El sector alimenticio está que arde y se siguen sumando nuevos frentes de conflicto con el Gobierno. Esta semana fue la extensión del programa Precios Máximos, por 45 días más y sin quitar ningún producto, y el nuevo Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas (SIFIRE), que tiene como objetivo “prevenir engaños en la veracidad de la información que contienen los rótulos o etiquetas”. Ambas medidas se sumaron al Sistema Informativo SIPRE, que ya desencadenó en la presentación de un recurso administrativo ante la Secretaría de Comercio Interior, y por el cual la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) encargó un análisis legal. Y la tensión continúa. Ahora, por la revisión del programa Precios Cuidados, que vence la semana próxima.
Desde que comenzó a decirle a las empresas, a fines del año pasado, que el objetivo era ir desarmando el congelamiento de precios -que rige desde el 20 de marzo de 2020, por la pandemia-, el plan oficial era reforzar Precios Cuidados, el programa que creó el kirchnerismo en 2014 y que desde que asumió el actual Gobierno relanzó con una nueva impronta: menor cantidad de productos pero primeras marcas que fijen valores de referencia para cada categoría. El plan, a mediano plazo, era llegar a una canasta de 2.000 productos.
Pero la inflación no tomó el rumbo que deseaba el equipo económico -el trimestre cerró en torno al 12%, cuando la meta del Presupuesto para el año es del 29%- y el descongelamiento se hace cada vez más difícil. En este contexto, también a las empresas se les complica sostener productos en Precios Cuidados, y los aumentos otorgados desde el Gobierno no cubren ni cerca la suba de costos acumulada entre enero y marzo.
Fuentes de diversas compañías del sector manifestaron a Infobae que hace algunas semanas completaron la planilla que les entregaron desde Comercio Interior con los aumentos de costos y los productos que proponían sumar o quitar, y muchas aún esperan la devolución oficial. De todos modos, en algunos casos ya recibieron el llamado de la secretaría y los aumentos otorgados no superan el 5%. Es más, oscilan entre el 3% y el 5%, cuando para varias compañías los costos treparon 15 por ciento.
Aunque el compromiso asumido es anual, algunas firmas plantearon la necesidad de retirar productos del programa, justamente frente a la imposibilidad de aumentar otros que siguen dentro de Precios máximos. “Ellos no cumplieron con su palabra y ahora dicen que no pueden deslistar porque el tema lo está llevando Guzmán por la evolución del IPC, pero los costos no nos dan para seguir en Precios Cuidados con algunos artículos”, dijeron en una empresa.
La negociación seguirá la semana próxima, pasada Semana Santa. Si bien será complicado para las compañías finalmente dar de baja los productos que desean, tampoco habrá nuevos, más allá del deseo del Gobierno de seguir reforzando el programa de referencia de precios.
Estas discusiones se tornaron más difíciles de lo habitual debido al contexto. Son semanas de fuerte malestar en la industria porque el Gobierno viene anunciando medidas de control prácticamente a un ritmo semanal frente a la aceleración inflacionaria, especialmente en alimentos. El Gobierno no sólo extendió el congelamiento de precios hasta fin de julio, sino que intimó a varias compañías para que aumenten la producción; impulsó la Ley de Góndolas que ya es ley, lanzó el SIPRE y ayer el nuevo Sistema para monitorear el etiquetado (SIFIRE). Las reuniones en la Copal se volvieron recurrentes. Y hoy todo está bajo análisis del estudio de abogados de la entidad.
Respecto del SIPRE, la decisión de los empresarios fue presentar un recurso administrativo, que es la instancia previa a la judicialización, que fue concretada este miércoles. Una vez que la secretaría responda -dando de baja la medida o confirmándola-, el sector tendrá vía libre para dar un paso más, esta vez en la Justicia. “Ya hay más de 20 cámaras sectoriales que se están adhiriendo a la presentación contra el SIPRE. Además, se analizará si es viable legalmente la continuidad de Precios Máximos, y lo mismo con el SIFIRE. La secretaría exige que ningún producto que se lance al mercado puede salir sin su autorización, pero ya existen normas sobre cómo tienen se tienen que aprobar los productos antes de salir a la venta. Sería una duplicación de regulaciones con plazos y criterios distintos, y la decisión es cuestionarlo”, dijo una fuente de Copal.
