Con el objetivo de “recuperar los estándares de consumo” y frenar una aceleración de la inflación, que llegó al 3,5% mensual en septiembre, el Gobierno desempolvó un instrumento de aparición periódica en la historia argentina: el congelamiento de precios. Sin acuerdo, por 90 días y carente de otras medidas macro que lo acompañen, esta versión 2021 tiene amplias dificultades en su implementación, generó tensiones entre funcionarios y las empresas y repite errores del pasado.

1. Distorsión en la demanda

Cuando los congelamientos de precios llegan a las góndolas generan un incentivo a que se produzcan cambios en los hábitos de compra de los consumidores. En un contexto inflacionario, seguramente quien acuda a un supermercado tenderá a elegir los productos alcanzados por la medida oficial, que terminarán siendo más baratos que los de la competencia. Es un efecto que ocurrió con programas como Precios Cuidados, lanzado en enero de 2014, y que se exacerbará con la nueva iniciativa del Gobierno, que incluyó entre los 1432 productos con precios congelados hasta el 7 de enero de 2022, a los cerca de 700 componentes del plan que en su momento había creado Augusto Costa.

Casos como el de la yerba (hay productos alcanzados por el congelamiento con precios hasta 40% más bajos que otros similares), el agua tónica de 1,5 litros (la brecha entre marcas líderes es de 37%), o la lavandina (la diferencia entre una marca dentro del control y otra fuera del programa oficial llega a 57%) son muestras de una distorsión de precios relativos dentro de las categorías, que cambia el escenario para los fabricantes y los vendedores.

El efecto también se verifica para la oferta de productos de una misma marca, en casos en que solo una variedad fue incluida en el congelamiento. Las bebidas isotónicas deportivas (hay una brecha de 11% entre un sabor de una marca líder y el resto de su propia oferta), los desodorantes (existe una diferencia de 80% entre las fragancias de una marca top sin restricciones y una que quedó alcanzada por el congelamiento), o los preservativos (las variedades fuera del programa son un 73,7% más caras que la incluida) dan cuenta de ese efecto.

En ese escenario, una consecuencia habitual de este tipo de programas es la racionalización de las ventas. Hay una práctica recurrente en casos como los del aceite o la leche: en los puntos de venta se recurre a limitar la cantidad de productos que puede llevar cada consumidor, ante una demanda creciente que busca capitalizar la brecha de precios. Y del lado de los vendedores, una reacción puede ser un incremento marginal de otros productos, a fin de compensar el precio congelado.

2. El riesgo de desabastecimiento

Es la amenaza latente de este tipo de medidas. Rechazada por el secretario de Comercio, fue una de las críticas que expuso Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño y uno de los referentes de la oposición. La experiencia reciente, con casos como Precios Cuidados, marca que, antes que un desabastecimiento generalizado, lo que puede ocurrir es que haya faltantes puntuales en algunos rubros o categorías, con góndolas vacías, o una oferta racionalizada para evitar faltantes, motivada por diversos factores.

Por el lado de los consumidores crece el interés por productos que tienen precios más bajos. “Los controles exacerban la demanda y pueden conducir al desabastecimiento. Un precio congelado por lo general termina siendo relativamente más barato que el resto de la canasta, lo que lleva a que se sustituya a favor del consumo de ese producto”, explica el economista Guido Lorenzo, director de la consultora LCG.

En ese escenario, los fabricantes enfrentan un escenario en el cual cae la rentabilidad (o incluso genera números rojos) de productos que no ofrecen incentivos a tener mayor producción. “Nosotros recibimos la misma cantidad de siempre. No hay menos oferta. Pero se consume más y se termina lo que hay en la góndola”, reconocen en una cadena de supermercados, rubro que suele ser blanco de críticas cuando las góndolas están vacías o solo aparecen productos más caros.

Pero en otros casos también puede ocurrir que los fabricantes reduzcan la producción. “En la medida en que el precio fijado está por debajo del precio de equilibrio de mercado, a ese precio la oferta está dispuesta a vender menor cantidad que la que está dispuesta a comprar la demanda y esa diferencia en la práctica se traduce en un desabastecimiento del producto en cuestión”, dice Lorena Giorgio, de Equilibra.

3. Presión sobre los costos

Para los fabricantes, el congelamiento de 1432 productos implica un cambio en su estructura de negocios. Porque, más allá de los precios alcanzados, el contexto inflacionario que hace años atraviesa la Argentina lleva a que haya ajustes periódicos en otros rubros que afectan a la producción.

Además de costos como los salarios o el tipo de cambio, para quienes deben importar insumos, componentes o materias primas, también suben esos precios, además de los de materiales para el packaging (cartón, plástico), el transporte y la logística en general.

En ese camino, aparecen conductas habituales que intentan evitar los efectos del congelamiento. Si la decisión es no abandonar la producción, los fabricantes recurren a maniobras como cambios de presentaciones o reducciones del tamaño del envase o de la cantidad de porciones. El objetivo es presentar en góndola un producto muy similar pero diferente del que tiene su precio congelado, aun cuando la empresa se esté exponiendo a multas u otros castigos.

El economista Martín Vauthier, de Anker, advierte que este proceso implica también mayores costos y un proceso distorsivo para el modelo de negocio. “Estas son medidas que generan muchas ineficiencias para las empresas, que destinan recursos para cumplir con las regulaciones o para ver cómo se pueden reducir los costos de esas regulaciones. Así, aparecen productos parecidos para esquivar el congelamiento. Esos son recursos que no se destinan a innovar, ni a mejorar la competitividad”, dice.

4. Disputas entre diferentes eslabones de la cadena

La resolución dictada por Feletti establece únicamente el precio de venta para cada producto y en cada región del país, con la fijación de eventuales sanciones por incumplimientos. Como ocurrió en otros episodios de la historia argentina con medidas similares, la dinámica abre un escenario de tensión y disputa entre diferentes protagonistas de la cadena de producción y venta, ante un eventual incumplimiento de precios o desabastecimiento. ¿Qué pasa si la góndola de un producto está vacía? ¿Y si no se respeta el precio fijado?

Es una cuestión micro que tiene como protagonistas a los fabricantes y a los canales de venta. Porque unos y otros se deslindarán responsabilidades: se culpará al acopio de stocks de productos, a la demora en las entregas o a las cantidades insuficientes, entre otros argumentos. Mientras tanto, las posibles multas o advertencias, en caso de fiscalizaciones podrían caer sobre ambos actores.

5. La discusión sobre el punto de partida de los valores

Decidido unilateralmente por la Secretaría de Comercio, el congelamiento de precios implicó retrotraer los valores de venta de los productos a los que mostraban el 1° de octubre. Entre los fabricantes hubo quedas por la imposición de la lista y por las marcas incluidas; varios plantean que había “voluntad” de incluir determinados productos y continuar una negociación.

Un punto que profundiza las diferencias es que el congelamiento se aplicó omitiendo un incremento de los precios que ya había sido convalidado por el propio Gobierno. En la primera semana de este mes, la entonces secretaria de Comercio Paula Español autorizó a 16 empresas líderes a aplicar una suba de entre 4% y7% en los principales líneas de productos, que protagonizaron el posterior listado de Feletti. En ese escenario, muchas firmas habían enviado sus productos a los canales de venta con los valores actualizados. El tema es un foco de tensión entre fabricantes y vendedores.

Además, las versiones sobre un congelamiento, que en las primeras reuniones entre fabricantes y funcionarios aparecía como una medida que alcanzaría a todos los productos, motivó remarcaciones en un contexto de aceleración inflacionaria. “Ya hubo ajustes esta semana, estamos viendo que la inflación semanal fue superior al 1,5% solo en alimentos y bebidas”, dice Lorenzo, quien desde LCG evalúa semanalmente la evolución de los precios con un monitoreo online.

6. Distorsión entre canales de venta

Más allá del anuncio y de la normativa, el congelamiento de precios luce ambicioso y complejo de fiscalizar, más allá de las grandes cadenas de supermercados. Es una dinámica similar a iniciativas como Precios Cuidados, cuyos productos estaban disponibles a los valores acordados fundamentalmente en este canal. “Es imposible controlar geográficamente todos los precios y a distintos niveles. El costo de la ineficiencia de ese sistema es increíble. Los recursos destinados al control superan los supuestos beneficios”, critica Lorenzo.

Esa dinámica tiene, como primera consecuencia, la apertura de una brecha de precios entre estas tiendas y otros formatos, como los almacenes de barrio, los supermercados chinos o los mayoristas.

En ese sentido, lo que puede ocurrir es un crecimiento de la participación en las ventas de los supermercados, que ofrecen en sus góndolas los productos a precios más bajos. Así se entienden las críticas y reclamos de voceros como Yolanda Durán, presidenta de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático, quien advirtió que los productos llegan “continuamente” con aumentos y pidió que se sumaran al acuerdo a los proveedores de insumos. La contracara de esa mayor demanda en los puntos de ventas con precios más bajos es el eventual desabastecimiento o falta de productos.

“Estas distorsiones ya ocurrían con Precios Cuidados, y empiezan a generar muchos problemas de precios relativos. El supermercado tendrá que cumplir con el programa; si no tiene el producto no lo pondrá en góndola y será pasible de sanciones, y si ese producto que alguien tiene ganas de comprar no está en el supermercado, va a tener que ir al chino y comprarlo más caro”, sintetiza Miguel Kiguel, titular de Econviews.

7. Sin un plan de salida

El congelamiento de 1432 productos fue lanzado con un plazo de 90 días, plazo que se duplica respecto del que se había previsto para la canasta heredada de Precios Cuidados, que tuvo su último ajuste en julio. “El último trimestre del año es de mucho consumo y no quiero que sea de frustración”, dijo Feletti. El debate en torno a esta medida, sin embargo, aparece por las consecuencias del congelamiento y el “día después”. Experiencias anteriores, como la implementada por Guillermo Moreno en 2013, muestran que, concluido el plazo, los precios de los productos alcanzados tienden a ajustar rápidamente para recuperar terreno, en una dinámica que acelera la inflación.

“Es como con el cepo cambiario: al congelamiento es fácil entrar, pero es muy difícil salir, porque ese día hay que corregir lo que no aumentaste durante tres meses, y no querés tocarlo por miedo a que haya una suba que contagie al resto”, dice Kiguel.

Según afirma Vauthier, para ver la salida del congelamiento será relevante ver la efectiva implementación del programa. “Hay que ver el grado de cumplimiento y la disponibilidad de los productos, teniendo en cuenta que el primer día de vigencia hubo mucha dispersión”, advierte el analista.

8. Un congelamiento que omite las causas de fondo y no se enmarca en un programa integral

Más allá de los efectos de corto plazo, al frenar aumentos en una canasta determinada, los analistas advierten que este congelamiento no será efectivo contra la inflación porque se plantea como un instrumento aislado, sin atacar los determinantes macroeconómicos que explican la inflación.

“No es una herramienta antiinflacionaria; quizás lo sería en un contexto en el cual el Banco Central se enfocara en producir una desinflación y en dar señales claras a la economía acerca de que ese es un objetivo central de las políticas. Así, se puede pensar en una forma de control de precios que colabore en ese proceso vía anclar expectativas, y hacer menos costoso el proceso, pero no es algo que hayamos visto en la experiencia histórica argentina”, dice la economista Laura D’Amato, docente en la UBA y exgerenta principal de Modelos y Pronósticos Macroeconómico en el Banco Central.

“Se percibe que hay un diagnóstico errado, porque se considera la inflación como un fenómeno generado a partir de conductas de formadores de precios y, por eso, se recurre a congelamientos. Pero, a su vez, la política macroeconómica se torna inconsistente, porque se implementan políticas que tienen un sesgo expansivo en lo fiscal y monetario, dado que el Gobierno intenta estimular el gasto en consumo, mientras pone al mismo tiempo controles a los precios y no provee a la economía ningún ancla nominal. Es un cóctel complicado”, advierte la analista.

“Una medida de este tipo sirve cuando el core del programa es un ordenamiento monetario, fiscal, cambiario y financiero, y eso es lo que necesita la Argentina hoy”, concluye Vauthier.