¿Qué pasó?
El 18 de octubre 2018, a unos meses de concluir la administración de Enrique Peña Nieto, la extinta PGR anunció un acuerdo reparatorio con los socios mexicanos del empresario Alex Saab, preso en Estados Unidos, acusado de lavado de dinero y de ser el principal testaferro de Nicolás Maduro.
¿Por qué importa?
Posteriormente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Santiago Nieto denunció ante la Fiscalía Anticorrupción a los funcionarios que participaron en dicho acuerdo, incluido el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, algunos por acción y otros por omisión. El caso está empantanado.
De acuerdo con Gerardo Reyes, autor del libro “Alex Saab. La verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro”, si Saab llega a juicio, México aparecerá como el escenario central donde se gestó el esquema de venta de alimentos a sobreprecio en Venezuela.
El contexto:
Alex Nain Saab Morán fue arrestado en junio de 2020, en Cabo Verde, luego de que el avión privado en el que viajaba hiciera una escala, procedente de Teherán y con destino a Caracas. La semana pasada fue extraditado a Estados Unidos.
Los detalles:
En entrevista con Reforma, el periodista Gerardo Reyes -quien fue demandado por Saab en 2017 junto a la cadena Univisión por difamación-, dijo que el colombiano adquirió despensas en distintos países, entre ellos México, de manera directa o a través de subsidiarias, pero fue aquí donde encontró su refugio ideal.
“Saab encontró en México el refugio ideal para hacer estas fechorías con la complicidad tanto del sector privado como de altos funcionarios del sector público”, expresó Reyes en relación a la estafa de vender cajas con despensa a un sobreprecio del 112 por ciento con leche en polvo que no era leche y que sólo enfermaba a los niños.
En su libro, Gerardo Reyes explica que dentro del ‘entramado fantasma’, Saab y su socio Álvaro Pulido incorporaron sociedades en Hong Kong, Inglaterra, Turquía, Panamá, Colombia y México. En lo alto de la pirámide se encontraba Group Grand Limited (GGL), la cual fue creada en 2013 en Hong Kong y que cuatro años después contaría con una filial en la zona de Polanco, en la Ciudad de México.
“La fiscal venezolana Luisa Ortega pidió en 2017 al entonces procurador general de México, Raúl Cervantes, indagar el uso de ‘mecanismos corruptos’ para insertar ‘dinero corrupto’ en el sistema financiero de México por parte de GGL, y citó como accionista a un supuesto familiar directo de Saab”, agregó Reyes.
Posteriormente, la UIF transfirió su investigación a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), por lo que el 18 de octubre de 2018, el subprocurador Alonso Israel Lira Salas anunció que se había llegado a un acuerdo reparatorio.
Éste incluía la entrega de 3 millones de dólares al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), pese a existir una irregularidad de 156 millones de dólares por la venta de productos a los intermediarios del gobierno venezolano. Santiago Nieto, actual titular de la UIF, lo tachó de ilegal.
“Lo que me dijo Nieto es que él pidió que se abrieran investigaciones penales, pero se sentía un poco frustrado porque la (hoy) Fiscalía no ha judicializado su denuncia, la Fiscalía Anticorrupción… Es preocupante que el funcionario más alto en investigar el lavado de dinero esté indignado por la manera en que se manejó la investigación”, puntualizó Gerardo Reyes en entrevista con Reforma.
