Los depósitos están vacíos y en medio de la crisis por el coronavirus , las ollas de los comedores también. Mientras, la burocracia estatal no puede resolver algo que parece obvio. El Estado no puede comprar alimentos al mismo precio que lo hace cualquier particular. Increíble, pero le cobran más.
Las torpezas y las sospechas de corrupción en el Ministerio de Desarrollo Social en la compra de alimentos, que denunció LA NACION hace exactamente un mes , empezó a tener consecuencias concretas en el sistema de asistencialismo que desde hace años tiene como vértice a la cartera que maneja Daniel Arroyo .
Los datos son elocuentes. La semana pasada se abrieron las licitaciones de harina, aceite, fideos, arroz, leche en polvo, azúcar y l entejas . Se ofreció comprar 11.900.000 paquetes o botellas de esos productos. Como estableció un decreto presidencial después del escándalo de los sobreprecios, los precios máximos fueron el tope al que se adjudicó. Sin embargo, la falta de credibilidad de que el Estado pagará en un plazo de 15 días impidieron que se cubre la demanda. Apenas lograron hacerse del 34% de los productos que pidieron. Dicho de otra forma, solo compraron uno de cada tres alimentos que necesitaban . Para ser más precisos: el Estado no logró comprar un solo kilo de arroz, lentejas y azúcar.
El Obelisco porteño es, una vez más, la escenografía elegida por gran cantidad de organizaciones sociales para manifestarse. El planteo es la falta de alimentos en los comedores comunitarios que varias de ellas manejan. Ellos conocen las vísceras del poderoso Ministerio: queda alimento para ocho días. “Se quebró el stock. No queda alimento y no pueden comprar”, comentaba un histórico proveedor.
Ayer, en el depósito del Ministerio de Desarrollo Social, en Villa Martelli, solo dos camiones descargaron. Uno de azúcar, el otro de arroz; en épocas normales, el flujo es de entre 35 y 50 diarios.
La semana pasada se conocieron los resultados de las siete licitaciones de los siete productos de la canasta básica. Antes ya se habían topado con un preaviso: la compra de dulce de membrillo había quedado vacante ya que no se presentó nadie. El presidente Alberto Fernández, que pocos días antes se había reunido en Olivos con Luis Pérez Companc, número uno de Molinos, se ilusionaba con que las grandes empresas de alimentos se presenten. En aquella licitación de membrillo, el esperado era Arcor. No fue nadie.
Días después, salieron las otras siete de alimentos de la canasta básica. De cada uno de los productos (harina, aceite, fideos, arroz, leche en polvo, azúcar y lentejas) se licitaron 1.700.000 millones de unidades de paquetes o botellas. Todas tenían como referencia de precio máximo lo establecido por el listado de Precios Máximos menos una categoría: la leche. Todas quedaron con lotes sin adjudicar menos una. ¿Cuál? La leche, que no tiene precio máximo ya que las propiedades que se requieren para este producto especial, con algunas fortificaciones, no tiene su correlato en la lista de precios oficiales.
Harina (Paquetes de 1 kg)
Se licitaron 1.700.000 paquetes y se adjudicaron 510.000 (1.190.000 sin adjudicar). El precio máximo que se licitó fue de $33,99. Las ofertas ganadoras fueron Morixe (340.000 a $31,50) y Clabecq (170.000 a $32,50). No calificaron por precio Complejo Almacenero San Salvador ($35,40) y Supermercado Pueblo ($39).
Aceite (botellas de 900 centímetros cúbicos)
Se licitaron 1.700.000 botellas y se adjudicaron 1.190.000 (510.000 sin adjudicar). El precio máximo que se licitó fue de $68. Las ofertas ganadoras fueron Molinos (340.000 a $52), Distribuidora Alvear (340.000 a $60,54) y Valquirias (510,000 a $68).
Fideos (paquetes de medio kilo)
Se licitaron 1.700.000 paquetes y se adjudicaron 1.530.000 (170.000 sin adjudicar). El precio máximo que se licitó fue de $36,91. Las ofertas ganadoras fueron Complejo Almacenero San Salvador (1.020.000 a $29,91) y Molinos (510.000 a $33). No calificaron por precio Alimentos Fransro ($39,70) y Supermercado Pueblo ($50).
En esta licitación de fideos, en el Gobierno esperaban que otros grandes fabricantes se presenten, especialmente el grupo Maxiconsumo con sus marcas Marolio . Justamente Víctor Fera fue uno de los grandes críticos de la supuesta cartelización en las licitaciones.
Arroz (paquetes de un kilo)
Se licitaron 1.700.000 paquetes y no se adjudicó un solo kilogramo. El precio máximo que se licitó fue de $44,89. Las ofertas que hubo quedaron rechazadas por precio. A Molinos (340.000 a $49), Molinos San Roque (510.000 a $54,50) y Nordeste (170.000 a $53,40) no se les adjudicó nada.
Leche
Sin precios máximos establecidos, fue la única que tuvo sobreoferta. Mastellone, La Sibila, Milkaut y Alimentos Santa Clara se llevaron lotes de 340.000 unidades con precios que van desde los $360 a los $429 por unidad. Además, Menfralac ($468) y Alimentos Vida ($473) vendieron 170.000 unidades cada una. No llegaron a tener adjudicaciones Lácteos La Ramada y MHG .
Azúcar (paquetes de un kilo)
Al igual que el arroz, se licitaron 1.700.000 paquetes y hasta ahora no se adjudicó un solo kilogramo. El precio máximo que se licitó fue de $38,51. Las ofertas que hubo quedaron rechazadas por precio. Cooperativa La Esperanza (170.000 a $42), Distribuidora Alvear (170.000 a $56,34), Grupo Área (170.000 a $6499) y Ledesma (170.000 a $56). Esta noche esta última empresa destacó que aún están negociando el precio para ver si llegan a un acuerdo..
Lentejas (paquetes de 400 gramos)
Fue otro de los fracasos. Al igual que el arroz y la azúcar, se licitaron 1.700.000 paquetes y no se adjudicó ni uno solo . Además hubo un solo oferente, el Grupo Área, que acercó una propuesta de $62,99 el paquete, muy por encima de los $38,64 que se puso como precio máximo.
Los precios, claro está, quedaron lejos de los que se denunciaron y que motivaron la remoción de 15 funcionarios, además de cambios en la regulación de compras. Entonces, el Gobierno había licitado muy por encima de los valores de esta licitación. Claro, a estos precios, nadie vende. El detalle de aquellas licitaciones de principios de marzo es el siguiente:
La historia de los galpones del Ministerio Social vacíos de alimentos empezó el 6 de abril. Ese día, cuando LA NACION publicó la compra de alimentos con sobreprecios de hasta 100%. Al abrigo de la pandemia de, coronavirus, el Gobierno convalidó precios de alimentos de la canasta básica muy por encima de lo que se paga en las góndolas de barrio. Compró 4,76 millones unidades repartidas en paquetes de arroz, lentejas, fideos y azúcar, además de un millón de botellas de aceite. El ticket sumó $543 millones. Si hubiese pagado el precio que cualquier argentino abona en el almacén de la esquina se podría haber ahorrado, al menos, $220 millones.
Inmediatamente, el presidente Alberto Fernández vociferó que, de ahora en más, no se pagaría por los alimentos más que lo que establece su mismo Gobierno como tope para los precios minoristas. Esos días, les entregó a los intendentes y los gobernadores la facultad de controlar precios en los súper , pero ellos mismos superan esos precios en las compras que hacen. El sistema de compras argentino requiere de cambios profundos. Por ahora, nada de eso ha sucedido y de ahí la imposibilidad de comprar alimentos.
Es posible que aquel atisbo de sentido común del Presidente, que pidió que las compras no superen el precio minorista, se torne un abstracto. Al menos, si no se mejoran los procesos.
Además de aquellas normas voluntaristas, es escándalo provocó el derrumbe de varios alfiles de los intendentes bonaerenses, que se habían hecho de un sector clave en el manejo de la política territorial. Fue la salida que entonces encontró a la necesidad de mantener en el cargo al ministro, Daniel Arroyo. La jugada fue simple: entregar algunas piezas para salvar otra más valiosa. Sin embargo, los intendentes -sobre todo Mariano Cascallares, de Almirante Brown, y Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora- quedaron golpeados y sospechados.
Finalmente se produjeron movilizaciones. En el Ministerio de Desarrollo Social son conscientes de la limitación que hay. Los inventarios se achican y lo que está en el medio es el abastecimiento de alimentos. Saben, además, que hubo muchos empresarios que fueron a las licitaciones como un gesto al Gobierno aunque relegaron algo de ganancias. Nadie cree que con los mismos procedimientos de siempre, se pague en tiempo y forma. La provisión de alimentos depende de cambios en la burocracia estatal. Y estas modificaciones, de políticos con poca cintura para la crisis. La amenaza de las ollas vacías está cada vez más cerca.
