Unos sesenta ganaderos, convocados por la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), se concentraron ayer en Valladolid contra los precios que pagan las grandes distribuidoras por la leche de vaca y reclamaron la intervención de las administraciones mediante la regulación de la cadena alimentaria.
El grupo de ganaderos se ha concentrado ante un establecimiento de alimentación con una pancarta en la que denunciaba: «la distribución arruina a los ganaderos del sector lácteo» y han protagonizado un incidente al lanzar leche contra la puerta del establecimiento que se zanjó con la recriminación por parte de los agentes de la Policía Nacionala.
La responsable de ganadería de la UCCL, Adoración Martín, ha denunciado que los ganaderos de vacuno de leche están sometidos a «una asfixia» por parte de la distribución, a la que ha acusado de abonar unos precios que en muchos casos no cubren los costes.
Ha advertido de que las grandes cadenas tienen una guerra comercial entre ellas y utilizan la leche como reclamo con precios bajos, lo que presiona a la industria transformadora que, a su vez, lo repercute en el productor para no perder su beneficio.
El precio del lácteo supone el 90% de los ingresos de una explotación de vacuno de leche, por lo que si no se sube el precio que se abona al productor desaparecerán muchas granjas, cuando en el último año han desaparecido ya 74 en Castilla y León.
Según el Observatorio de Precios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el precio medio que se abona al productor es de 0,35 euros por litro y la viabilidad de una explotación la ha situado Adoración Martín en una horquilla que oscila entre lo 0,37 y los 0,40 euros para «al menos poder trabajar».
Ha lamentado que los acuerdos sobre precios que se hayan podido adoptar en la Mesa de la Leche, en la que están representados ganaderos, industria transformadora y la distribución, «no son vinculantes» debido a que la normativa sobre la competencia «no lo permite».
Sin embargo, el coordinador de la UCCL, Jesús Manuel González Palacín, ha pedido que se fije un «precio oficial» por debajo del cual no se pueda pagar al ganadero y ha reclamado una Ley de Cadena Alimentaria «justa» que conceda «capacidad de negociación a los productores».