El viernes último los directivos de Lácteos Mayol, la pyme de la localidad bonaerense de Gobernador Udaondo que había sido tomada por los empleados en medio de un conflicto gremial con la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), fueron notificados por el Ministerio de Trabajo respecto a que deberían reincorporar a los cuatro trabajadores que habían sido suspendidos un par de días atrás. La empresa había interpuesto una denuncia penal que fue calificada por la Justicia como “robo agravado, daño, amenazas coactivas, resistencia a la autoridad y desobediencia en concurso real”, la cual habría sido estimada y se encuentra en medio de un procedimiento judicial.

En marzo pasado, el gremio bloqueó los ingresos a la planta para exigir que 14 trabajadores pasen a Atilra, ya que los empleados de la pyme estaban en el gremio de alimentación. Tras la medida de fuerza, los directivos decidieron interponer una denuncia contra los cuatro trabajadores y el resto de las personas del gremio por los hechos acontecidos en medio del conflicto. Luego de que la Justicia tomara conocimiento y avanzara con la investigación fueron imputados en estos delitos los empleados de la empresa, la cual procedió, en esta semana, a realizar una suspensión hasta que los hechos quedaran completamente esclarecidos.

“Como no nos es indistinto la buena o mala conducta, y por respeto y valoración del resto de nuestros empleados, decidimos hacer uso de las facultades que nos da la Ley de Contrato de Trabajo y suspendimos preventivamente a los mismos hasta tanto la situación penal quedara resuelta”, dijo Paulina Mayol, Gerenta general de la empresa. Así, el conflicto que movilizó a todo el país por la viralización del video de Hugo Mayol, uno de los socios de la compañía estaría lejos de llegar a una solución definitiva.

“Fuimos objeto de robos, amenazas y vandalismo. A mi tío le sacaron la leche que llevaba a otra planta, lo pararon 15 o 20 personas y a él con 73 años lo empezaron a maltratar, a decirle que le iban a quemar la casa; en ese ínterin le robaron la llave del tractor y vaciaron. Como no podíamos procesar la leche la pasamos a las lácteas vecinas para que no se pudra, pero esta gente no nos dejó”, explicó la Gerenta de la empresa.

En marzo, la pyme y el gremio de la industria lechera llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo para continuar con las tareas y cumplir con determinados plazos, sin embargo, tras la denuncia efectuada por la compañía ante el faltante de mercadería, la fiscalía procedió a una investigación.

“Fuimos denunciando todo. Un fiscal se hizo presente en nuestra fábrica y avanzó la causa penal, en la que cuatro empleados y varias personas del gremio están involucrados, por lo que fueron suspendidos preventivamente el miércoles pasado. Al tomar conocimiento de esto, el gremio hizo un pedido de audiencia y el viernes 23, el mismo día, nos llegó la resolución del Ministerio de Trabajo sobre la conciliación obligatoria”, precisó Paulina Mayol.

A todo esto, para los empresarios lo llamativo es que la resolución haya salido en “tiempo récord”, exactamente en 24 horas, y con una sola audiencia se haya dictado una conciliación obligatoria para la reincorporación de los empleados suspendidos. “Nos consideramos totalmente desprotegidos como empresa”, agregó la representante de la Pyme láctea.

Reclamo

La Gerenta de la empresa familiar, con 86 años de historia en esa región, aseguró que dadas las circunstancias en la que se dieron los hechos y por la investigación realizada por la Justicia, les “da miedo” acceder a la medida que dispuso el Ministerio de Trabajo en estos términos.

“El Ministerio nos está desoyendo porque hay una causa en el fuero penal; actuó demasiado unilateralmente. La suspensión de los empleados fue comunicada mediante una escribana recién el miércoles 21 de abril, los trabajadores habían seguido trabajando después del bloqueo, se reincorporaron todos y no tomamos una medida arbitraria”, aclaró y se quejó porque en el momento del bloqueo, la Justicia se demoró cinco días para efectuar una mediación.

“Están minimizando todo lo que transcurrió. Yo sufrí amenazas y que me apedrearan al frente de la oficina. Nos sentimos totalmente desprotegidos ante la decisión del Ministerio de Trabajo, entiendo que debe velar por los trabajadores, pero también lo tiene que hacer por los empleadores y el resto de la gente que trabaja en la planta”, extendió.

Luego del conflicto, Atilra habría hecho un pedido a los directivos para que no se impulsaran las denuncias penales contra los trabajadores ni los gremialistas que estuvieron apostados en la planta durante los seis días que duró el bloqueo. Pero desde la fábrica sostuvieron que ya pendían acciones y consecuencias sobre la medida de fuerza: “No podíamos anunciarles a Atilra que avanzaba la denuncia”, argumentó.

En aquella oportunidad, luego de que las autoridades dictaminaron la conciliación obligatoria, el sindicato, dicen, “no la acató”, por lo que terminaron siendo desalojados por la policía y el grupo GAD en la madrugada del 6 de marzo. “No podemos dejar que sigan reclamando las cosas de esta forma porque no es un reclamo genuino. Repudiamos siempre la forma vandálica en que la llevaron a cabo, ocasionando un sinnúmero de pérdidas económicas y las que más nos pesan son los daños psicológicos, porque fuimos gobernados por el miedo durante seis días”, sintetizó Mayol.