Coneval e Inegi reportan incrementos de precios de los productos de la canasta básica. Es momento de revisar y evaluar los resultados del programa antiinflacionario del gobierno federal. La carrera de los precios sigue descontrolada, lesionando la capacidad de compra de todas y todos, pero los más afectados son los más pobres.

La gente aguanta, soporta sacrificios y carencias, pero si se vulnera su capacidad de compra, si se afecta su bolsillo, su malestar se manifiesta en contra del gobierno. La carestía, con la consecuencia de que no alcanza el dinero para la comida, se convierte en conflicto social. Si el gobierno no pone en juego medidas serias y mecanismos operativos efectivos va a sufrir el agravio popular y experimentará un severo desgaste político. La inflación es el gran disolvente de la política.

El programa antiinflacionario es un catálogo de buenas intenciones. La única medida efectiva es el control del precio de las gasolinas. No cuenta con un objetivo definido ni estrategia específica. A mi juicio, hace falta un programa de fomento para la producción de básicos y una mecánica inteligente de distribución. En realidad, no existen compromisos concretos entre la iniciativa privada y el presidente de la República; además, el gobierno no tiene instrumentos operativos para enfrentar y evitar la escalada de precios.

A pesar de la buena voluntad política del presidente, el organismo que creó para lograr la autosuficiencia alimentaria, similar a la Conasupo, instrumento del nacionalismo revolucionario, resultó un fracaso institucional cuatro años después. Diconsa y Liconsa son verdaderos fantasmas inoperantes: tiendas sin abasto y lecherías sin leche. Seguimos siendo importadores de maíz y leche en polvo cuando deberíamos producirlos. No es tarea fácil. Es compleja, pero es responsabilidad gubernamental y se tiene que asumir. A todas y a todos nos conviene el éxito de esta cruzada, vamos en el mismo barco. Apoyemos con algunas ideas concretas que puedan funcionar:

• Reconvenir con la iniciativa privada acuerdos y compromisos que se cumplan y no dejarlos al aire ni a la buena voluntad de las circunstancias. Son 24 productos que se pueden someter a un estricto apoyo y vigilancia para estabilizar sus precios por un semestre.

• Facilitar la importación, en coordinación con la iniciativa privada, de aquellos productos deficitarios de la canasta básica e integrar un inventario estratégico para evitar la compra a precios que pueden elevarse peligrosamente por su escasez en el mercado mundial.

• Reestructurar Segalmex a fondo. Diconsa, Liconsa y el área de precios de garantía no cumplen con su objetivo. Hay desabasto de productos. No hay maíz, frijol ni leche.

• Poner en marcha el Programa Nacional de Afiliados de Productores de Maíz y Frijol del Sur-Sureste. Establecer como política pública contratos de coproducción agrícola entre gobierno y afiliados. En este esquema el gobierno debe proporcionar los siguientes apoyos: compromiso de compra, asistencia técnica, 25 por ciento de anticipo como capital de trabajo, paquete tecnológico gratuito que incluye fertilizante sin costo (50 por ciento químicos y 50 por ciento orgánicos) y precio de garantía sustentable.

• Operar el Programa de Apoyo a la Agroindustria Orgánica con la política de coproducción y corresponsabilidad productiva entre gobierno y productores. El gobierno utilizará su capacidad de compra para otorgar un anticipo de 25 por ciento como capital de trabajo. Con este sentido práctico se fomentará la producción de abono orgánico y se iniciará en el campo una nueva cultura agrícola que produzca salud y no muerte.

• Poner en funcionamiento el Programa de Centros de Acopio. Construir o rentar bodegas prefabricadas para la compra de granos y con ello hacer efectivos los precios de garantía. Con el apoyo de gobernadores y presidentes municipales, el gobierno puede instalar más de 500 bodegas en las zonas productoras de maíz y frijol.

• Echar a andar el Programa de Almacenes de Mayoreo con el sistema de ventas de medio mayoreo y con presentaciones pequeñas, para que el consumidor tenga acceso a una mayor variedad de productos con su modesta capacidad de compra. En su tiempo, la Impulsora del Pequeño Comercio, ya desaparecida, instaló más de 300 grandes bodegas en todo el país, mismas que dieron extraordinarios resultados al llevar gran cantidad de productos a los pequeños comercios y a los consumidores organizados en el Programa de Autogestión.

El gobierno puede concretar acuerdos con la iniciativa privada para que participe en este esquema de comercialización, el cual no ocasionaría pérdida alguna a los empresarios porque se trata, simple y sencillamente, de aprovechar las ventajas de las compras al mayoreo y traducirlas en ventas con precios de medio mayoreo de los artículos que integran la canasta básica. Este sistema comercial representaría ahorros muy importantes para los consumidores.

• Convenios entre el gobierno y las grandes comercializadoras del país (Walmart, Chedraui y otras) para que compren productos básicos a productores regionales a precios razonables. De esta forma, se evitarían la intermediación y el sobreprecio por el turisteo de los productos del centro, norte y noroeste a los estados del sur-sureste, además de fomentar el desarrollo regional. La Meseta Comiteca produce aguacate, limón y tomate entre otros productos y no tiene acceso fácil a estas empresas. Es víctima de la distorsión del mercado nacional en perjuicio de los productores y en beneficio de los intermediarios.

En fin. Estas son algunas propuestas de un ciudadano que quiere que su país salga adelante y que el gobierno tenga éxito en la batalla para controlar la inflación. Un granito de arena, un suspiro al aire.

Roberto A. Albores Guillén es exgobernador de Chiapas.