Consultado al respecto, Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana, organismo cabeza de Liconsa y Diconsa) indicó a Contralínea que no se iba a pronunciar respecto de estas presuntas irregularidades porque el procedimiento de auditoría se encuentra abierto y se trabaja en solventar las observaciones.
En la tercera entrega de la revisión de la Cuenta Pública 2020 hecha pública el domingo 20 de febrero, el máximo órgano de fiscalización de México encontró que Liconsa habría incurrido en seis presuntos daños patrimoniales multimillonarios. El más oneroso de ellos asciende a 620 millones 559 mil 371.30 pesos y se habría dado “por devengar recursos sin contar con la documentación que acredite la recepción de los servicios de transporte de productos lácteos”.
Ese daño o perjuicio a la hacienda pública se registró en los contratos: PST/955/2020, PST/1180/2020, PST/842/2020, PST/843/2020, PST/851/2020 y PST/899/2020, firmados con Translíquidos Refrigerados López, SA de CV, por 191 millones 86 mil 690.56 pesos; PST/1002/2020, PST/1017/2020 y PST/1182/2020, con una persona física por 90 millones 235 mil 85.51 pesos; PST/957/2020, PST/965/2020 y PST/1004/2020, con Transportes EHL del Centro, SA de CV, por 87 millones 406 mil 397.84; PST/971/2020, PST/972/2020 y PST/973/2020, con Grupo Logística Fros, SA de CV, por 77 millones 860 mil 479.44; PST/961/2020 y PST/1178/2020, con Transportes Tranasa, SA de CV, por 76 millones 256 mil 358.70 pesos; PST/1392/2020, con Auto Líneas Juan Mañón, SA de CV, por 62 millones 602 mil 283.24; PST/967/2020, con Enlaces Terrestres Asociados de Morelos, S de RL de CV, por 20 millones 78 mil 293.58; PST/953/2020 y PST/958/2020, celebrados con Transportes Esdo, SA de CV, por 13 millones 855 mil 969.19; PST/1392/2020, con una persona física, por 1 millón 68 mil 900; y PST/1298/2020, con Transportes The Bimb’s, SA de CV, por 108 mil 913.24.
La empresa de participación estatal mayoritaria –dedicada a la adquisición, industrialización y distribución de leche a precio subsidiado para las familias en condición de pobreza en el país– también fue señalada en el pliego de observaciones 2020-2-08VST-23-0330-06-003, en el cual los auditores presumen un probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública federal o al patrimonio de Liconsa por un monto de 518 millones 422 mil 898.58 pesos.
Al respecto se indica que éste se habría configurado por pagos realizados sin contar con la documentación que acredite la recepción de la leche fresca y los servicios de maquila de secado de la misma. Y los contratos involucrados en este caso son: CADQ/798/2020, CMAQ/969/2020 y CMAQ/970/2020, con ILAS México, SA de CV, por 174 millones 154 mil 943.05 pesos; CADQ/275/2020 y CADQ/2170/2020, con 5 MPS Management, SA de CV, por 122 millones 595 mil 507.87 pesos; CADQ/473/2020, CADQ/838/2020, CADQ/789/2020, CADQ/791/2020 y CM/2954/2020, con Grupo AS2, SA de CV, por 100 millones 202 mil 13.32; CADQ/40/2020, CADQ/841/2020 y CADQ/840/2021, con Comarket, SA de CV, por 70 millones 7 mil 261; y CADQ/790/2020, CM/2952/2020, CADQ/1179/2020 y CM/2157/2020 celebrados con Articuladores de Factores Económicos, SA de CV, por 51 millones 463 mil 173.34. Los pagos se dieron en incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Además, la Auditoría Superior observa un probable daño patrimonial en Liconsa por 293 millones 496 mil 941.53 pesos. Ello, por haber realizado pagos sin contar con la documentación justificativa y comprobatoria que acredite la recepción de los servicios asociados al proceso de producción de productos lácteos y derivados lácteos.
Fueron cinco los convenios generales de colaboración que estarían en este supuesto, firmados con las empresas: Grupo Vicente Suárez 73, SA de CV, por 140 millones 779 mil 841.15 pesos; Pasteurizadora MAULEC, SAPI de CV, por 86 millones 449 mil 480.90 pesos; Distribuidora Mexicana Agronómica, SA de CV, por 51 millones 226 mil 444.64 pesos; Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna, SA de CV, por 10 millones 979 mil 672.84 pesos; y Agua Embotellada Monterrey, SA de CV, por 4 millones 61 mil 502 pesos. Ello, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Otro presunto daño patriomonial ascendería a 60 millones 295 mil 354.77 pesos e implica pagos realizados sin contar con la documentación que acredite la prestación del servicio integral especializado en apoyo a actividades institucionales (conocido como outsourcing). Ello, en relación con el contrato número CSS/028/2020, referente a los esquemas de sueldos y salarios, y asimilados a salarios.
En este caso se observa a la proveedoras del servicio Team Business Management, S de RL de CV, a la que se le pagaron 637 mil 727.94 pesos, sin embargo esta canceló el CFDI (comprobante fiscal digital por internet) que sustentaba esa erogación. Ello, a decir de los auditores, incumplió con los establecido en las leyes General de Contabilidad Gubernamental, General de Responsabilidades Administrativas, el Código Fiscal de la Federación y el propio contrato.
Además, presumieron otro daño patrimonial contra Liconsa por 46 millones 324 mil 397 pesos, por pagos realizados sin contar con los certificados de análisis de su Laboratorio de Control de Calidad. Ello se estableció como parte de los entregables de los contratos: CADQ/836/2020 y CADQ/981/2020, celebrados con la empresa Mini Grip de México, SA de CV, por un monto observado de ambos contratos por 15 millones 744 mil 146 pesos; CADQ/852/2020 y CADQ/966/2020, con Industrializadora Oleofinos, SA de CV, por un monto observado de ambos contratos por 24 millones 278 mil 343.70; CADQ/884/2020 y CADQ/947/2020, con Poly Rafia, SA de CV, por 616 mil 823 pesos; CADQ/901/2020, con Balthazar Commodities, S de RL de CV, por 5 millones 140 mil 157; y CADQ/1010/2020, con Empaques Plásticos Industriales, SA de CV, por un monto observado de 544 mil 927 pesos.
Y en el último pliego de observaciones, la ASF solicita a Liconsa aclare el destino de 34 millones 212 mil 463 pesos justificados como pagos de “anticipo a proveedores en el ejercicio de 2020, a favor de Distribuidora Mexicana Agronómica, SA de CV. La irregularidad en este caso se deriva de que la autoridad no cuenta con “la documentación justificativa y comprobatoria que acredite la procedencia del pago y la erogación correspondiente”.
