Atilra, el sindicato de los trabajadores lácteos, había iniciado un paro general el viernes. El gremio pide la intervención del Gobierno pero rechaza un plan que implica la llegada de inversores privados y el despido del 50% del plantel de la cooperativa.
A pedido de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel), el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles en el marco del conflicto gremial con la cooperativa SanCor, tras las medidas de fuerza que anunció el sindicato lácteo para este viernes desde la medianoche. De esta manera, quedan sin efecto las acciones dispuestas y los empleados retoman sus tareas habituales.
En un comunicado que emitió, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) señaló que siempre se ha sometido a la legalidad y “esta no será la excepeción”.
“Acataremos la decisión de la autoridad de aplicación, continuaremos la lucha en la mesa de las negociaciones hasta que se arribe a una solución o hasta que se agoten los términos”, sostiene el texto, que lleva la firma de Héctor Luis Ponce, secretario general.
No obstante, la entidad, que también reclama una actualización salarial, anticipó que si no se encuentran soluciones dialogadas, aplicará las “acciones gremiales adecuadas” y aclaró que la parte empresaria “debe abstenerse durante este período de tomar represalias contra los compañeros”.
El jueves por la tarde, el gremio dispuso un paro general nacional luego de los rumores que empezaron a correr sobre la inminente conformación de un supuesto fideicomiso que recortaría en más de un 50% la plantilla actual de 1700 empleados de la empresa. El mismo sería administrado por un grupo de inversores que tendría el visto bueno del Gobierno, a punto tal que recibiría aportes del Estado nacional, según trascendió.
Hace un mes, el sindicato le solicitó al Gobierno nacional la intervención en el caso de SanCor. En una carta abierta al Poder Ejecutivo, afirmó que atraviesa “una larga y profunda crisis” que pone en riesgo su subsistencia”.
“La participación directa o indirecta del Gobierno resulta indispensable para la continuidad de la empresa. Cualquier medida debería ser implementada de modo urgente, indicó.
Sin embargo, ahora salió al cruce y remarcó que no aceptará un plan de salvataje que contemple despidos. Fuentes allegadas al gremio aseguraron también que el escenario se agrava, dado que SanCor tiene una deuda con la Administración General de Ingresos Públicos (AFIP) que “oscila los siete ceros en dólares”, entre retenciones, aportes e impuestos impagos.
Desde SanCor, le bajaron el tono al posible plan. “La mesa chica no recibió ninguna propuesta formal y, por ende, no existe ninguna negociación (ni iniciada ni mucho menos avanzada)”, expresaron fuentes cercanas a la cooperativa.
Asimismo, desmintieron los dichos sobre el pasivo contraido con el ente recaudador. “Todas las deudas fueron canceladas con el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) y la situación impositiva fue normalizada con todas las jurisdicciones (nacional y provinciales)”, aseguraron.
Según cálculos de Atilra, 1232 trabajadores quedarían desvinculados sin ser indemnizados, en caso de que avance el armado del fideicomiso. El gremio denunció que, de acuerdo a lo comunicado, la compensación económica se realizaría mediante un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
“Resulta imperioso, y más aún en estos momentos el mantenimiento de la fuente de trabajo, que reestructurada mantendrá capacidad para seguir empleando a trabajadores de la actividad lechera, con un alto grado de capacitación y profesionalidad, en una especialidad que requiere técnicas y métodos que aseguren la extrema calidad en el producto final”, indicó el gremio.
Detrás de este conflicto subyase una puja sindical. “Al caerse Sunchales, se cae la base de sustento de Atilra, que se encuentra en esa misma localidad. En esta coyuntura, el sector lechero terminaría pagando los costos de una interna”, expresó un conocedor de la industria.
En la actualidad, SanCor procesa alrededor de 500.000 litros diarios. Su objetivo es alcanzar 1,5 millones para hacer uso pleno de su capacidad operativa. Para ello, requiere un mayor financiamiento, una búsqueda que lleva adelante desde entonces.
Desde que en 2017 inició un proceso de reestructuración, achicó su operación. Se desprendió de siete plantas industriales, vendió su participación en Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (Arsa) (hoy en manos de Vicentin) y su capacidad instalada se redujo desde los 4 millones de litros diarios que alcanzó en su mejor momento. Llegó a tener un plantel de 5100 empleados en 2016.
Pero ahora intenta dejar atrás el magro período de su historia. En la cuarentena, duplicó la producción. “Se empezó a estabilizar económica y productivamente, al igual que se normalizó el pago de la producción y a los proveedores. Se intenta generar las condiciones propicias para acceder a capital de trabajo para ampliar la producción”, describieron desde SanCor.