El lanzamiento, el viernes pasado, del programa Precios Justos en el Centro Cultural Kirchner (CCK) incluyó una firma simbólica de algunos supermercados y empresas de consumo masivo, que buscó mostrar el acompañamiento del sector privado a los deseos oficiales de ir reduciendo la inercia inflacionaria en los próximos meses. De hecho, el acuerdo ya está vigente -aunque con aspectos a corregir- en las grandes cadenas de supermercados, especialmente en el AMBA. Pero a pesar de que el programa quedó oficializado a partir de una resolución publicada en el Boletín Oficial, que incluyó un anexo con el modelo de acuerdo, la mayoría de las 103 compañías que participan aún no pusieron la firma.
“Estamos atravesando el proceso de implementación. Todavía hay problemas de señalética; no están todos los productos y los acuerdos no terminaron de firmarse”, reconocieron en el equipo económico, mientras que los equipos legales de las compañías remarcan que “así como está, el acuerdo no puede firmarse”, según coincidieron varias fuentes. ¿Cuáles son los puntos críticos? ¿Qué debería modificar el Gobierno para que las empresas no consideren riesgoso firmar, más allá de que cumplan igualmente con lo acordado de palabra?
Pero no sólo esa parte del compromiso que asume el Estado no quedó plasmada en el acuerdo, sino que tampoco el Gobierno apretó el acelerador, por ahora, con la aprobación de las SIRA. Pese a la ansiedad que genera esta situación, las empresas confían en que la flexibilización suceda durante el curso de esta semana y la próxima. Desde una importante firma alimenticia precisaron a Infobae: “El acuerdo tenía dos ejes: el compromiso de la industria de tener los precios fijos de una canasta de productos por 120 días y de que todo el resto no suba más de 4% mensual hasta marzo, y lo que tenía que resolver el Gobierno en materia de importaciones para que podamos producir”.
También preocupa en las empresas que no se haga mención en el acuerdo respecto de un posible cambio en las condiciones macroeconómicas -por ejemplo, una devaluación- en los próximos cuatro meses, que vuelva difícil sostener el congelamiento de precios. En el Gobierno reconocieron que tanto el tema de la importación como la imposibilidad de fijar un mismo precio para todo el territorio nacional fueron problemáticas que plantearon las empresas y sobre las cuales se está evaluando qué hacer.
Respecto de las restricciones a las importaciones y el programa Precios Justos, desde el G6 de Córdoba remarcaron ayer, mediante un comunicado, que son “dos caras del mismo problema”, una crisis del tipo de cambio. “Las empresas se han visto empujadas a negociaciones para congelar precios de productos al mercado interno, tolerando además la falsa acusación de ser las causantes de la inflación. Este solo ejemplo desnuda que ese tipo de condicionamiento es una medida ineficaz y que está destinado a derrumbarse en el corto plazo. Por el contrario, nos encontramos frente a problemas más complejos y profundos, que requieren soluciones decididas y urgentes”, plantearon en el comunicado.
Remarcaron además que “si a este cuello de botella de acceso a la importación de insumos se agrega el preocupante pronóstico de la cosecha de granos por efecto de la sequía, las restricciones de divisas se agravarán aún más y habrá mayores dificultades para producir”. “Frente a la perspectiva de un agravamiento de los problemas mencionados, es imprescindible implementar profundos cambios en el enfoque económico actual que apunten a corregir con mayor firmeza los desequilibrios fiscales y monetarios, reconsiderando la política cambiaria y de precios internos en el marco de un plan integral”, agregó el G6 cordobés.
