La Comisión Nacional de Mercados de la Competencia (CNMC) sancionó en 2019 a diez de las mayores empresas lácteas de España por presuntos intercambios de información en los precios de la leche pagada a los ganaderos entre 2000 y 2013. La decisión del organismo público permitiría a los ganaderos afectados reclamar hasta un 10% de los facturado a estas compañías del sector en ese periodo, siempre que la Audiencia Nacional confirma esa resolución.
Calidad Pascual, Central Lechera de Galicia, Corporación Alimentaria Peñasanta, Danone España, Grupo Lactalis Iberia, Nestlé España, Industrias Lácteas de Granada, Schreiber Food España, Asociación de Empresas Lácteas de Galicia y el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña han sido las empresas sancionadas con una multa de 80,6 millones. Ante estos hechos, una veintena de bufetes de abogados han propuesto a los ganaderos hacerse cargo de la demanda sin coste para ellos y pactando unos honorarios en caso de éxito en torno al 30%. Lo que ha abierto la pelea entre los bufetes y los fondos de inversión.
Resolución de la Audiencia Nacional
El caso se encuentra pendiente de resolución por parte de la Audiencia Nacional, que podría alargarse hasta 2022, por el recurso interpuesto por las empresas lácteas afectadas. Los despachos que acumularían un mayor número de demandas de los ganaderos serían Eskariam, Redi, Gómez Acebo& Pombo, Balms Galicia, Surco Consulting, Álvarez & Álvarez y Caruncho Tomé & Judel.
Según avanza Servimedia, fuentes jurídicas señalan que esos despachos de abogados han difundido la idea entre el sector ganadero de que al unirse a la demanda recibirán una indemnización automática. Así, no se les ha proveído a los ganaderos demandantes de la información sobre la complejidad del proceso y que toda demanda debe estar respaldada por un peritaje completo que la justifique.
