Los ganaderos andaluces salieron en Sevilla este martes a la calle para reclamar a voz en grito la subida del precio del brick de leche en el lineal del supermercado. Fue la primera de una serie de manifestaciones programadas en diferentes puntos de Andalucía. Porque a su juicio ese es el primer paso para que a ellos, los productores, les acaben pagando esos precios dignos que llevan tanto tiempo reclamando. La pregunta es cuánto debe pagar el consumidor por el litro de leche y cómo ese valor ha de ser distribuído entre los diferentes eslabones de la cadena.
Porque un cartón de leche a 60 céntimos _cuatro de cada diez litros vendidos en España no alcanzan ese precio de venta al público_ resulta un precio ruinoso para el sector lácteo. Lo reconoce el propio Ministerio de Agricultura, que señala que esta cifra ni siquiera alcanza para cubrir los gastos de producción de las ganaderías, las industrias o las empresas de distribución de alimentos. De hecho, todo lo sea un precio inferior a los 68,3 céntimos _suma de los costes mínimos desde que el producto sale del ubre de la vaca hasta que llega al supermercado_ supondría que toda la cadena estaría perdiendo dinero, tal y como confirma el Estudio de la cadena de valor y formación de precios de la leche líquida envasada publicado el pasado viernes.
Por esa razón son muchas las voces que desde el sector productor señalan la necesidad de que se establezca un precio mínimo en los lineales que garantice, al menos, que se cubran con los costes de producción y los márgenes mínimos de beneficio de cada escalón de la cadena. Esa reclamación, que también se escuchó ayer en Sevilla, es una premisa que también se recoge en la última modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, un texto que penaliza la comercialización de un producto en cualquiera de sus fases a un precio inferior al de los gastos que generó. Es decir, que no puede venderse el producto por debajo de sus costes.
Pero parece que ninguna de esas dos demandas será fácil de cumplir. Por un lado, no lo será por las limitaciones en materia de competencia, y por tanto de fijación de precios, que establecen las actuales normativas europeas. Por otro, tampoco lo será por la escasa vertebración de un sector en el que los ganaderos, la parte más numerosa pero también más frágil, apenas tienen capacidad de repercutir sobre su producto el aumento de los costes de producción.
Tanto es así que la mayoría se han visto obligados a reconocer por escrito en los contratos firmados durante el primer semestre de este año que, con los 32,5 céntimos por litro de precio medio final que reciben de la industria _el promedio del último mes_, consiguen cubrir sus costes. No hacerlo supondría quedarse sin contrato y, por tanto, sin nadie a la que entregar su materia prima.
A una presión similar parecen estar también sometidas las empresas lácteas que, de forma sistemática, acusan a la distribución de imponer sus precios forzando a que la cadena de valor de la leche se forme de arriba hacia abajo y no al revés como sería lo lógico. Sin ir más lejos, la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) ha denunciado durante los últimos días que las marcas blancas de leche no han subido de precio durante los últimos siete años, a pesar del fuerte incremento que han registrado los costes en este periodo.
El ejemplo francés
Aunque lógicamente, tampoco tiene permitida la adopción de precios mínimos en su territorio, Francia lleva años siendo un referente europeo en la búsqueda del equilibrio en las relaciones de todos los agentes que intervienen en el sector agroalimentario. Tanto es así que, desde la entrada en vigor en octubre de 2018 de la Ley de cadena alimentaria, la también llamada Ley Egalin, asegurar unas retribuciones justas para los productores ha sido una de las obsesiones de los legisladores. De hecho, la modificación de esta normativa, que ya se está llevando a cabo, plantea hacer obligatorios los contratos plurianuales por tres años, entre el productor y el primer comprador, con precios referidos a los indicadores que ya son obligatorios en la vigente ley. También establecería que en los acuerdos de una negociación comercial entre un proveedor de productos alimenticios y su comprador debe incluirse información sobre el precio de la materia prima agrícola y su carácter no negociable o la puesta en marcha de un sistema más garantista en la resolución de conflictos en el que incluso la publicidad de las promociones comerciales quede supeditada a la autorización de la autoridad competente.
A día de hoy, el precio medio que cobran los ganaderos galos, según los datos del observatorio lácteo de la UE, es de 36,97 euros, más de cuatro céntimos por encima de lo que promedia España.
Andalucía con los precios más altos
Diferencial similar al que registran las cotizaciones medias que perciben los ganaderos andaluces y los productores gallegos y que, en buena medida, se justifica por el mayor peso del sector cooperativo en las principales comarcas lácteas de Andalucía y la alianza estratégica de la cooperativa cordobesa Covap con el gigante de la distribución Mercadona.
En este sentido, resulta llamativo que, pese a ser los que mejor cobran por la materia prima de todo el país, los ganaderos andaluces sean también los que soportan unos costes de producción más elevados. De hecho, los últimos informes Rengrati (Red de Granjas Típicas), apuntaban diferencias de hasta cuatro céntimos por litro de leche en comparación con los productores gallegos, mayoritariamente en lo referente a la alimentación del ganado.
Mientras que la mayoría de ganaderos gallegos han ido ampliando su base territorial de forma importante en los últimos años con el fin de producir más alimento propio y evitar recurrir al mercado foráneo, los andaluces apenas cuentan con superficie agraria útil, lo que les obliga comprar la mayoría del forraje _en algunas zonas incluso deben comprar el agua que consumen en sus establos_ que consumen sus animales.
