En rueda de prensa este jueves, Roberto García se ha referido al caso de los 600 jóvenes que solicitaron en 2014 las subvenciones de incorporación, a los cuales Hacienda les reclamó una tributación más elevada al considerarlos como subvenciones corrientes y no como ayudas de capital.
Así, explica que el Tribunal Económico Administrativo le dio la razón a cuatro productores que presentaron reclamación por este motivo. Sin embargo, en una reciente reunión Unións Agrarias preguntó a la delegada especial de Hacienda en Galicia cómo se iba a proceder para devolver de oficio este dinero cobrado indebidamente a los agricultores, pero la respuesta fue que solo se iba a proceder a devolverlo en los cuatro casos denunciantes. Por tal motivo, todos los afectados deberán proceder individualmente a realizar la reclamación.
Por ello, el secretario xeral de Unións Agrarias llama la atención sobre que “la inmensa mayoría” de afectados no presentó reclamación ya que se creó una “apariencia de solución” al problema. Por tal motivo, advierte a todos los que cobraron la subvención correspondiente a 2014 que tienen que hacer una declaración de la renta paralela para exigir lo que cobraron indebidamente antes del 30 de junio, para después, “cuando Hacienda se lo deniegue, presentar el contencioso pertinente”.
EXIGE QUE LA XUNTA CORRIJA LA ORDEN
Además, llama a que la Consellería de Medio Rural a que corrija la orden que saca cada año de incorporación de jóvenes, incluida la que sacó la semana pasada, para que se incluya en el título que las subvenciones sean de capital y así no vuelva a ocurrir esta problemática que afecta a unos 3.000 agricultores en el último lustro.
De tal forma, se refiere a la situación de todos los productores que accedieron a estas ayudas en años posteriores que tendrán que recurrir “uno a uno” para resolver su situación. Por ello, solicita una reunión “urgente” con la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, para que se emita una instrucción para la devolución de oficio.
FRENTE JUDICIAL CONTRA LOS IMPAGOS
Por otra parte, Unións Agrarias (UU.AA.) ha dado cuenta del frente judicial que lleva a cabo contra primeros compradores e industrias por impagos a productores lácteos.
De tal forma, el pasado miércoles se produjo la primera vista en Lugo contra Logística Alimentaria, por impagos a 11 ganaderos por más de 100.000 euros desde 2015.
En el segundo de los casos, se demanda a Clea que abone a cinco ganaderos los 30.000 euros que adeuda desde principios de año. Además, censura que esta industria reciba subvenciones de la Xunta por 800.000 euros sin que el Gobierno gallego le exija estar al día en sus pagos.
El tercero asunto se refiere al primer comprador conocido como Ogeid, que según explica Roberto García tiene deudas por 280.000 euros. Tras conseguir el cobro de unos 160.000 euros en los últimos días, aún quedan sobre 120.000 euros pendientes que debe, entre otros, a una cooperativa.
Finalmente, el responsable de UU.AA. se ha referido al caso “más sangrante”, el de un primer comprador que “va cambiando de nombre” –fue conocido como Lácteos Ortegal, entre otros– y que cuenta con impagos por “más de tres millones de euros” a productores. Sin embargo, critica que haya recurrido a la “triquiñuela” de presentar demanda penal contra industrias, lo que provoca que se paralice en los tribunales cualquier vía administrativa contra este primer comprador al estar abierta la cuestión penal.
OTRAS PETICIONES
Además, Roberto García se ha referido a otras peticiones que se trasladarán a las administraciones, como que se rebajen los requisitos para la creación de organizaciones de productores lácteos, con el objetivo de que haya poder negociador ante cada industria.
Actualmente, para crearse una organización de productores lácteos debe haber un mínimo de 1.000 ganaderos y 200.000 toneladas de producción, por lo que se quieren bajar esas cifras a 200 productores y 60.000 toneladas, al igual que ocurre en otros países como Francia y Alemania.
Asimismo, se emplaza a que se vele por que las industrias solo puedan usar sistema de indexación homologados para fijar los precios de los contratos a pagar durante un año, sin que se usen sistemas que considera “ilegales” y que repercuten en precios a la baja.
