Según la empresa, los consumidores preferirán las compañías social y ambientalmente certificadas.

Alquería ya no solo medirá el éxito de sus acciones en términos financieros sino que también tendrá que rendir cuentas a sus accionistas por su impacto social y ambiental. Este es el compromiso que adquirió por haber sido certificada como la primera Empresa B de lácteos en el país.

Con esto se suma al movimiento mundial para ser parte de las firmas las que el éxito se mide por el bienestar de las personas, la sociedad y la naturaleza y que no creen compatible que una economía crezca y que al mismo tiempo genere inequidad.

“Ser una Empresa B significa ser parte de una comunidad que busca redefinir el éxito en los negocios, incorporando métricas sociales y ambientales al mismo nivel de las económicas”, explicó Camilo Ramírez, director ejecutivo de Sistema B en Colombia.

Durante tres años, Alquería trabajó para obtener esta certificación y, entre otros, generó un cambio de estatutos para que la gestión de resultados sea ahora económica, ambiental y social.

“Hemos apoyado a campesinos hace mucho tiempo. Tenemos una pequeña cooperativa donde los productores han aumentado hasta 10 veces sus ingresos brutos. También hemos trabajado en La Macarena para salvar a familias de tener que salirse a ser desplazadas en Bogotá, o también el apoyo en la educación pública en diferentes municipios de Cundinamarca”, explicó Carlos Enrique Cavelier, coordinador de sueños de la compañía.

También afirmó que todas las empresas se deberían sumar a este movimiento pues llegará un momento en el que “los consumidores no van a comprar productos de compañías que no sean social y ambientalmente certificadas en reducción de carbono y aumento de capacidad de aporte a las comunidades. al igual que los bancos tampoco estarán dispuestos a prestarles dinero”.

Entre otras acciones, Alquería también se destaca por apoyar hoy en día a 16 bancos de alimentos del país y ha entregado a la comunidad más de 23 millones de litros de producto, que equivalen a 42.000 millones de pesos, para la nutrición de niños, niñas y jóvenes en diversas regiones del país.

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