Más de 2.000 ganaderos, con granjas de todos los tamaños, se han unido y han planteado una demanda colectiva para reclamar cerca de mil millones de euros, intereses incluidos, a las principales empresas transformadoras de leche, que entre 2000 y 2013 conformaron un cártel para intercambiar información, a nivel nacional y regional, sobre precios de compra de leche cruda de vaca, volúmenes de compra y excedentes de leche. La consecuencia fue el desplome del precio de la leche que cobraban los ganadores, incluso por debajo de los costes reales, una situación que todavía a día de hoy se mantiene y que ha provocado que en las últimas dos décadas hayan tenido que cerrar tres de cada cuatro explotaciones ganaderas.

Los responsables de estas granjas, que representan a una de cada seis de las existentes, han fichado a la empresa española de servicios jurídicos Eskariam, especializada en litigios masivos y a éxito, un modelo apenas implantado en nuestro país, pero con importante calado en Europa y en Estados Unidos, donde estos pleitos no paran de crecer. Eskariam se ha unido para defender a los ganaderos con el bufete estadounidense Hausfeld, líder en ese país en número de demandas presentadas entre 2009 y 2020 y que ha recuperado para sus clientes más de 4.600 millones de euros. Esta alianza cuenta también con la consultora económica internacional Compass Lexecon, con sede en Chicago.

Las claves de las que será una de las mayores demandas colectivas en España y en Europa en los últimos años, las detalla a La Información, Juan Álvarez Goya, director de Operaciones (COO) de Eskariam, que describe su modelo de negocio -el de las demandas colectivas a éxito- claramente asentado en la tecnología y la eficiencia -para los recursos del cártel lácteo se procesarán más de medio millón de documentos y diez millones de datos- y que podría desatascar los juzgados, colapsados con pleitos de tarjetas ‘revolving’, cláusulas suelo y conflictos bancarios y por las plusvalías. Álvarez apunta que buena parte de los retrasos que se producen en los tribunales tiene que ver con las restricciones que existen para plantear demandas masivas y que obligan a numerosas reclamaciones individuales y en diferentes jurisdicciones al mismo tiempo.

La Audiencia Nacional deberá responder en los próximos seis meses sobre el recurso de la industria láctea contra la sanción de 2019 de la CNMC

La hoja de ruta de la demanda de los ganaderos se encuentra avanzada a la espera de la resolución de la Audiencia Nacional, que tiene sobre la mesa el recurso de las industrias lácteas a la multa impuesta en julio de 2019 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la vulneración de las normas de competencia entre los años 2000 y 2013. Eskariam está presente en este proceso y refuerza la labor del Letrado del Estado. Álvarez Goya confía en que la sentencia se de a conocer antes de mediados de 2022 y “una vez que se confirme el cártel, se abrirá la posibilidad de reclamar las indemnizaciones ante los tribunales civiles por parte de los ganaderos afectados”. Al tiempo, también los representantes de los granjeros han hablado con la industria, sin éxito y sin lograr que todas las empresas iniciasen el diálogo. Detalla el CEO que uno de los planteamientos que ha hecho la industria en esta demanda

podría poner en serios aprietos económicos a las grandes empresas, pero el efecto real del cártel ha sido que apenas quedan 12.000 explotaciones de las 50.000 que había 20 años.

Otro de los pasos que ha dado Eskariam, que ha centrado buena parte de su actividad en la recuperación del dinero pagado por viviendas no entregadas, ha sido la compra de carteras de litigios a despachos de diferentes tamaño con el fin de garantizar el éxito de reclamación, además de establecer contactos permanentes con ganaderos y asociaciones de prácticamente toda España, desde Galicia, Asturias y Castilla y León a Aragón. Una de las piezas clave de estas reclamaciones es la tecnología de la empresa, a través de la cuál se puede aportar toda la documentación, y las facilidades económicas, ya que señala Álvarez, el cliente no tiene coste alguno hasta que se produce la sentencia y solo si esta es favorable.

“El trabajo de estos litigios complejos empieza mucho antes de la preparación legal. Se realizan estadísticas, proyecciones y se trabaja con variables y solo cuando se tiene una certeza muy elevada -porcentualmente- de éxito, seguimos adelante. De hay que incluso las costas, en el caso improbable de que se produjesen en algún momento, corren de nuestra parte, mediante un seguro que tenemos suscrito en el Reino Unido. Otra de las claves de estos grandes y complicados litigios es acudir con un importante refuerzo documental y una labor exhaustiva de peritaje”, señala.

La CNMC sancionó en 2019 a ocho empresas lácteas por coordinar estrategias comerciales en detrimento de los intereses de los ganaderos

En julio de 2019, la CNMC sancionó a ocho empresas que operaban en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca por conductas ilícitas desarrolladas durante 13 años que consistían en intercambiar información para coordinar estrategias comerciales en detrimento de los intereses de los ganaderos. La CNMC consideró muy graves estas actuaciones -ver resolución- y fueron sancionadas con 80,6 millones de euros. El expediente tuvo su inicio a raíz de un estudio sobre el sector lácteo remitido por el Servicio para la Defensa de la Competencia de Castilla y León, en él que se manifestaba la posible existencia de conductas restrictivas en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda y de una denuncia formulada por la Uniones Agrarias contra las empresas transformadoras de leche.

Tras una investigación, que incluyó inspecciones domiciliarias simultáneas en las sedes de algunas de las principales empresas del sector, y tras la instrucción del correspondiente expediente sancionador, la CNMC consideró que la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (Aelga), Calidad Pascual – antes Grupo Leche Pascual-, Central Lechera de Galicia (Celega), Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa), Danone, el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (GIL), Grupo Lactalis Iberia, Nestlé España, Industrias Lácteas de Granada (Puleva) y Schreiber Food España -antes Senoble Ibérica- habían participado y eran responsables de conductas anticompetitivas que infringían la legislación de competencia. La decisión de CNMC, una vez se conozca la resolución de la Audiencia Nacional, permitirá a los ganaderos afectados reclamar hasta un 10% de lo facturado a esas empresas en el periodo investigado, pero los plazos para interponer las demandas son muy limitados.