La protesta es la cuarta acción convocada por las organizaciones agrarias andaluzas ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias y la Organización de Productores del Sur (OPL) con motivo de la crisis estructural del sector del vacuno de leche.
Al igual que hicieran en las concentraciones de Málaga y Sevilla, ganaderos y organizaciones han denunciado la grave crisis que sufre el vacuno de leche, principalmente por la presión de los precios por litro de leche en origen que ni siquiera cubren los costes de producción, y han reclamado el cumplimiento de las normas que velan por la rentabilidad y por la estabilidad de los productores.
UN ATAÚD ENTERRADO EN ESTIÉRCOL COMO MUESTRA DEL FUTURO QUE LE ESPERA AL SECTOR SI NO REACCIONA LA INDUSTRIA
Como muestra de su hartazgo, los ganaderos han simulado la celebración del funeral del sector del vacuno de leche a las puertas de la industria. Tras realizar un recorrido por las inmediaciones de Lactalis, el ataúd portado por ganaderos ha sido enterrado bajo 3.000 kilos de estiércol.
Esta representación se ha hecho como advertencia de lo que puede ocurrir con el sector del vacuno de leche andaluz si no se aborda con determinación su crisis, que en la última década se ha traducido en el cierre del 30% de las vaquerías ante el desajuste de números, a pesar de ser uno de los sectores más dimensionado, competitivo y productivo de España.
A día de hoy, en Andalucía sobreviven 475 explotaciones de vacuno de leche, con algo más de 60.000 cabezas de ganado y con una producción de 600.000 toneladas de leche. Cifras con las que Andalucía, a pesar de la asfixia que sufren los productores, representa el 8% del sector lechero nacional.
El principal problema de los ganaderos es el precio que perciben por su producción. El coste medio de producir un litro de leche, según el Ministerio de Agricultura, es de 0,35 euros, pero en algunas explotaciones andaluzas asciende hasta 0,40 euros. Sin embargo, en el último año la industria ha pagado al ganadero en torno a 0,31 y 0,33 euros por litro. Es decir, como mínimo, han perdido alrededor de dos céntimos por litro, mientras que los costes de producción han llegado a repuntar hasta un 35% por la subida de las materias primas para la alimentación y por el incremento de los costes energéticos, entre otros factores, que han llevado al productor de leche de vaca a sufrir una crisis estructural.
El vacuno de leche es un sector deficitario porque no se cumplen las normas, a pesar de que está vigente una Ley de la Cadena Alimentaria que prohíbe la venta por debajo de costes, así como una regulación específica por su carácter estratégico, establecida en el Real Decreto 1363/2013, por el que se introduce la obligación de suscribir contractos lácteos que garanticen la rentabilidad de los productores, y pese a haber sido objeto de diferentes acuerdos con la distribución promovidos por la Administración (Productos Lácteos Sostenibles 2013 y Acuerdo por la estabilidad y sostenibilidad de la cadena de valor del sector vacuno de leche 2015).
Agrava la situación, además, que la gran distribución utilice la leche como producto reclamo, como han trasladado a la sociedad en las anteriores concentraciones. Los ganaderos están cansados de sufrir estas prácticas comerciales abusivas, por lo que organizaciones agrarias, cooperativas y ganaderos advierten a la distribución de que quieren un compromiso férreo con el sector y no medidas coyunturales para enfriar las protestas.
Asimismo, reclaman a corto plazo una subida de precios mantenida en el tiempo que repercuta en el ganadero y que sirva como primer paso para desbloquear esta situación de descontento entre el sector productor. En este sentido, los convocantes advierten de que las movilizaciones se mantendrán de forma indefinida hasta que la Administración, la industria, la distribución y, por supuesto, los productores se sienten de nuevo a la mesa para establecer una estrategia a largo plazo con medidas efectistas que den estabilidad real al ganadero de cara al futuro.
En último lugar, los ganaderos de vacuno de leche llaman también la atención de las Administraciones, especialmente del Gobierno central, y solicita mayores controles sobre los contratos firmados a través de la Agencia de Información y Control Alimentarios, y exigen que se investiguen los incumplimientos de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y se inicie, en su caso, el procedimiento sancionador que proceda.
