Empresas tan punteras como Pascual, Danone, Nestlé o Lactalis, que ahora tendrán que pagar al Estado una sanción de algo más de 80 millones de euros, han quedado además estigmatizadas por la constatación de que han causado pérdidas a los ganaderos, durante casi dos décadas, equivalentes al diez por ciento de toda su facturación en leche, o lo que es lo mismo, unos tres céntimos por cada litro de leche comercializada.
Creo sinceramente que no se ha dado a esta resolución la importancia debida, ni por parte de las autoridades agrarias de nuestro país, ni quizás tampoco por parte de las organizaciones que representamos al sector. Porque, con esta resolución en la mano, que la dicta un organismo independiente de la estructura del Estado, con respaldo institucional y legal de la propia Unión Europea a la que pertenecemos, podemos decir que ciertas industrias lácteas han delinquido, y siendo así, sus máximos dirigentes son unos delincuentes. Han delinquido y han empobrecido al sector, al menos en la parte ganadera, han usurpado recursos que eran de las familias de ganaderos de nuestro país, han detraído fondos que deberían de haberse empleado para mejorar el sector ganadero, y seguramente que, debido a estas malas prácticas, muchos ganaderos se han arruinado, y otros que podrían haber tenido vocación de continuar con el negocio de sus padres no lo han hecho.
Llegado a este punto, creo que es obligación de las administraciones públicas, las del Estado y las de las comunidades autónomas, y es obligación de las cooperativas y asociaciones del sector, ponerse de forma incondicional de la parte de los ganaderos y ayudarles a reclamar en los juzgados los daños y perjuicios que han ocasionado esas prácticas mafiosas. Cada ganadero, con su facturación en una mano y la resolución de la CNMC en la otra, debe de reclamar en el Juzgado de lo Mercantil que según el caso corresponda. A partir de aquí, esperemos que la justicia actúe con prontitud, dentro de lo largo que será el proceso, y que no permita estrategias dilatorias de unas empresas que dispondrán de los mejores abogados para tratar de salir una vez más indemnes de todo esto. Y esperemos que el Estado, con todos sus resortes de poder, actúe para que la sanción impuesta, lejos de dormirse entre recursos y contenciosos, se ejecute cuanto antes.
Mientras todo esto sucede, espero que a las industrias que han delinquido se las trate como tales, como apestadas, como alguien al que uno no se debe de arrimar para que no te contamine. Los altos cargos del Gobierno y de la Junta deberían de poner un “cordón sanitario” que le separe de unas empresas que han tenido una conducta tan reprochable, y que pongan todos los mecanismos de control para evitar que se siga aplicando un acuerdo de precios. Porque, pagándose la leche en España entre tres y cinco céntimos de euro menos de lo que se paga en los países excedentarios que la exportan hacia nuestro país, es motivo suficiente para pensar que las prácticas anti-competencia siguen funcionando de forma férrea y eficaz para sus intereses.
