Finalmente, este jueves se vieron las caras. En la reunión que mantuvo el ministro de Agricultura, Luis Basterra, con los líderes de la mesa de enlace agropecuaria quedó para el análisis el proyecto del nuevo esquema de derechos de exportación que el Gobierno busca implementar para mejorar los ingresos fiscales en medio de las negociaciones por la deuda con acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Fuentes indicaron que, durante las tres horas en que duró la reunión, tanto el ministro como los dirigentes rurales repasaron producto por producto y sector por sector, las distintas problemáticas tanto desde la perspectiva del gobierno como desde la producción. Lo cierto es que la intención oficial tiene como única alternativa la suba a las retenciones a la soja, de un 30% actual al 33%. Lo cual les reportaría a las arcas gubernamentales al menos unos u$s 380 millones adicionales a los 5500 millones actuales que le aporta el complejo sojero.
Hay que indicar que por el momento, ese incremento autorizado por la ley de Solidaridad Social y reactivación productiva, quedó en stand by a la espera de un nuevo encuentro entre Basterra y la Mesa de Enlace, previsto para el día de mañana o más tardar el martes próximo.
En este marco los ruralistas aguardan que el ministro de Agricultura lleve los fundamentos del rechazo al aumento de retenciones, y pueda convencer, al ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente Alberto Fernández.
Es que los ruralistas plantean que los cálculos de ingresos fiscales extra por la aplicación de la medida son erróneos. Esto es porque la caída de los precios internacionales, la sobreoferta mundial del poroto de soja y la baja demanda china por el efecto coronavirus, entre otros factores.
El nuevo esquema
Fuentes indicaron que el nuevo esquema planteado por el Gobierno, el cual aún está en negociación, contempla los siguientes incrementos y rebajas:
*Soja sin procesar: suba de 3 puntos porcentuales, hasta 33%.
*Subproductos de la soja (harina y aceite): se mantienen en 30%.
*Trigo y maíz: se mantienen en 12%.
*Carne vacuna y aviar, se mantienen en 9%.
*Girasol, cebada y colza: reducción de un 3%, pasaría de 12 al 9%.
*Leche en polvo, maní, arroz, pesca, lana, maíz pisingallo: baja de 4%, pasaría de 9 al 5% como el resto de las economías regionales.
*Se aplicaría un canon de 12% sobre la exportación de carne con hueso.
Enojo local y rentabilidad
Si bien el viernes el Ministerio de Agricultura reabrió de forma parcial el registro de exportaciones agrícolas, el mismo sigue cerrado para la soja y subproductos, el maíz, el trigo y la harina, el girasol y sus derivados y el arroz. Con lo cual está indicando que habrá cambios en el tributo.
En este sentido y por su parte el expresidente de la Sociedad Rural de Junín, Dr. Alejandro Barbieri en su cuenta de twitter @aabarbieri1 expresó: “Si no suben las retenciones al aceite de soja, estamos subsidiando a las aceiteras. El 80% de lo recaudado por el aumento iría a las mismas. Seguimos subsidiando a otros sectores. Gran lobby (de las empresas aceiteras) que a esta altura envidio”.
Cabe destacar que, a modo de explicación, se puede indicar que las mal llamadas “retenciones” (Derechos de Exportación), son un impuesto que el productor no paga de forma directa. Estos derechos se aplican sobre el precio internacional de los granos y son los exportadores quienes depositan esos dólares al gobierno y automáticamente traspasan esa rebaja al productor.
Por ejemplo, el viernes el precio internacional de la soja fue de u$s 324 la tonelada, sobre este valor se le aplicaría el 33% de retenciones, con lo cual al productor se le va a pagar u$s 107 dólares menos. Es decir u$s 217 la tonelada.
Aquí vale una aclaración. Los ruralistas también le explicaron al ministro que el productor cuando compra insumos, repuestos, combustibles, cosecha, trasporte o cualquier otra cosa le cobran con un dólar a $ 82, pero cuando le liquidan su venta de granos lo hacen a un dólar de $ 63. Este desfasaje es lo que la producción denomina una doble imposición, es decir retenciones más desdoblamiento cambiario. Con lo cual es como si les estuviesen aplicando un tributo de casi el 70% del precio internacional.
A esto hay que sumarle los impuestos que el productor paga de forma directa y que son los mismos que paga cualquier empresa: Ingresos Brutos, Ganancias, impuesto al cheque, impuesto inmobiliario provincial y tasas municipales. Un coctel mortal para cualquier actividad productiva y comercial. Tal es así que productores plantean que, más allá de que se aplique o no el 3%, el negocio carece de rentabilidad lógica. Por esto, y en el mientras tanto, en diversos lugares del interior se gestan acciones de protesta.