“Además de la ruina económica, porque sigo arrastrando créditos e hipotecas, tengo una frustración enorme. Me han arruinado la vida, a mi a muchísimos otros ganaderos, y lo han hecho a propósito, que es lo que más me jode”. A Jordi Pujol, un joven estanciero dedicado a la producción de leche, le hierbe la sangre. El negocio familiar que heredó en 2010, una pequeña explotación de vacas, echó el cierre tras una inversión de cerca de 800.000 euros. “Modernicé las instalaciones, las saqué del pueblo y las llevé a una zona más alejada y de montaña. Yo sabía que iba a ser duro, al menos los primeros años, pero empezaron a venir pérdidas y tuve que ir recortando gastos, hasta que cerré. Pensaba que era una cuestión del mercado, como cuando quebró el sector textil, pero al poco tiempo, en 2018, me enteré de que un cartel de cinco o seis empresas ha estado cerca de 15 años pactando los precios de compra, incluso por debajo de producción”, narra.
La historia de Jordi es la de miles de ganaderos que en la última década terminaron arruinados por culpa de sus propios compradores. Así lo dictó en 2019 la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) y así lo ha corroborado esta semana el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Durante más de una década, ocho compañías acordaron los precios de la leche a nivel estatal y se repartieron el mercado de tal forma que los productores apenas pudieron obtener beneficios.
Lácteas de Galicia (AELGA), Calidad Pascual (antes Grupo Leche Pascual S.A.), Central Lechera de Galicia (CELEGA), Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA), Danone, el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (GIL), Grupo Lactalis Iberia, Nestlé España, Industrias Lácteas de Granada (Puleva) y Schreiber Food España (antes Senoble Ibérica) son las empresas citadas por la CNMC en una lista de la que terminaron saliendo otras tantas comercializadoras tras haber prescrito su mala conducta.
“El cártel ha sido una de las principales causas del cierre de decenas de miles de granjas”
“Esto empezó porque, en 2013, un grupo de ganaderos navarros denunciaron a las principales industrias lácteas por formar un cártel. Es decir, las compañías, que estaban por ley obligadas a competir entre sí, se pusieron de acuerdo para pactar precios y para repartirse el mercado, llegando a dividirse el territorio. De esta forma, los ganaderos no tenían capacidad de encontrar clientes para vender su leche en su zona a precios diferentes. Estaban totalmente cautivos”, explica Andoni Llosa, experto en Derecho de la Competencia de Redi Abogados, bufete que está llevando más de mil casos de afectados por esta alteración del mercado. “Habitualmente los cárteles operan para vender, pero en este caso, lo llamativo es que lo hacían para comprar. Creemos que esta puede haber sido una de las principales causas del cierre masivo de decenas de miles de granjas. Hemos pasado de 60.000 explotaciones lecheras a principios de siglo a unas 10.000 actualmente”, indica el abogado.
Las compañías, según la CNMC, intercambiaron información a nivel nacional y regional sobre los precios del producto lácteo, sobre los excedentes de los ganaderos, los volúmenes de compra y hasta la identidad de los productores. Después, consensuaron una estrategia para controlar el mercado y evitar que los granjeros no tuvieran apenas alternativas para encontrar precios de venta diferentes. Todo ello se traduce en la falta de libertad de los ganaderos para fijar y negociar el precio de sus productos y a la empresa a la que lo suministraban. Todo ello en una coyuntura de mercado difícil donde, en condiciones normales, los productores ya disponen de un margen estrecho de negociación, ya que se ven obligados a dar salida la leche para poder conservar su cuota láctea.
“Lo único que quiero es que paguen por el daño que han hecho”
“Era mi vida y se lo han llevado todo”, lamenta Pujol. “Aquí en la comarca del Ripollès no queda nadie. Las lecheras han ido cerrando poco a poco o han cambiado el negocio porque no salía a cuenta vender esos precios. Lo único que quiero es que paguen por el daño que han hecho, se han enriquecido a costa de gente trabajadora.
“Nosotros no tuvimos que cerrar. Tuvimos algo de suerte porque tenemos mucha tierra y teníamos más cabezas de ganado. Engordamos a las vacas y enfocamos el asunto de otra forma”, comenta Eliseo Cebreiro, dueño de una explotación asentada en San Sadurniño (A Coruña). Tras una década arrastrando pérdidas en la producción, no hay muchas esperanzas en doblegar a los cartelistas, manifiesta, a pesar de que la CNMC emitió una sanción de 80 millones de euros que todavía debe ser ratificada por la Audiencia Nacional y, en caso de recurso, por el Tribunal Supremo. “Esas multas las vamos a pagar nosotros, los ganaderos. Nos van a bajar el precio de compra de la leche y con los beneficios que aumenten las van a pagar”, gruñe el estanciero gallego.
Pese a su desánimo, el camino judicial todavía deja lugar para el optimismo. La sentencia del Tribunal Europeo, aunque no estipula una indemnización para los afectados, alarga en cinco años el periodo que los ganaderos tendrán para poder reclamar ante la Justicia y esa es una novedad que podría relanzar el caso en España. “Muchos pensaban que ya había vencido el plazo y esto cambia el panorama. Nosotros tenemos ya 1.126 casos y en total hay en torno a 3.000 reclamaciones. Ahora podría aumentar el número”, advierte Andoni Llosa. Y es que, además de la sanción de la CNMC, los letrados ya trabajan caso por caso para solicitar una compensación por daños. “Es gente que ha perdido muchísimo dinero. De media, unos 320 millones por explotación, a lo que hay que añadir los intereses que elevarían la factura entre un 55% y un 65%, estima el jurista de Redi Abogados.
“Mientras reducíamos gastos, ellos aumentaban beneficios y se ponían de acuerdo para pagarnos como les daba la gana”
A Eliseo no le compensa ponerse a echar cuentas. “Cómo me ponga ahora a calcular me explota la cabeza, pero te digo que producíamos entre un millón y un millón seiscientos kilos de lecho al año y nos pagaban entre tres y cuatro céntimos por debajo de coste”, detalla. “Mientras nosotros apretábamos y reducíamos gastos, ellos aumentaban sus beneficios y se ponían de acuerdo para pagarnos como les daba la puta gana. ¿Negociar? Eso nunca ha existido, lo que había eran imposiciones. Yo entiendo que un contrato consiste en que las dos partes lleguen al mismo punto, pero aquí no ocurría, tu vendías a su precio sí o sí, porque cambiar de empresa era prácticamente imposible”.
“Estuvieron llevando los precios muy al límite y casi siempre por debajo de coste. Algunos intentamos hacer cooperativas para sacar la producción con un poco más de precio, pero es muy difícil”, cuenta Pujol, en referencia a lo concentrado que está el sector. “La leche es un trabajo muy sacrificado, ordeñas dos veces al día y casi todos los días de la semana. Si no se compensa como se debe, la gente acaba abandonando o arruinándose”.
