Transcurridos más de dos meses de medidas de fuerza de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) en las plantas de producción y centros de distribución de la cooperativa SanCor, que paralizaron la actividad mediante la realización de asambleas por turnos, la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello dictó la conciliación obligatoria en este conflicto.
Desde las 20 horas del 22 de diciembre y por el término de quince días, las partes deberán retrotraerse a la situación existente con anterioridad al conflicto, ajustándose al artículo 11 de la 14.786
Los trabajadores deberán dejar de lado toda medida de acción directa y retomar el normal desempeño de sus labores. Mientras que la patronal no podrá tomar ninguna represalia contra los empleados y deberá asignarles las tareas habituales a los empleados.
De no cumplir con los que intima la norma, las partes recibirán las sanciones contempladas por la ley y se iniciarán los procedimientos previstos por la legislación vigente.
La ministra, a través de la resolución, exhorta a las partes en conflicto a “mantener la mejor predisposición y apertura para negociar los temas sobre los cuales mantienen diferencias y contribuir, de esa manera, a la paz social y a mejorar el marco de las relaciones laborales en el seno de la empresa involucrada”.
El conflicto entre Atilra y SanCor data de 2017 cuando ambos acordaron un esquema de saldo de la deuda que la cooperativa mantenía con los trabajadores. Pero el telón de fondo es el intento de constitución de un fideicomiso integrado por varios empresarios para quedarse con SanCor que promovía el sindicato pero que fracasó el pasado 15 de noviembre después de dos años de negociaciones frustradas. Autoridades técnicas rechazaron los números y avales de este fideicomiso que incluía el despido de 899 empleados de la cooperativa.
SanCor presentó el mes pasado el detalle de montos y fechas de pago para saldar la deuda con los trabajadores pero, según indicaron, el sindicato no les trasladó la propuesta a sus socios y los presionó para que continúen con las medidas de fuerza que paralizaron la actividad de la empresa y a las que muchos de ellos ya no querían adherir, según declararon los mismos a sus empleadores.
“La excusa esgrimida por el sindicato es la regularización de cuestiones salariales cuando, en realidad, es la no concreción del proyecto del fideicomiso de administración que el gremio impulsaba de la mano de empresarios, que no tenía ni la capacidad económica, ni de gestión, para un negocio de esta importancia, y en el cual el gremio aspiraba a participar en su dirección”, sostuvieron desde la Dirección de SanCor.
“De manera sistemática, durante todo el proceso de aprobación del fideicomiso, el sindicato ejerció presión desmedida sobre SanCor, para forzar decisiones y acciones. Así lo hizo en diciembre de 2021, en enero de 2022, de octubre de 2022 a enero de 2023 y en marzo y abril de 2023. En cada una de esas oportunidades, realizó medidas de fuerza bajo la excusa salarial para avanzar sobre las legítimas decisiones de los cooperativistas”, señaló la empresa.
“Lo que el sindicato no puede explicar es porqué avalaba el plan de los empresarios interesados (fideicomiso), que dejaba de lado a cerca de 1.000 empleados del total de la plantilla laboral de SanCor”, indicaron desde la cooperativa.
“Las autoridades sindicales se negaron sistemáticamente a dialogar con las autoridades de SanCor -los pedidos de reunión, formales e informales, fueron varios- impidieron la gestión de los procesos industriales al personal no sindicalizado y fueron limitando de manera progresiva la presencia de productos en el mercado”, repasaron.
“El plan del sindicato atenta contra la libertad de la cooperativa y también de los mismos empleados que manifiestan su voluntad de trabajar. A tal punto llega la desmesura de las acciones emprendidas, que SanCor se vio forzada a desechar 100.000 litros de leche, de derivar materia prima hacia otros destinos industriales, de desabastecer el mercado y, como hecho reciente destacado, de cerrar definitivamente la actividad en la planta ubicada en San Guillermo, Santa Fe, por las medidas de fuerza implementadas por Atilra”, recordó la empresa.
SanCor hizo público y oficializó ante el Ministerio de Trabajo un plan para la regularización salarial que se esgrime como motivo del conflicto. No obstante, desde la cooperativa aseguran que el sindicato “no sólo no consideró la propuesta, que recupera rápidamente las diferencias existentes, sino que comunicó al personal que no había ninguna propuesta”, contaron.
“La propuesta sigue abierta y a disposición de los empleados; sólo es necesario retomar la actividad para que haya producción, distribución y comercialización de productos. Hoy, la capacidad de pago de salarios por parte de la empresa se ve limitada, de manera creciente, como consecuencia de las medidas de fuerza gremiales”, dijeron hace unas semanas los directivos.
Ahora, ante la falta de acuerdo y los perjuicios causados por la paralización de una producción tan sensible como la láctea, que podría derivar en consecuencias aún peores, con cierre definitivo de plantas y pérdidas de puestos de trabajo, el gobierno nacional obliga a las partes a volver a foja cero y sentarse a dialogar. Tienen quince días para hacerlo. Habrá que ver cómo finaliza este nuevo capítulo de una larguísima disputa que está llevando al borde de la cornisa a una legendaria cooperativa lechera, en los primeros días de enero. Desde el sector lácteo, se sostiene que es precisamente la quiebra de la cooperativa, a lo que apunta el titular de Atilra como paso previo para quedarse con la empresa luego del fracaso del fideicomiso.
