Conforme a la OIT, “no existe una definición única de economía verde”; empero la principal característica de ese concepto “es el reconocimiento del valor económico del capital natural y de los servicios ecológicos, y la necesidad de proteger esos recursos”; el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) la define en su forma más elemental, como “aquella que genera bajas emisiones de carbono, utiliza los recursos de forma eficiente y es socialmente inclusiva.” El documento final de Río +20, “El futuro que queremos”, afirma que la economía verde “no debería consistir en un conjunto de normas rígidas”.
¿Cómo podrían América Latina y el Caribe (ALC), como región y a nivel de cada país, cada uno con cuantiosos recursos naturales, áreas costeras y gran diversidad de ecosistemas, transitar hacia una economía verde a partir del análisis de su matriz energética? Para el Banco Mundial, la ganadería sostenible, la lechería orgánica y el turismo de aventura, tienen algo en común: son solo un ejemplo de las potencialidades “verdes” de América Latina y el Caribe. Su bono verde cumplió 12 años, y ha permitido crear conciencia sobre los desafíos del cambio climático. Algunos académicos afirman que ya estamos en la economía verde, otros que, aun así, se requiere una economía (más) verde. La OIT no va hasta allá, la economía verde aún es embrionaria; por tanto, ese organismo ha colocado sobre la mesa la hoja de ruta de ese tipo de economía, que como punto número uno corresponde a la disponibilidad del recurso humano “con capacidades adecuadas para empleos verdes”; es decir “puestos de trabajo que contribuyen a la conservación, restauración y mejora de la calidad del medioambiente en cualquier sector económico”. Los sectores de administración, agricultura, construcción, energía, industria, minería, pesca, servicios y transporte; mejor dicho, casi todos se preparan para la llegada de la economía verde a sus entornos laborales.
Particularmente està establecido que los sectores de construcción, eficiencia energética y de recursos, energía renovable, fabricación, renovación de edificios y servicios ambientales registran falta de trabajadores calificados, constituyéndose en un cuello de botella. De otro lado se ganarán y perderán empleos con la economía verde; un informe de 2018 de la OIT destaca que los esfuerzos por combatir el cambio climático de aquí al 2030 generarán a nivel mundial 18 millones de empleos, que se ocuparán especialmente por los jóvenes, las mujeres y otros grupos desfavorecidos. En ALC los cálculos preliminares indican que al menos 1 millón de empleos podrían crearse como resultado de los esfuerzos para limitar/reducir el cambio climático. También se contempla la posibilidad que moviéndose esta parte del orbe hacia la economía verde se pierdan empleos como en el sector de hidrocarburos; evento que la OIT recomienda encarar “mediante prestaciones salariales, oportunidades de reconversión, ayudas para la reubicación y similares”, para que se opere una Transición Justa. En la mencionada transición, en muchas partes del mundo el binomio empleadores – sindicatos empiezan a mostrar más verde sus ambientes de trabajo y modificando a la vez los patrones de consumo y de producción. Oficialmente se sabe que en este momento no hay un consenso claro en la Organización sobre la conveniencia de adoptar normas relativas a la transición justa. Es un tema de discusión que se puede tratar en otro momento. (“Trabajo y cambio climático: La iniciativa verde ”).
El ultimo cuestionamiento es cómo podría el paso hacia la economía verde contribuir a una mejor calidad del crecimiento que permitiera una reducción de las desigualdades de ingresos, así como apuntalar el combate a la pobreza. El año pasado en la región habitaban 185 millones de personas en estado de pobreza; este año el número aumentó considerablemente. ALC es la región más desigual del mundo, predicándose vanamente cambios para mejorar ese ranking que ha impedido pasar de una cultura del privilegio para unos pocos, a una cultura de la igualdad general que se intenta con los empleos verdes. Según la CEPAL, Bolivia y Colombia son los países latinos con la mayor tasa de pobreza. La OIT pone de relieve que la economía verde debería contribuir a la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico sostenible de cuatro maneras: aumentando la inclusión social, mejorando el bienestar humano y creando oportunidades de empleo y trabajo decente para todos, manteniendo al mismo tiempo el funcionamiento saludable de los ecosistemas de la Tierra.
Chile, Colombia, Costa Rica, Guyana, y Uruguay son los primeros países en ALC en adoptar el crecimiento verde. Siguiendo el ejemplo de Costa Rica, a partir del establecimiento de políticas amigables con el medio ambiente, la cantidad de turistas ha aumentado un 4300% y la industria turística equivale al 13% del PIB del país, señaló Marianne Fay, economista jefe del área de desarrollo sostenible del Banco Mundial.
@luforero4