Alejandra Bada Vázquez es contadora y titular de Lácteos Vidal, una empresa familiar con plantas en Buenos Aires. En los cinco últimos años, se convirtió en una figura conocida por enfrentar públicamente al sindicato lechero Atilra, en medio de un conflicto que incluyó bloqueos, amenazas, usurpaciones y un extenso litigio judicial. El detonante fue el despido de 26 trabajadores, tras una huelga que la empresa consideró ilegal.
El conflicto se desató en julio de 2022, cuando Atilra bloqueó la planta de Moctezuma (Buenos Aires) un lunes crítico para la industria láctea, ya que se acumula la producción del fin de semana. Según los representantes gremiales, el reclamo apuntaba a la recategorización de varios trabajadores y mejoras salariales.
Sin embargo, desde la empresa aseguran que esos pedidos ya habían sido revisados por el Ministerio de Trabajo, que incluso había determinado que algunos empleados estaban sobrecategorizados.
Los manifestantes, según relata Bada Vázquez, impidieron el ingreso de trabajadores, usurparon una propiedad lindera, instalaron carpas, consumieron alcohol en la vía pública y realizaron actos de intimidación como tajeo de neumáticos, amenazas a trabajadores y obstaculización del ingreso de insumos y leche.
La empresa, en ese contexto, optó por intimar a los empleados a regresar a sus puestos. Como no lo hicieron, decidió despedir a 26 de ellos por abandono de tareas y participar de una medida que calificaron como ilegítima
La empresa fue fundada por sus padres, inmigrantes trabajadores, y creció con esfuerzo familiar. “Nosotros vivimos arriba de la fábrica. Somos una pyme de barrio, no una multinacional”, destaca. El vínculo directo con la comunidad y con los empleados hizo que el conflicto tuviera un fuerte impacto emocional y social.
Tras el despido de los trabajadores, la justicia laboral ordenó reincorporarlos de forma cautelar, por considerar que algunos podían tener fueros gremiales. La empresa apeló y se negó a dar marcha atrás. “Nos cobraron una multa diaria por no reincorporarlos, pero no los queríamos adentro. Hacemos alimentos, necesitamos gente de confianza. No podés trabajar con alguien que te bloqueó la fábrica”, señala la contadora.
Hoy, la empresa volvió a funcionar con normalidad. Luego de meses de conflicto, Alejandra y su equipo decidieron cerrar definitivamente la puerta a los trabajadores implicados en el bloqueo y comenzar a reconstruir desde cero. Contrataron nuevo personal, reorganizaron los turnos y reforzaron la seguridad con custodia policial durante las jornadas laborales.
Poco a poco, el clima de tensión dio paso a una nueva etapa, más estable y enfocada en la producción. Procesan alrededor de 150.000 litros de leche diarios y planean retomar exportaciones. “Con esta mafia afuera, es otro clima. La energía cambió. Ahora podemos hablar de producción, no de amenazas”.
El caso de Lácteos Vidal reabrió el debate sobre los límites de la acción sindical, el rol de la justicia laboral y la inseguridad jurídica que enfrentan las pymes. Alejandra, lejos de victimizarse, se define como alguien que se hartó. Pero su historia ya es, para muchos, la de una excepción, una empresaria que se plantó frente a uno de los gremios más poderosos del país y logró seguir en pie.
