectónico, enajenado en un proceso de negociación cerrado a Fedegan, posterior al cual la casa fue demolida y en su lugar se está levantando un edificio cuya construcción se detuvo por disposición de las autoridades competentes, según parece, por incumplimiento de normas urbanísticas”, reveló el dictamen.
La venta se pactó por un valor de $444,40 millones ($44,40 millones sobre su valor en libros) pagadero mediante una cuota inicial y 16 cuotas mensuales sucesivas de $25 millones que serían descontadas de la cuota de administración que se le reconoce a Fedegan por administrar el FNG. La venta se realizó sin un estudio de costo- beneficio.
Según el informe desde que se instrumentó la venta, el FNG tuvo que pagar en menos de cinco años a Fedegan una suma cercana a la de la que “recibió” por la venta por concepto de arrendamiento del inmueble.
Además, la agremiación ejecutó indebidamente $4.295 millones, destinados principalmente a promocionar las actividades propias de Fedegan y una mínima alusión al FNG para justificar el gasto, “circunstancia de la que se infiere un posible abuso y una evidente falta de proporcionalidad”.
Con los recursos del Fondo Nacional del Ganado se financió la realización del congreso ganadero, evento ajeno al Fondo con un costo superior a los $280 millones.
La abortada licitación
El proceso licitatorio para adjudicar el nuevo contrato de administración de la cuota de fomento ganadero comenzó en agosto de 2016.
El cronograma quedó en suspenso desde el 27 de marzo de 2017 mientras se ajustaban los estudios previos y los pliegos de condiciones. Las modificaciones según funcionarios de la entidad están orientadas a blindar el proceso. Sin embargo, no se concretó. Terminado el gobierno Santos, su sucesor, abortó el proceso y su ministro de Agricultura lo adjudicó a dedo.
El plazo de ejecución será por diez años contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
El recaudo proyectado según la abortada licitación ascendería a 79.077 millones de pesos. El administrador que resultare seleccionado recibiría a título de contraprestación por la administración el cinco (5%) del recaudo anual.
El nuevo contrato se firmó, según el ministro Andrés Valencia, siguendo “los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional, para la entrega de la administración de los fondos parafiscales”. En su criterio, “solo existe una agremiación en el sector ganadero bovino y bufalino de carne y leche que cumple con los criterios de representatividad nacional y organización y estructura democrática, la cual es Fedegan, gremio que fungió como administrador de la cuota parafiscal ganadera durante 22 años, desde la creación del fondo”.
No obstante, en el país existen por lo menos 80 gremios relacionados con el sector ganadero, pero solo seis participaron en el proceso para reemplazar a Fedegan, intervenida en diciembre del 2015 por irregularidades en el manejo de los recursos, también se presentará a la licitación y librará otra batalla.
En la puja estaban, la Nueva Federación de Ganaderos (NFG) en alianza con la Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas de Colombia (Unaga) y la Asociación Nacional de Productores de Leche (Analac).
Esta federación congrega a representantes de 131 entidades gremiales y de 64.556 ganaderos provenientes de 25 departamentos, que representan el 83% del inventario bovino del país.
En el Huila está representados por el ganadero Alberto Castillo y el médico Óscar Luis Fernández. El Comité de Ganaderos acompaña a Fedegan.
La otra alianza está confirmada por la Confederación Nacional de Ganaderos (Confegan) y la Unión Colombiana de Criadores de Cebú Lechero y sus Cruces (Ucebul).
El proceso licitatorio abría un nuevo espectro para la mayoría de los ganaderos del país, representados en organizaciones de base de amplio reconocimiento, sin embargo esa posibilidad se frustró. Después de tres años de dura puja el manejo de la parafiscalidad retornó a Fedegan, cuestionada por los malos manejos.
El cisma ganadero
El cuestionado manejo de la parafiscalidad, la intervención del Fondo Nacional del Ganado y la liquidación de Friogán por los malos manejos rebosaron la copa.
Adicionalmente, el manejo autocrático y la excesiva politización del gremio atizaron la hoguera de la inconformidad y provocaron la ruptura, originando la creación de la Nueva Federación de Ganaderos liderada por ganaderos huilenses, quienes denunciaron la excesiva concentración del poder en una sola persona, además inamovible.
Los primeros brotes de inconformidad aparecieron en el Huila y otras regiones del país por el turbio manejo de la parafiscalidad por parte de Fedegan en las campañas de vacunación contra la fiebre aftosa y la inequitativa distribución de los recursos.
Pero también por el veto impuesto a líderes regionales que se atrevieron a denunciar los abusos y la soberbia del vocero de Fedegan, según Alfredo García, presidente de la naciente agremiación.
La auditoría externa demostró que Fedegan representaba escasamente al diez por ciento de los ganaderos del país, quienes recibían todos los beneficios. El noventa por ciento restante de los ganaderos estaba por fuera.
El naciente gremio congrega a representantes de 131 entidades gremiales y de 64.556 ganaderos provenientes de 25 departamentos, que representan el 83% del inventario bovino del país. En este escenario, el polémico contrato, regesará a los tribunales del país.
En contexto
Los Fondos Parafiscales Agropecuarios son recursos públicos, que se recaudan con el propósito de beneficiar a través de programas de inversión al mismo sector que los genera, de acuerdo con las normas que la regulan.
La administración es entregada, en virtud de la ley, a las agremiaciones de productores más representativas, sin que el Estado pierda de vista su seguimiento a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el control fiscal por intermedio de la Contraloría General de la República.
