Su relato refleja una realidad que comenzó a extenderse durante los últimos años en las zonas rurales de este país sudamericano, tradicional potencia en la producción de alimentos. Hoy existen tanto pequeños productores como grandes empresas agrícolas que generan energía y otros productos con lo que antes era considerado basura y constituía un problema ambiental.

La Cooperativa Agrícola y Ganadera de Monje está ubicada a 370 kilómetros al norte de Buenos Aires, en la provincia nororiental de Santa Fe, y tiene un criadero de cerdos de unas 200 madres y cada semana vende unos 90 animales, cuenta Barrinat a IPS por teléfono desde su localidad.

Hasta hace poco, los excrementos se juntaban en grandes lagunas a cielo abierto, que eran un gran emisor a la atmósfera de metano, uno de los principales gases de efecto invernadero (GEI) que contribuyen al calentamiento global.

“Los productores empiezan a tomar conciencia de que los efluentes de la producción pecuaria no son un residuo sino una materia prima para generar valor y que una problemática ambiental puede pasar a ser una solución rentable”: Diego Barreiro.

Todo cambió, sin embargo, con la inauguración en 2018 de un biodigestor, en el que hoy se tratan los efluentes de la planta de cerdos junto otros residuos orgánicos, como cereales en descomposición.

El digestor biológico replica a la naturaleza, ya que convierte a la materia orgánica en energía, a través de un conglomerado de bacterias que realizan un proceso de degradación anaeróbica.

El de Monje se compone de una gran pileta con sus paredes impermeabilizadas y cubierto por una lona reforzada con caucho que lo cierra herméticamente, al que llegan los efluentes de la actividad agropecuaria a través de canales.

Barrinat explica que el biogás obtenido tiene dos destinos: “Lo usamos como combustible de un motor generador de electricidad, que cubre parte del consumo de nuestra planta aceitera, y también de una secadora de granos que usamos cuando la cosecha está húmeda. Además extraemos biofertilizantes, que usamos en nuestro campo de 35 hectáreas”.

El biodigestor requirió una inversión cercana a los 100 000 dólares y fue posible gracias a un subsidio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el asesoramiento del gubernamental Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina.

“Hubo un crecimiento muy importante del biogás desde 2015 en el país, donde ha existido investigación y creación de conocimiento”, dice Jorge Hilbert, asesor internacional del INTA. “Lamentablemente, esto se paró en los últimos dos años, por las dificultades de financiamiento que atraviesa la Argentina”, agrega a IPS en un diálogo en la capital.

Hilbert coordina en el país el proyecto de Cooperación Digital Global en Biogás, que el año pasado investigó las condiciones de los mercados en Argentina, Etiopía, Ghana, Indonesia y Sudáfrica. La iniciativa tuvo financiamiento de la Unión Europea, que está interesada en exportar su tecnología en el rubro a países emergentes.

En el caso de Argentina, el estudio señaló que hay en funcionamiento 100 plantas de biogás y que el principal potencial para esta energía renovable está en los efluentes de la producción de carne porcina y vacuna y de la industria láctea.

La generación de biogás se potenció a partir de 2015, cuando se aprobó una Ley de Fomento a las Energías Renovables. Al año siguiente el gobierno lanzó el Programa RenovAr, por el cual el Estado garantiza la compra de la electricidad generada con fuentes no fósiles.

El ingeniero ambiental Mariano Butti, investigador del INTA en la ciudad de Pergamino, señala a IPS que gracias al RenovAr se construyeron o todavía están en construcción 36 plantas de biogás de gran escala, que inyectan energía al sistema eléctrico nacional.

Sin embargo Butti indica por teléfono desde esa ciudad, situada a unos 220 kilómetros de la capital, que todavía es mucho el camino a recorrer, especialmente para medianos y pequeños productores agropecuarios.

“El beneficio de los biodigestores es doble, porque generan biofertilizantes que reemplazan a los químicos, de origen fósil, y porque se ahorran las emisiones de GEI de los efluentes sin tratamiento”, dice.

“Hoy en Argentina estamos desperdiciando un recurso”, sostiene Butti, quien da ejemplos concretos, como el de Navarro, un municipio ubicado a 120 kilómetros de Buenos Aires, de fuerte perfil agropecuario.

El especialista detalla que “Navarro tiene 20 000 habitantes y 180 establecimientos ganaderos, que suman 38 000 vacas. Hoy generan la electricidad local con dos motores a combustible diesel y tiran los efluentes de la actividad ganadera a un río, en lugar de aprovecharlos”.

Sin embargo, desarrollar el potencial de los residuos agropecuarios en Argentina no es fácil.

En 2018 el INTA elaboró un promocionado proyecto para Chañar Ladeado, un pueblo de 6000 habitantes, también en la nororiental provincia de Santa Fe, donde la principal actividad es la cría de cerdos. Gracias a los efluentes se abastecería de biogás a toda la comunidad, que hoy usa gas envasado, pero todo naufragó porque no se consiguió la financiación.

Ante el fracaso de la iniciativa, un productor porcino de esa localidad, Gabriel Nicolino, instaló un biodigestor en su propio establecimiento, que tiene 200 madres. “Lo hice con ayuda del INTA, un poco por el método de prueba y error, porque en este país es muy difícil conseguir crédito”, dice Nicolino a IPS por teléfono desde esa localidad.

“Estoy empezando a utilizar el biogás como combustible para generar electricidad para el criadero, lo que incluye la calefacción que necesitan los cerdos en sus primeras semanas de vida. La inversión espero recuperarla en el largo plazo”, agrega.

¿Quién paga los costos ambientales?

Ignacio Huerga, especialista del INTA de la ciudad de Venado Tuerto, señala que el escenario para la generación de biogás a partir de los residuos de la actividad agropecuaria es muy diferente según la escala de los establecimientos.

“Los productores grandes tienen que pensar en inversiones de millones de dólares con tecnología importada de países como Alemania e Italia. A los productores chicos les quedan desarrollos de universidades o empresas nacionales que brindan tecnología”, explica a IPS desde esa ciudad.

El especialista razona que “el problema de la viabilidad económica tiene que ver con que en Argentina nadie paga el costo del impacto ambiental de su actividad. Si hubiera que pagarlo sería distinto. De todas maneras, el biogás está destinado a crecer en los próximos años en el país”,

Una de las grandes empresas agropecuarias argentinas que eligió el biogás es Adecoagro, productora de leche, granos, arroz, azúcar y etanol en el país y con negocios también en Brasil y Uruguay. Adecoagro se define como “productora de alimentos y energías renovables bajo un modelo sustentable”.

La compañía tiene cuatro tambos (establecimiento dedicado al ordeño) en la localidad de Cristophersen, en Santa Fe, con 12 000 vacas lecheras.

“En 2004 empezamos a investigar cómo podíamos aprovechar el estiércol de las vacas. En esa época lo aplicábamos en nuestros campos como fertilizantes, porque nuestro primer biodigestor natural es el estómago de las vacas, pero veíamos que había más potencial”, cuenta a IPS Lisandro Ferrer, responsable de Proyectos Industriales de Adecoagro.

Gracias al plan RenovAr, y con tecnología italiana, Adecoagro invirtió seis millones de dólares en un biodigestor y desde noviembre de 2017 inyecta electricidad al sistema nacional. “Tenemos una potencia instalada de 1,4 MW. Podríamos cubrir las necesidades energéticas de un pueblo de entre 500 y 1000 habitantes”, dice Ferrer por teléfono desde Cristophersen.

“Al biodigestor lo alimentamos con 200 toneladas diarias de estiércol de vaca, que son enviadas a tres tanques de hormigón de 5000 metros cúbicos. Entendemos que las vacas transforman en leche el maíz con el que se alimentan y lo que sobra nosotros lo transformamos en biogás para generar electricidad”, detalla.

De todas maneras, quienes promueven el biogás todavía tienen que trabajar para despertar el interés de los productores agropecuarios. Diego Barreiro creó hace 14 años la empresa argentina Biomax, dedicada a la fabricación y comercialización de biodigestores, y desde entonces recorre el país explicando las bondades del sistema.

“Trabajamos mucho para bajar los costos. Hoy ya instalamos 54 equipos y el interés crece. Tenemos un productor que, gracias al biofertilizante hecho con los efluentes de la producción de cerdo, consiguió aumentar tanto el rendimiento de su campo de soja que en un año recuperó la inversión”, explica Barreiro a IPS en Buenos Aires.

Los productores, asegura, “empiezan a tomar conciencia de que los efluentes de la producción pecuaria no son un residuo sino una materia prima para generar valor y que una problemática ambiental puede pasar a ser una solución rentable”.