La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento contra Nestlé Chile S.A por haber incumplido la sentencia de 2004, en la cual dicho tribunal obligó a procesadoras de leche a mantener pautas de pago para informar a los productores el precio de compra de leche bovina fresca, con el detalle de todos los parámetros que lo componen.
La Fiscalía acusa que, al menos durante los últimos cuatro años, Nestlé no ha detallado en sus pautas todos los parámetros que componen el precio que paga a los productores por la leche fresca, lo que le ha permitido discriminar arbitrariamente entre productores, pagando montos mayores a unos en desmedro de otros.
De este modo, dice el requerimiento, la empresa creó un sistema de determinación de precios paralelo y complementario a sus pautas de precios.
La FNE logró establecer que la compañía no informó a sus productores la posibilidad y las condiciones bajo las cuales podían agruparse para obtener bonos por volumen de leche entregada, ni sobre otras bonificaciones sujetas a factores como la permanencia como proveedor de leche, el aumento en el volumen de entrega y la planificación del abastecimiento de este insumo.
El requerimiento expone que, a través de estas prácticas, se conformaron agrupaciones de productores sin base en criterios definidos, objetivos y transparentes, lo que ha provocado que productores que se encuentran en situaciones similares, reciban un trato disímil.
Debido a esto, la Fiscalía solicitó al Tribunal que aplique a Nestlé una multa de 9.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a cerca de US$ 7 millones.
La FNE explicó que este monto considera la gravedad de los incumplimientos, por tratarse de una contravención directa a un pronunciamiento anterior del TDLC, así como la capacidad económica del infractor. Asimismo, el requerimiento recurda que en la sentencia del tribunal, Nestlé ya fue condenada por discriminación arbitraria de precios.
La investigación
La investigación de la Fiscalía se inició en mayo de 2018, con el objetivo de identificar eventuales incumplimientos de diversas procesadoras de leche, entre ellas Nestlé, a la sentencia del Tribunal.
Un mes más tarde, Watt’s presentó ante el TDLC una consulta solicitando que se pronunciara sobre las condiciones que debían cumplirse en el mercado de recepción y compra de leche fresca y la vigencia de las medidas de publicidad y transparencias establecidas en la sentencia.
En respuesta, el TDLC dictó la resolución N° 57 de 2019, declarando que continuaban vigentes las medidas adoptadas en su sentencia, ratificando que las procesadoras de leche seguían obligadas a publicar pautas de pago de leche para sus productores, así como las demás medidas impuestas en la sentencia.
En su investigación, la Fiscalía estableció que los pagos fuera de pauta no han constituido un hecho aislado para Nestlé, sino que se extendieron a un número importante de productores. De hecho, de la totalidad de productores que entregan leche a Nestlé, alrededor de un 20% integró algún grupo informal y cerca de un 70% no accedió a ningún grupo, lo que conllevó a que esos productores afectados recibieran una bonificación menor a la que hubiesen podido recibir en caso de integrar algún grupo, detalló la FNE.
