Unos 7.000 ganaderos de de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Zaragoza y Extremadura van a emprender, juntos, acciones legales contra el conocido como cartel de la leche para reclamar el dinero que dejaron de cobrar por su leche entre el 2000 y el 2013 por el supuesto acuerdo para fijar precios suscrito entre un grupo de industrias lácteas que en su día fueron sancionadas por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. La cifra es el resultado de la suma de los 5.000 que representará Unións Agrarias, asumiendo la organización el coste del proceso, más otros 2.000 del bufete de abogados Eskariam, especializado en demandas colectivas. La razón es que este viernes la organización agraria y la compañía de abogados llegaron a un acuerdo para ir de la mano en la reclamación civil. Cómo será el proceso y las líneas de trabajo las dieron a conocer durante una rueda de prensa en la que el CEO de Eskariam, David Fernández, alertó de que el proceso será largo, «de seis a ocho años», aunque el secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, quiso ser optimista animando a tirar hacia adelante.
Aunque el dinero que puede reclamar cada ganadero es muy variable, en función de los kilos de leche que comercializó durante los años en los que se produjo el presunto acuerdo de tarifas, desde Unións Agrarias hacen un cálculo. Estiman que el precio que deberían de haber cobrado los ganaderos es entre un 10 y un 15 % superior al montante que realmente obtuvieron en su día. Teniendo en cuenta que las entregas de leche realizadas a las industrias que en su día fueron multadas ascendieron a 82.404,5 miles de toneladas en todo el territorio español, lo que dejaron de cobrar asciende a unos 2.427.135.000 euros en el caso de que la merma fuera de un 10 % o a 3.708.202.500, en caso de que fuera de un 15 %.
Aunque tanto Unións Agrarias como Eskariam están dispuestos a llegar hasta el final tras realizar todos los cruces de datos necesarios para que el peritaje del perjuicio provocado resulte lo más acertado, Roberto García también tendió la mano a la industria para llegar a un «acuerdo extrajudicial» para lograr una indeminización para los ganaderos perjudicados.
