El sindicato UPA-ÁVILA está informando desde principios de año a los ganaderos de vacuno de leche de la provincia sobre el proceso judicial que vamos a iniciar en su defensa. Su objetivo es el de actuar contra nueve industrias lácteas y dos asociaciones de empresas lácteas por su decisión de “establecer una estrategia común para bajar los precios, manipular el mercado y restringir las libertades de los ganaderos”, por las que han sido sancionadas recientemente por la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) con una multa de 80 millones de euros.
UPA ha apelado a la “coherencia”, “responsabilidad” y “compromiso” que tiene la organización agraria para entrar ahora en un proceso judicial que inició precisamente este sindicato hace nueve años, tras poner encima de la mesa la denuncia de posibles comportamientos ilícitos por parte de las industrias lácteas, lo que ha quedado demostrado en junio de este mismo año con la sanción de las autoridades de Competencia.
Los responsables de los servicios jurídicos de UPA denuncian la toma de acuerdos por parte de nueve industrias lácteas para fijar los precios de la leche ante la imposibilidad de los ganaderos de cambiar de industria. Ahora se iniciará la presentación de las demandas con carácter individual ante unos hechos que ha quedado demostrado “mermaron los ingresos de los productores durante estos trece años de referencia”.
UPA pondrá a disposición de los afectados los servicios jurídicos de la organización para que puedan recuperar lo que no les pagaron las industrias. Podrán actuar para todos los ganaderos con entregas en ese periodo (2000-2013), aunque ahora ya estén jubilados, y se reserva los derechos de actuar y por lo tanto reclamar legalmente hasta la fecha actual si se demuestra que desde entonces (2013) a día de hoy se ha seguido incurriendo en esas prácticas ilegales.
Para hacer la reclamación, el sindicato agrario necesita que los ganaderos demuestren el precio de la leche que cobraron por la leche vendida, bien mediante facturas o en caso de no disponer de ellas, mediante cualquier otro documento que acredite los litros de leche vendidos y el importe percibido.
“Llegaremos hasta las últimas consecuencias porque una vez más se demuestra lo que UPA-ÁVILA lleva denunciando desde hace años. Prácticas que conllevan la asfixia económica de los productores y el enriquecimiento de las industrias a costa de los precios ruinosos que pagan a los ganaderos”, aseguran.
UPA-ÁVILA también ha querido recordar que la multa impuesta por la CNMV de 80 millones de euros “se queda muy corta porque las industrias por sistema actúan así sabiendo que les sale muy barato arruinar a los productores, repartirse el mercado y pactar el precio que pagan a los ganaderos”. Por eso, reclaman a las autoridades competentes y administraciones que sean “firmes y contundentes” en su determinación de acabar con estas prácticas.