La ofensiva sindical contra empresas que producen a fasón reabre el debate sobre los límites legales de la responsabilidad solidaria y el impacto en la cadena láctea.
El comunicado interno que Atilra hizo circular entre los trabajadores de SanCor C.U.L. en los últimos días marca un punto de inflexión en un conflicto que ya lleva años, pero que ahora parece escalar hacia un terreno mucho más delicado. No solo por la gravedad de la situación salarial que atraviesan los empleados, sino por la estrategia que el gremio anuncia de manera explícita: avanzar judicial y sindicalmente contra empresas que no son SanCor, pero que mantienen contratos de producción a fasón con la cooperativa.
Según el texto difundido por el cuerpo de delegados, Atilra sostiene que las empresas vinculadas a SanCor —como Elcor S.A., Punta del Agua S.A. o La Tarantela/Failar S.A.— serían solidariamente responsables del pago de salarios e indemnizaciones adeudadas, invocando el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bajo esa interpretación, el gremio se prepara para intimarlas mediante telegramas laborales y promover demandas judiciales en caso de incumplimiento.
La pregunta de fondo es si esta ofensiva tiene asidero jurídico y, sobre todo, si no constituye una peligrosa sobreactuación sindical que puede terminar agravando aún más la crisis del sector lácteo.
Producción a fasón no es tercerización laboral
Las empresas señaladas por Atilra no son empleadoras de los trabajadores de SanCor. Son firmas que contratan servicios industriales a fasón: pagan a la cooperativa por el uso de plantas, líneas de producción y mano de obra, y cumplen con las obligaciones comerciales pactadas. El vínculo es comercial e industrial, no laboral.
La responsabilidad solidaria prevista en el artículo 30 de la LCT fue concebida para evitar fraudes laborales mediante tercerizaciones encubiertas o cadenas de subcontratación que vacían de contenido la figura del empleador. Forzar su aplicación a esquemas de producción a fasón, habituales en la industria láctea y en muchas otras actividades, implica estirar peligrosamente el alcance de la norma.
Si SanCor cobra por el servicio prestado y luego no destina esos fondos al pago de salarios, la responsabilidad primaria —y casi exclusiva— recae en su conducción y en su administración. Pretender trasladar ese incumplimiento a terceros que ya cumplieron con sus obligaciones contractuales supone desdibujar reglas básicas del derecho laboral y comercial.
Un mensaje que inquieta a toda la cadena
Más allá de lo jurídico, el comunicado tiene un fuerte impacto político y económico. El mensaje implícito es claro: cualquier empresa que decida producir en plantas de SanCor o contratar sus servicios puede quedar atrapada en un conflicto laboral ajeno, con riesgo de demandas, bloqueos o medidas de fuerza.
En un contexto donde la industria láctea opera con márgenes ajustados, exceso de capacidad instalada y un mercado interno debilitado, este tipo de advertencias no hacen más que espantar inversiones y acelerar la retirada de actores privados de esquemas asociativos o de colaboración industrial.
Paradójicamente, muchas de estas empresas son hoy una de las pocas fuentes de actividad que mantienen en funcionamiento plantas de SanCor y preservan puestos de trabajo. Atacarlas puede terminar cerrando una de las últimas válvulas de oxígeno que le quedan a la cooperativa.
La línea fina entre defensa y desborde
El drama salarial de los trabajadores es real, grave e innegable. Pero también lo es que la estrategia sindical elegida puede terminar jugando en contra de los propios empleados que dice defender. Judicializar en masa a empresas que no son empleadoras directas puede abrir procesos largos, inciertos y costosos, sin garantizar resultados concretos.
Además, instala un precedente preocupante: si producir a fasón implica asumir riesgos laborales ilimitados por incumplimientos ajenos, ¿quién estará dispuesto a seguir utilizando ese modelo?
La crisis de SanCor exige soluciones estructurales, decisiones de gestión y, eventualmente, responsabilidades penales o civiles de quienes condujeron la empresa al colapso. Convertir a terceros cumplidores en responsables solidarios puede sonar combativo en lo discursivo, pero amenaza con profundizar el daño sobre una cadena que ya está al límite.
En nombre de la defensa del salario, Atilra parece estar empujando una estrategia de alto voltaje. El problema es que, cuando se juega con fuego en una industria en crisis, el incendio rara vez distingue culpables de víctimas.
