A Montevideo habían llegado dos importantes autoridades del gobierno de Nicolás Maduro: el ministro de la Seguridad y Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio, y el ministro de la Banca Pública venezolana, Rodolfo Marco Torres.

Esos acuerdos formaron parte de un Memorándum de entendimiento firmado por ambos países los días 6 y 7, que desde hace varios meses es buscado en varias dependencias del Estado por una serie de productores lecheros, mientras esperan poder terminar de cobrar parte de las deudas que Venezuela tiene con ellos.

A fines de 2018, luego de preguntar en varias instituciones públicas, el productor Justino Zavala decidió iniciar el camino legal e ingresó a la Presidencia de la República una solicitud de acceso a la información pública en la que pidió conocer el “Texto completo del Memorándum de entendimiento firmado en 2015 entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela”. La respuesta le llegó prácticamente un mes después, a través de una resolución firmada por el prosecretario Juan Andrés Roballo, en la que le solicitaba un mayor plazo “a los efectos de la búsqueda de la información solicitada”.

Zavala esperó otro mes y el 18 de febrero recibió una respuesta que lo sorprendió. La resolución firmada por el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, y que está disponible en la web oficial, señalaba que ese año no se había firmado “ningún memorándum” entre ambos países sino “un acuerdo entre ambos países que estableció la cancelación de un crédito de Venezuela por la compra de crudo; y a su vez, el compromiso de Venezuela de utilizar ese dinero para el pago a exportadores, específicamente en el sector alimentario”.

El productor decidió entonces hacer otra solicitud y pedir el “texto completo” de los acuerdos comerciales firmados con Venezuela. La semana pasada, Toma volvió a contestarle y le dijo que su pedido “no se vincula a las competencias institucionales de la Presidencia de la República” y le recomendó que acudiera al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Zavala le hizo caso y reiteró la solicitud a la Cancillería, que le contestó el 25 de marzo a través de la Dirección de Tratados, la cual señaló: “luego de revisar nuestro archivo, del mismo surge que en julio de 2015, solo se realizó una declaración conjunta por los mandatarios de Uruguay y Venezuela”.

La declaración a la que hace mención fue suscripta el 17 de julio en Brasilia por Vázquez y Maduro en una reunión bilateral durante la Cumbre Presidencial del Mercosur. En el documento acordado, los presidentes convinieron impulsar la “comercialización de 265 mil toneladas de alimentos de diferentes rubros, en el esquema del precio justo, en aras de asegurar la alimentación del pueblo venezolano”.

Unas semanas antes, Vázquez había dicho que el envío de los alimentos comenzaría de forma inmediata. Amparados en estos acuerdos, entre setiembre y noviembre Calcar, Claldy, Conaprole y Pili, realizaron exportaciones a Venezuela por US$ 66 millones, pero comenzaron a tener dificultades para cobrar sus ventas.

Las deudas enfriaron las relaciones entre los estados que llevó a que Vázquez hablara por teléfono con Maduro sobre y a que la cancillería hiciera gestiones.

La situación generó que el 17 de marzo de 2016 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) enviaran al Parlamento un proyecto de ley para crear una línea de crédito blanda que permitiera “encontrar soluciones a la situación generada con las empresas lácteas que han exportado en el marco del Memorándum de Entendimiento de fecha 6 y 7 de julio de 2015” entre Uruguay y Venezuela, ante el “no pago por parte de Corpovex de las exportaciones”, según señala la exposición de motivos.

El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, fue el 14 de abril a la Comisión de Hacienda del Senado a explicar la propuesta y volvió a señalar que las exportaciones se habían realizado “en el marco del memorando de entendimiento que firmaron ambos gobiernos”. En una comparecencia previa, el diputado nacionalista Jorge Gandini le había pedido el documento, y Ferreri le había dicho que haría gestiones para que le llegara a los legisladores. Tres años después, Gandini dijo a El Observador que “nunca” vio el memorándum.

La ley terminó aprobándose el 17 de mayo, cuando Venezuela ya había pagado los casi US$ 30 millones que le adeudaba a Calcar, Pili y Claldy.

En tanto, la deuda con Conaprole se mantiene. El último pago se realizó a fines de diciembre, cuando el gobierno de Nicolás Maduro depositó unos US$ 8,7 millones en el banco Bandes Uruguay, a cuenta del resto de la deuda que ronda los US$ 39 millones. Los productores esperan recibir un nuevo pago a la brevedad, aunque algunos ya han manifestado su intención de que la cooperativa le haga un juicio al Estado por la deuda.