Nueva Zelanda será el primer país en gravar a los agricultores por las emisiones del ganado. El plan del Gobierno será debatido con el sector hasta finales de año. La medida es de gran relevancia debido al peso del sector en la economía.

El país de los cinco millones de habitantes y 36 millones de ovejas y vacas ha presentado un plan pionero contra las emisiones agrícolas. Nueva Zelanda impondrá a partir de 2025 un impuesto a los eructos y las flatulencias de los bóvidos para intentar reducir los gases de efecto invernadero que produce el metano que generan estos animales.

La primera ministra, Jacinda Ardern, ha difundido este martes un comunicado en el que apenas hay detalles sobre el plan; no precisa cuánto espera recaudar ni detalla cómo se aplicará el gravamen o la forma de medir las emisiones.

El Gobierno mantendrá reuniones con los agricultores hasta el 18 de noviembre para perfilar la medida. La hoja de ruta del Ejecutivo de Wellington pasa por aplicarla desde 2025 y forma parte de la promesa de alcanzar la neutralidad de emisiones contaminantes en 2050.

El país oceánico lucha por combatir los efectos de la crisis climática y se convertirá en el primer país en que los agricultores paguen por las emisiones del ganado. Casi la mitad de las emisiones del país proceden del sector agrícola, principalmente del metano generado por los 26 millones de ovejas y 10 millones de vacas.

Un sector de mucho peso en la economía

La medida tendrá gran relevancia debido al peso del sector agrícola en la economía: representa el 10% del Producto Interior Bruto (PIB) neozelandés y el 65% de los ingresos del país por exportaciones.

Impulsada también por la alianza de asociaciones del sector primario He Waka Eke Noa, la propuesta incluye incentivos para los agricultores que reduzcan las emisiones, que podrán compensarse mediante la plantación de bosques. En concreto, el dinero recaudado será devuelto a la industria mediante la financiación de nuevas tecnologías, investigación e incentivos para los trabajadores del campo. “Ningún otro país del mundo ha desarrollado aún un sistema para fijar precios y reducir las emisiones agrícolas, por lo que nuestros agricultores se beneficiarán de ser los primeros en actuar”, apunta Ardern.

Pero el plan no convence a todas las asociaciones de agricultores. Hay quien considera que esta política provocará una reducción en el número de granjas de vacas y ovejas en el país. La asociación neozelandesa Federated Farmers, uno de los principales grupos de presión de la industria, respondió en un comunicado recogido por Efe que este proyecto gubernamental “acabará con las zonas rurales de Nueva Zelanda” y verá como las granjas son reemplazadas por plantaciones de árboles.

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