Así lo informó CRhoy.com este jueves tras una consulta realizada a la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios y Aduaneros del Ministerio Público, en la que se confirmó que la causa se tramita bajo el expediente 18-000120-0621-PE.

El caso se tramita contra ignorado, lo que quiere decir que aún ninguna persona en específico ha sido imputada mientras las pesquisas continúan.

La investigación se abrió de oficio el pasado 24 de octubre ante las publicaciones realizadas respecto a la forma en que, durante los años de 2014 y 2015, la cooperativa se “ahorró” el pago correspondiente a Impuesto sobre la Renta de algunos de sus altos colaboradores.

En 2017 y 2018 se reveló que durante el periodo cuestionado, Dos Pinos habría reportado al Estado un 50% menos del salario de sus directivos, a fin de pagar menos por los rubros correspondientes a Hacienda y por la cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), lo que le generó a la empresa un ahorro millonario.

El objetivo de Dos Pinos con esto era “retener” y ofrecer un salario económicamente atractivo para su personal; por ello, y por medio de una subsidiaria de la empresa en Belice, se tomó la decisión de dividir el pago de los salarios en dos, depositando una parte en cuentas nacionales y la otra en cuentas en el extranjero mediante el concepto de “servicios profesionales”.

Esta estrategia fue denunciada de forma anónima a finales de 2017 y terminó con la apertura de un proceso en el Tribunal Fiscal Administrativo, según detalló el Semanario Universidad en una nota publicada el año anterior, y a la que ahora se le suma la pesquisa en el Ministerio Público.

Acta filtrada
Este miércoles, CRhoy hizo público el contenido de un “acta confidencial” que revela cuál fue la estrategia mediante la que en los años 2014 y 2015 la cooperativa se “ahorró” el pago de estos tributos. El documento recopila lo conversado durante una reunión que sostuvieron autoridades de la Dos Pinos el 18 de febrero de 2015, en cuyo encuentro la auditoría de la Cooperativa explicó al Comité de Vigilancia (que había señalado sus preocupaciones por el método de elusión) la manera en que se realizaba la movida.

En la reunión mencionada se hicieron presentes la asesora legal de Dos Pinos, una mujer de apellido Amador; el auditor general de la empresa, un hombre de apellido Solano, varios asesores externos y los miembros del Comité de Vigilancia. Según consta en el documento hasta ahora secreto, se sostuvo la siguiente conversación:

Representante legal: “Ni estoy pagando cargas, ni estoy pagando impuestos porque logísticamente es imposible porque yo no tengo arraigo en el país (en Belice, donde se efectuaban los pagos), porque yo no puedo obtener un permiso de trabajo como extranjero en ese país, porque no cumplo con las condiciones para obtener ese permiso de trabajo, entonces como se hizo fue a través de un contrato por servicios profesionales”.

Asesor legal: “En Belice, una sociedad en Belice, correcto”.

Auditor: “Que no está obligado por ley en Belice a declarar nada…”

El documento señala además, que el Auditor mencionó que todo se manejaba con una empresa “que creo que se llama Servicios Corporativos OffShore” y que esta contrató “a 6 o 7 personas”, facturándoles lo correspondiente al 50% de los salarios que no se reportaron en Costa Rica. Por ello “esa planilla digamos que se maneja afuera completamente, no hay papeles aquí en la Cooperativa”.

Cuando el Comité de Vigilancia señaló sus dudas al respecto, el auditor de Dos Pinos señaló que “él había trabajado en una empresa donde le pagaban el 70% del salario fuera del país y acá solo reportaba el 30% de sus ingresos”, por lo que señaló la movida como una estrategia “común” entre las empresas transnacionales que operan en Costa Rica.

Con esta “estrategia común”, Dos Pinos llegó a ahorrar entre “200-300 mil dólares” por concepto de pagos a Hacienda, según expresó su auditor. Sin embargo, a esta cifra hay que agregarle lo que se “ahorró” la empresa en cargas sociales ante la Caja. Allí, Dos Pinos se habría ahorrado aproximadamente otros $239 mil dólares, según consta en las declaraciones del auditor de la empresa:

El modelo ha generado un ahorro de $239 mil dólares, aquí este básicamente es un ahorro para la compañía. (…) Al inicio se liquidó a la gente (…) hubo un impacto en el mes de liquidación para la gente, pero anualmente la proyección es que deberíamos ir viendo los ahorros a nivel de cargas sociales, principalmente”.

Este “ahorro” se logró a partir de la liquidación de todos los funcionarios incluidos en el modelo, y de la recontratación de sus puestos en otras condiciones laborales. Además, se firmó un acuerdo ante el Centro de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Justicia para frenar cualquier queja.

Por otra parte, se documentó que la aplicación de estos pagos no iba a quedar en actas para que el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) no detectara nada.

Esto último quedó claro cuando el auditor señaló en el acta confidencial que:

Esta aprobación no se dejó en el acta porque como el acta va a no sé donde, lo ve el Infocoop, se dijo que el acuerdo no puede quedar en acta.

En el caso que se tramita en el Tribunal Fiscal Administrativo, la Cooperativa es representada por el ex Director General de Tributación del Ministerio de Hacienda, en el período 2000-2003, Adrián Torrealba Navas, quien actualmente labora como abogado del Bufete Facio y Cañas.

Según Torrealba, la defensa de la Dos Pinos consiste en argumentar que la administración tributaria está “distorsionando el criterio de territorialidad que rige en Costa Rica para el Impuesto sobre la Renta”, con base en un oficio fechado el 2014 en el cual se asemejó el concepto de “territorialidad” al de “residencia”. Así, el abogado defensor sostiene que:

Si una persona tiene un trabajador que es domiciliado en Costa Rica, cualquier renta que reciba se le considera territorial. Es un error conceptual de parte de Tributación, contrario a la legislación. Cuando se hacen trabajos para economías de otros países, en eso consiste la extraterritorialidad. Dos Pinos tiene subsidiarias en varios países de Centroamérica. A un grupo de gerentes se les separó parte de esas funciones, una era atender la actividad en Costa Rica y, luego, con recargo a las empresas que se desarrollaban en cada uno de esos países. Se les pagaba en esos países por las funciones en esos países”.

Ese argumento, sin embargo, no se sostendría del todo bien tras el temblor que significan las declaraciones ya no secretas, hechas públicas el día de ayer.

La semana anterior, y en este mismo caso, el Ministerio Público señaló que no encontró delito en la querella interpuesta contra tres personas por la presunta divulgación de secretos y con la que la Dos Pinos quiso responder a la denuncia que la tiene metida en todo esto. En primera instancia, dicha causa se abrió contra ignorado (es decir, que se desconocían a los imputados) pero más tarde se imputó a las personas miembros del Comité de Vigilancia de la empresa.

El 12 de diciembre pasado, sin embargo, se consignó que dichas tres personas quedaron libres de cargo… no así la Dos Pinos, cuya causa sigue estando en el ojo público y desde diversos frentes.