El presidente del Banco de la Nación Argentina (BNA), Eduardo Hecker reclamó a la Justicia federal que investigue la venta del frigorífico Friar por parte del grupo Vicentin, para determinar si forma parte de un vaciamiento. La solicitud fue realizada al juez Julián Ercolini y al fiscal Gerardo Pollicita, que investigan los créditos que la anterior conducción de la entidad entregó a la agroexportadora que defaulteó por u$s 1.400 millones.
El Banco Nación es el principal perjudicado por el “estrés financiero” de Vicentin ya que quedó con una cuenta por cobrar de u$s 300 millones. Como mayor acreedor del concurso, el banco oficial busca evitar un proceso de insolvencia fraudulenta. En ese sentido, la venta de Friar disparó la alarma. El grueso del paquete accionario del frigorífico había sido transferido hace años de la empresa concursada a Vicentin Family Group y Nacadie, dos firmas con sede en Uruguay que manejan los activos más rentables de la familia.
Esas dos sociedades, que forman parte del complejo entramado societario familiar, vendieron Friar al fondo de inversión BAF, con el que fueron socios hace cuatro años en la compra de activos de Sancor.
Para el presidente del Nación, Eduardo Hecker, la cerealera concursada “continúa con el desprendimiento de sus activos, en una clara maniobra para evitar la cancelación de los créditos, lo que constituye un perjuicio para el patrimonio del banco”. Y adelantó que se presentará como querellante ante la Justicia de Rosario para que evalúe el accionar de la cerealera. En los tribunales locales se investiga una denuncia presentada por el abogado Gustavo Feldman por el delito de estafa contra los directivos de Vicentin.
El titular del Nación volvió a exigir ayer que la cerealera presente el balance de 2019. Y recordó que la consultora internacional KPMG se negó a continuar como auditora externa de Vicentin porque “la cesación de pagos” que declaró impactó dramáticamente “en la capacidad de la organización para continuar como empresa en marcha”.
El Banco Nación también denunciará la venta de activos del grupo Vicentin ante el juez Fabián Lorenzini, titular del Juzgado que tramita el concurso en la ciudad de Reconquista. El magistrado debe resolver el incidente iniciado por la Inspección General de Justicia (IGPJ) de Santa Fe, que en su momento solicitó la intervención del grupo. El lunes próximo para analizar ese pedido.
Lorenzini designó formalmente en la semana a dos veedores para controlar la situación de la empresa concursada y proponer medidas para asegurar el cobro de las acreencias por parte de los damnificados por el default. El nombramiento recayó en Andrés Shocron y José Luis Lopez Forastie, profesionales que fueron propuestos por el grupo de acreedores que reúne a los bancos extranjeros y la cooperativa ACA. El juez validó también la postulación de Sergio Arelovich, que tal como lo había informado oportunamente por este diario, fue propuesto por el BNA y el gremio aceitero.
Pero Arelovich, uno de los investigadores más agudos del caso Vicentin, fue objetado por los directivos de la firma, por lo cual Lorenzini decidió postergar su designación formal, hasta que “avancen las tareas de la veeduría”.
Mientras tanto, los diputados provinciales que integran la comisión de seguimiento del caso Vicentin se reunieron ayer con el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde. El magistrado trabaja en una denuncia presentada por el estudio Moyano y Asociados, de Paraguay, y en un pagaré a favor del Banco Nación por u$s 5 millones avalado por 22 directores de la empresa. El diputado provincial Carlos Del Frade (FSP) recordó que a partir del 2014, Vicentin Saic comenzó a trasladar acciones y empresas al Uruguay a través de Vicentin Family Group. Y sólo retuvo participaciones mínimas en empresas como Friar.
Como lo señaló en el Parlamento la senadora nacional por Santa Fe, María de los Angeles Sacnun, “hoy han convertido a Vicentin en una cáscara vacía”.
