En la cuenca lechera central la resolución del Régimen de Precios Congelados no fue bien recibida por las industrias procesadoras. En absoluto off, por temor a represalias por parte de la Secretaría de Comercio Interior, los empresarios opinan que “es un suicidio implementar esos precios y mantenerlos 90 días”.
Las principales marcas del sector están incluidas en la lista oficial con al menos 50 a 60 productos que abarcan la totalidad de la canasta láctea: leche, manteca, yogur, queso y dulce de leche, por nombrar los más consumidos. “Muchos ya veníamos participando del convenio de Precios Cuidados y abastecimiento que habíamos firmado con el Ministerio de Producción, en el que se nos permitía equiparar los costos; pero esto es muy distinto porque hay más productos y con precios que en algunos casos no cubren los costos al cabo de 90 días”, confió a este medio el gerente de una de las empresas líderes de Santa Fe. “Es muy probable que no se pueda cumplir con lo que pide la Secretaría”.
Otra fuente industrial contó que en el último contacto con el Ministerio de la Producción, las industrias lácteas participantes habían solicitado un 12% de actualización para esos productos, porque muchos se encontraban con precios por debajo de los costos, luego de los incrementos inflacionarios desde julio, pero el Gobierno sólo les autorizó menos de la mitad de ese pedido a principios de octubre.
Esta versión la confirman desde APYMEL, entidad que por otra parte asegura que ni siquiera fue convocada para estas nuevas conversaciones con el Gobierno, pero que en esta ocasión se ven igualmente afectados por la medida. Es que algunas de sus empresas estaban participando en Precios Cuidados, cuya actualización de precios se venía dando trimestralmente. En efecto, “el pasado 8 de octubre el Gobierno nos autorizó un aumento del 5% para compensar el trimestre jul-sept, pero como ahora el congelamiento retrotrae el precio al 1 de octubre y se extiende hasta enero, en realidad volvemos a los precios que teníamos en julio sin posibilidad de actualizarlos por el lapso de seis meses, ya que el ajuste de este 8 de octubre queda sin efecto”, explicó APYMEL.
Acuerdo “sin diálogo”
Ni bien se conoció la resolución del Gobierno, y luego de varios encuentros con la Secretaría de Comercio Interior, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios de Argentina (COPAL) emitió un comunicado alertando sobre el impacto que esta medida tendrá en los balances de las industrias.
Se mostraron “con voluntad de colaboración y diálogo para el acuerdo”, sin embargo, advierten que “en la convocatoria recibida no están garantizadas las condiciones para conciliar las posibilidades de los sectores frente al pedido de estabilización de precios”.
En representación de las 35 cámaras sectoriales y las más de 14.500 empresas de alimentos y bebidas, PyMEs y economías regionales del país, COPAL sustuvo que “los acercamientos realizados hasta el momento reflejan la falta de voluntad por parte de las autoridades para realizar un acuerdo con el sector”. Asimismo, “se evidenció que, a pesar del esfuerzo realizado por las empresas en enviar sus propuestas de participación, las mismas no fueron tenidas en cuenta, así como tampoco fue considerado el pedido de generar un espacio de intercambio en lo inmediato, que permita clarificar las realidades y posibilidades de los distintos sectores y encontrar en conjunto un acuerdo sostenible”.
Números verdaderos
COPAL destacó que los datos del INDEC “evidencian que no es la Industria de Alimentos y Bebidas quien tracciona mayoritariamente en la inflación general”, muestra de ello es que el IPC de septiembre se incrementó un 3,5%, mientras que el IPC de alimentos y bebidas lo hizo por debajo de esta cifra, alcanzando un 2,9%. “Lo mismo ocurre en el acumulado 2021, donde el IPC general alcanza un 37% mientras que el de alimentos y bebidas aumentó 36,6%”.
Además, “el argumento de que la inflación se aceleró por los aumentos de la categoría de productos de alimentos y bebidas pierde sentido ya que existen otras divisiones cuyos precios crecen por encima del Índice IAB y del Índice General”, afirmó en declaraciones públicas Daniel Funes de Rioja, Presidente de COPAL, quien advirtió que “frente a la amenaza de la aplicación de la Ley de Abastecimiento y las manifestaciones sobre codicia, hay que reconocer que la industria no es la causa de la inflación sino que sufre sus consecuencias”.
El descontento de las cámaras empresarias es absoluto, ya que sostienen que “la realidad demuestra que las políticas de congelamiento de precios no logran resolver los desequilibrios macroeconómicos que dan origen a la inflación”. Porque además, “resultan insostenibles ya que afectan el largo plazo para la continuidad productiva”.
Caos en la industria
En medio de esta sorpresiva medida del Gobierno para congelar precios por 90 días, la industria láctea está afrontando una delicada situación con su sindicato de trabajadores, que les exige a las cámaras y al Gobierno, que asuman la resolución de la crisis de SanCor, por tratarse de una empresa emblemática. Pero lo más complejo de resolver será el reclamo salarial de actualización por inflación, en un contexto donde las usinas no podrán trasladar nada a precios, teniendo que mantener el mismo concepto para con sus tambos remitentes.