La mesa de negociación por precios y salarios en el sector de los alimentos comenzará este jueves por la tarde en el ministerio de Desarrollo Productivo, con la participación de productores, supermercados, gremios y funcionarios del Gabinete económico para revisar los costos de cada eslabón de la cadena y frenar la inflación.
En la convocatoria están incluidas las empresas alimenticias, los representantes de la mesa del trigo y del maíz, supermercadistas y gremios, en un encuentro previsto para las 16.30 en el edificio de Diagonal Sur. Además de analizar la formación de precios, la mesa busca garantizar que las subas salariales le ganen a la inflación, para lo que también convocaron a los representantes de los gremios de sectores como Alimentación y Comercio, entre otros.
Por el Gobierno, además de los locales Kulfas y la secretaria de Comercio, Paula Español, participarán la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, el ministro de Agricultura, Luis Basterra; el de Trabajo, Claudio Moroni; el viceministro de Economía, Fernando Morra; la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.
El Gobierno busca que los precios no aumenten e incluso vayan a la baja, según detalló en los últimos días Kulfas. Sin embargo, en las últimas horas decidió eliminar subsidios energéticos a grandes industrias y comercio, lo que representará una suba más de un 50% en la tarifa, según anticipó El Cronista, y agregará más presión para la inflación según los economistas. La suba de precios marcaría 3,5% en el IPC de febrero pero el Ejecutivo quiere alinear expectativas en 29%, mientras sobre el frente fiscal se ajusta para llegar al objetivo de 4,2% del PBI de déficit primario incluido en el Presupuesto.
En ese marco, las alimenticias también llevarán el reclamo para eliminar los topes a los aumentos que estableció Precios Máximos y bajar la presión impositiva, que representa el 40% del costo de algunos alimentos y el 50% en bebidas, según señalan en el sector privado. Según el ministro de Economía, Martín Guzmán, “no hay margen para resignar ingresos fiscales”.
FALTANTES
El Gobierno imputó la semana pasada a 11 empresas por faltantes y bajas de stock, que en estas horas se abocaron a presentar los descargos en la secretaría de Comercio. El plazo para responder vence a la medianoche. Hubo pedidos de prórrogas para entregar los datos pero no habrá extensión de plazos.
El escenario de menos oferta en las góndolas en algunos productos se mantiene, pese a la presión oficial. “Continúa igual a pesar de que disminuyo el consumo por las vacaciones. Los productos faltantes en general son los que fabrican las grandes empresas: aceites de girasol, yerbas, aderezos”, aseguró Héctor Polino, de Consumidores Libres. “Sin duda hay una fuerte presión de las grandes empresas para terminar con el programa de Precios Máximos”, agregó. Polino indicó además que las empresas cambian la presentación y marca de los productos para ajustar precios, que llegan a mostrar subas del 20%.
Con las imputaciones, el objetivo oficial es que restablezcan la producción a los niveles de noviembre de 2020. Si los datos presentados no conforman, las empresas se exponen a sanciones que van de los $ 500 a $ 10 millones. La denuncia abarca a Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Rio de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian y se enmarcan en la “presunta infracción a la resolución 100/2020 (Precios Máximos)”.
Con la imputación Comercio abrió un expediente administrativo. Si las empresas presentan la información y se comprometen a retomar el abastecimiento normal, la investigación se cierra. Si no cumplen, se avanza en el proceso de multa. Las empresas también pueden apelar a la Justicia, bajo los tiempos de ese sector.
