Yaracal. Las ocupaciones agrarias no son un tema nuevo, pero en menos de un año en el occidente del país se han presentado graves recrudecimientos de invasiones a unidades de producción “a causa de desocupación o improductividad por parte de sus dueños”, de acuerdo con lo que alegan miembros de colectivos agrarios.
Otros aprovecharon los dos años de cese por la pandemia de la COVID-19 para cometer delitos ambientales y contra la propiedad.
En Falcón se registra el agravamiento de las invasiones de las unidades de producción, así como el despiadado ataque al ambiente a través de la tala y la quema de zonas forestales que bien pueden dañar los cursos de agua cercanos. Ya a través de este portal se ha denunciado lo que ocurre en el PN Quebradas de Cuevas del Toro, donde 50 % del área ha sido talada y quemada con fines agrícolas y de ocupación.
La gran cuenca de Yaracal
Entre Falcón y Zulia se ubican las tres cuencas lecheras más importantes del país. La gran cuenca de Yaracal en Falcón está ubicada entre los municipios Cacique Manaure, Monseñor Iturriza y José Laurencio Silva en las zonas rurales de Yaracal, Sanare y Tucacas. Esta cuenca aporta al sistema agroalimentario nacional entre 500.000 y 600.000 litros de leche para la elaboración de queso y otros derivados. Asimismo, contribuyen con un importante porcentaje de carne para la mesa del venezolano.
Expertos como Edison Arciniega, del Centro de Estudios Agroalimentarios (CEA), denuncian el ecocidio perpetrado en la gran cuenca de Yaracal y tercera cuenca láctea del país que involucra la invasión, tala y quema de reservas silvestres como el cerro El Hierro, ubicado en Sanare y que atraviesa entre otros fundos al Barimisagua, así como Las Marías y Las Vitrinas.
Al menos, dijo, se han talado unas 200 hectáreas contraviniendo lo establecido en la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario de Venezuela (LTDA).
Por otro lado, el presidente de la Asociación Ambientalista de Productores Agropecuarios de Veroes y experto en derecho agrario, Alexis Algarra, asegura a Crónica.Uno que estos colectivos atentan contra la soberanía alimentaria del país, además de causar un daño ambiental transgeneracional.
Algarra declaró que los actos vandálicos que se registran en la zona oriental de Falcón datan desde 2018 y de los cuales ya conocen autoridades del Ministerio de Ecosocialismo (Minec), Tribunal Agrario de Tucacas y el Instituto de Tierras (INTI).
Arciniega asegura que luego de la pandemia se recrudecieron los ataques y desde finales del año 2021 hasta lo que va de 2022 los daños ambientales son incalculables. “Nada en esa zona de Falcón volverá a ser igual”.
En meses han dejado solo 80 búfalas
El fundo Barimisagua, de titularidad privada, contaba para el momento de las invasiones con 290 búfalas, las cuales fueron progresivamente robadas y sacrificadas. Con la ocupación de irregulares solo quedan 80 animales, lo que ha aumentado las estadísticas de abigeato en el área.
A pesar del desmantelamiento de las zonas de ordeño, los productores se mantienen en resistencia y trabajan con lo poco que les queda”, argumenta Algarra.
Unos 100 puestos de trabajo entre directos e indirectos podrían perderse ante tal situación.
Edison Arciniega, también de Ciudadanía Activa, alerta que los seudocampesinos hicieron arder parte de la reserva del medio silvestre El Hierro.
El 14 de diciembre de 2021 fueron certificadas 213 hectáreas del fundo El Hierro como una reserva de medios silvestres por el Ministerio para el Ecosocialismo y que forman parte del Fundo Barimisagua, de acuerdo con lo que consta en el documento N.° PF-CARMS-11-1-0010 del 14 de diciembre de 2021. En total fueron acreditadas 365,62 hectáreas.
Venezuela hacia el eje occidental cuenta con 39 millones 924.000 hectáreas localizadas entre los diferentes sistemas montañosos, Sierra de Perijá, Cordilleras de Los Andes y de La Costa y las estribaciones serranas que estructuran los sistemas montañosos bajos y medios de Falcón, Lara y Yaracuy.
Sus suelos han sido clasificados por su capacidad de uso agropecuario y por los problemas de altas pendientes y con severas o fuertes limitaciones debidas a erosión hídrica, razón por la cual deben ser destinados a usos conservacionistas, recreacionales y/o turísticos mediante programas de reforestación y manejo integral de cuencas hidrográficas, revelan los investigadores Edgar Jaime, Yalitza Ramos y otros en el estudio “Propiedad de la tierra y la seguridad alimentaria en Venezuela”.
En la reserva del medio silvestre están establecidas especies madereras como samán, ceiba, roble, quipito, cedro, taparo, bucare, entre otras que se encuentran en veda y regulación especial, muchas de ellas taladas y quemadas.
Eduardo Linarez, ingeniero agrónomo, asegura que el desastre ambiental abarca todo el sistema hidrográfico de la zona que colinda con el municipio Bolívar del estado Yaracuy e incluso la zona de reserva del río Tocuyo.
El caso Barimisagua cursa en tribunales agrarios de la entidad con dos medidas penales precautelativas: una orden de desalojo de los ocupantes y sentencia de medida de protección sobre la reserva de medios silvestres El Hierro.
Las demandas corren por los Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Falcón. Exp. N.° 138-2022 y Tribunal Segundo de Control Estadal y Municipal de la Circunscripción Judicial Penal del estado Falcón causa N.° 2CO-7690-2020, así como por la Fiscalía Décima Cuarta del estado Falcón expedientes MP-313572-2019 y MP-23372-2020 y Fiscalía 87 Nacional de Defensa Ambiental del Ministerio Público exp. MP-104673-2022.
INTI: El gran responsable
Dentro de la reserva de medios silvestres y el fundo Barimisagua hay asentadas más de un centenar de familias a las cuales el Instituto de Tierras debe dar respuesta en reubicación en lotes de tierras baldías o protocolizadas como propiedad del ente fiscalizador y con el cuidado de que no tengan una condición ambiental.
Linarez dejó en claro a Crónica. Uno que “el INTI ampara todos estos casos en nombre de la revolución campesina sin ver los procedimientos de ley”. Entre otros cargos que ha detentado el dos veces diputado de la AN entre 2015 y 2021, están los de coordinador regional INTI Yaracuy entre 2002 y 2004, secretario de la presidencia del INTI 2013, miembro principal directorio INTI entre 2013 y 2016 y gerente técnico en el año 2016.
En el oriente de Falcón hay “movimientos campesinos” de boca que se han dedicado a realizar estas acciones, la mayoría no cuenta con registros.
Alexis Algarra los clasifica como Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) que amenazan, atacan, intimidan y ven a las unidades de producción como una “gran piñata, una gran rebatiña a la cual deben echar mano”.
El militante del PSUV, Linarez, asegura que el objetivo es político. Esto lo hacen “con fines de crear una matriz de opinión en función de una situación política. En nombre de Zamora y la revolución”.
Los colectivos agrarios del oriente de Falcón señalados de realizar actos fuera de orden legal son: Frente Zamorano, Robert Serra, José Leonardo Chirino, Esperanza Zamorana y Che Guevara.
En estos casos hay responsabilidad penal y administrativa sobre quienes han realizado los actos contra el ambiente y los recursos no renovables y quienes desde las Oficinas Regionales de Tierra (ORT) han realizado los informes técnicos.
Otras ocupaciones
El Centro de Investigaciones Agroalimentarias contabiliza unos 10 conflictos de ocupaciones ilegales de parte de colectivos de campesinos.
La cuenca lechera de Yaracal es una de las más significativas. Pero en Dabajuro se registran dos casos. En Palmasola tres, El Fundo El Carmen y La Belleza en Tucacas, y uno en el municipio Unión.
Yasmerys Palencia es la asesora legal del fundo El Paramito, parroquia El Charal del municipio Unión, y denunció que la dueña de la finca fue atacada y amedrentada por miembros del colectivo Juan Bautista Chirinos.
Las intervenciones en El Paramito iniciaron el 26 de diciembre del año 2021, cuando se impidió que el colectivo Juan Bautista Chirinos invadiera el fundo. Los primeros conatos de invasión comenzaron el 8 de diciembre, cuando picaron alambres e ingresaron en la unidad de producción y destruyeron cuatro hectáreas de caraotas y siete de maíz sembradas.
El día 12 de diciembre durante la noche desmontaron parte del pulmón vegetal del fundo y al día siguiente pretendían armar ranchos. Esto se pudo evitar y se denunció al Minec que se trasladó el 18 para realizar la inspección, informó Palencia.
La abogada reportó que el 26 de diciembre lograron picar los alambres del lado norte e intentaron sacar el ganado. Los trabajadores dieron parte. Su dueña fue sometida por cuatro hombres y una mujer de apellido Chirinos que “casi la matan”.
Este caso reposa en los organismos jurisdiccionales como la Fiscalía Segunda por el delito de lesiones y agavillamiento expediente MP-259403-2021 y en la Fiscalía 14 con competencia en delitos ambientales MP- 30036- 2022, así como Fiscalía Cuarta MP-251602-2021 delito imputado por invasión.