La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) reclamó “transparencia total” sobre los 45.000 millones de euros anunciados por la Comisión Europea como adelanto de la Política Agraria Común (PAC) para el período 2028-2034 y reiteró su oposición al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur.
El secretario general de COAG, Miguel Padilla, expresó un fuerte escepticismo frente al anuncio realizado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al considerar que “la expulsión del mercado por la competencia desleal de las importaciones sin control de los países de Mercosur no se evita con dinero”.
Según la organización, el monto difundido en la antesala de una reunión extraordinaria de ministros de Agricultura de la Unión Europea y en pleno avance de las negociaciones comerciales con Mercosur requiere explicaciones claras sobre su origen, condiciones y destino real. COAG sostiene que el sector agrario europeo no necesita anuncios políticos, sino compromisos verificables que garanticen el futuro de la PAC y del modelo productivo comunitario.
La entidad agraria alertó que el anuncio podría estar orientado a desactivar el malestar de agricultores y ganaderos ante la posible firma del acuerdo UE-Mercosur, al que consideran una amenaza directa para la viabilidad de miles de explotaciones. En ese sentido, Padilla afirmó que “la Comisión Europea no puede cambiar vacas por coches y llamarlo progreso”, al denunciar que el sector primario sería utilizado como moneda de cambio para favorecer intereses industriales.
COAG remarcó que el sistema agrícola y ganadero europeo se basa en exigencias estrictas de sostenibilidad, bienestar animal, calidad y seguridad alimentaria, estándares que —a su juicio— no se garantizan en las importaciones provenientes de Mercosur. Por ello, advirtió que los fondos anunciados no compensan los riesgos estructurales que implicaría el acuerdo comercial ni evitarían la pérdida de tejido productivo y rural en la Unión Europea.
Finalmente, la organización reiteró su rechazo a la ratificación del tratado y reclamó a los gobiernos nacionales, en especial al español, que bloqueen su aprobación. COAG exigió a Bruselas poner fin a lo que calificó como “la ceremonia de la confusión” y brindar información precisa para evitar que los fondos anunciados se utilicen como argumento político para legitimar un acuerdo que el sector considera perjudicial.
