La alta concentración de este metal en las aguas subterráneas de la región semidesértica, afectada por la reciente sequía y habitada por un 1.6 millón de personas en nueve municipios de Coahuila y Durango, data oficialmente desde la década de los 70-80. El 66 por ciento de los pozos que abastece a Torreón, Coahuila, rebasa los niveles de arsénico permitidos por la NOM-127-SSA1-1994, de acuerdo con datos del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento local (SIMAS).

La población, principalmente de los ejidos, ha registrado cáncer, amputaciones y diabetes, enfermedades relacionadas con el consumo de agua con arsénico como muestran estudios que pueden consultarse aquí y acá.

Este domingo el Presidente Andrés Manuel López Obrador viajará a Torreón para dialogar con los gobernadores de Coahuila y Durango, Miguel Ángel Riquelme y José Rosas; con Eduardo Tricio, el presidente de Grupo Lala (la región es líder en producción lechera) y con quienes llamó “adversarios” de la potabilizadora y acueductos con una inversión de 11 mil millones de pesos. “No vamos a dejarla inconclusa ni vamos a desperdiciar los recursos”, aseguró.

Sin embargo, quienes presentaron el amparo en mayo pasado y el Juzgado Séptimo de Distrito en La Laguna les dio la razón por vulnerar diversas disposiciones legales como el decreto de creación del Parque, los Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial del municipio de Lerdo, Durango, y las disposiciones de la Convención Ramsar, son ciudadanos de la organización ambiental Prodefensa del Nazas.

“La causa de que haya arsénico en el agua que bebemos es la sobreexplotación de los mantos acuíferos y el control de los ríos que empezó desde 1947 con la construcción de la presa en el río Nazas”, dijo el director de la organización Francisco Valdés Perezgasga. “Creemos que para resolver el problema de salud pública se deben atacar las causas y no con el mismo esquema que lo creó, es decir, la extracción del agua de los sistemas; el megaproyecto busca extraer agua del río, potabilizarla y darla a la población”.

En la región hay 2 mil 600 aprovechamientos de agua subterránea. De ellos se extraen 931 millones de metros cúbicos anuales, mientras que sólo se recarga con lluvia 519 millones m3, es decir, se saca casi el doble de la que se repone naturalmente. El nivel del acuífero ha descendido 100 metros en el último siglo a una tasa de dos a tres metros cúbicos anuales, ha documentado la Conagua que se comprometió a concluir el proyecto a finales de 2023.

El estudio “Los millonarios del Agua” publicado por la Universidad Autónoma de México (UAM) señala a Grupo Lala, líder en la Laguna, como uno de los 3 mil 304 grandes usuarios privados que acaparan las concesiones otorgadas por la Conagua. José Manuel Tricio Cerro cuenta con 3.8 hm³/año de agua al año a su nombre.

La abogada Migdy García Vargas, especializada en sobreexplotación y contaminación del agua en la Región Lagunera, afirmó que este proyecto se plantea como garante del derecho humano al agua consagrado en el artículo 4 constitucional, pero hay que analizar su causa: que las autoridades permiten extraer más de lo permitido.

“Hace bastantes años se podía perforar a siete metros y se encontraba agua en la región Lagunera, pero ahora se perfora hasta 500 metros y más y no se encuentra, lo que provoca que al extraerla a un nivel mucho más profundo contenga elementos como el arsénico más concentrados”, explicó la directora del Observatorio Socioambiental de la Universidad Iberoamericana en Torreón.

PIDEN VIGILAR AGROINDUSTRIA

La organización Prodefensa del Nazas plantea que el proyecto “Agua Saludable” pretende potabilizar 200 millones de metros cúbicos al año de los cuales, según sus cálculos, sólo el 5 por ciento sería para beber y cocinar y el resto se iría al drenaje luego de bañarse o se perdería en fugas por la falta de mantenimiento a los sistemas municipales.

Por ello las propuestas alternativas de la organización que interpuso el amparo son vigilar que la agroindustria (como la lechera) extraiga sólo los volúmenes de agua que tienen permitido; operar las presas del río Nazas para soltar el agua para que se recargue y equilibre el manto acuífero diluyendo el arsénico; y mientras subsidiar garrafones a la población.

“Mientras este robo de los grandes intereses corporativos no se ponga en la mesa, no habrá una solución”, afirmó el director de la organización, Francisco Valdés Perezgasga. “Sería muy decepcionante que este Presidente, que dice no temerle a los intereses corporativos, vaya a ceder”.

La organización ambiental fue la que también logró que en 2004 se decretara como Área Natural Protegida (ANP) el Parque Estatal Cañón de Fernández. Desde 2008 además es de importancia internacional por parte de la Convención Ramsar. En sus 17 mil hectáreas de sierra semidesértica atravesada por el río Nazas habitan más de 570 especies diferentes de flora y fauna, incluyendo al menos 20 en alguna categoría de riesgo como cactáceas y el pez cachorrito del Nazas.

“Tenemos mucho interés en la conservación de este último tramo de río vivo que tenemos en la Comarca Lagunera, pero el proyecto plantea construir una represa derivadora y una estación de bombeo dentro de la ANP. Ahí no se puede construir”, dijo Valdés Perezgasga.

Este domingo en que se reunirán con el Presidente López Obrador intentarán persuadirlo y le aclararán que “no somos opositores al régimen como lo ha dicho, sino que lo que nos mantiene unido es la defensa del río Nazas y el cumplimiento de la Ley que se está violando con el proyecto”.

La abogada Migdy García Vargas, del Observatorio Socioambiental de la Universidad Iberoamericana en Torreón, también convocó al diálogo con los ejidatarios, los más afectados, para encontrar la solución sustentable.