En medio de discusiones sobre la gestión, la falta de participación de los tamberos en las decisiones y la incapacidad para negociar con el sindicato de trabajadores, el viernes 10 la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole), que es una de las principales firmas exportadoras de Uruguay, realizará las elecciones de sus autoridades.

Para tener una dimensión de la importancia que tiene el futuro en la conducción de esa emblemática cooperativa para el gobierno, uno de sus exdirectivos, que prefirió mantener su nombre en reserva, recordó a Búsqueda que era habitual que hace algunos años un entonces presidente de la República llamara por teléfono al gerente general de Conaprole para tener un pulso de la situación de la producción lechera y del agro local.

En esta contienda electoral hay tres listas en pugna para llegar al directorio de esa industria lechera y poder “gobernarla” durante cinco años: la 1010, que es oficialista y liderada por Gabriel Fernández (actual director), las opositoras Opción 2021, con Álvaro Lapido a la cabeza, y la 1936, con Alessio Ortolani como titular.

Y en esta ocasión hay un cierto transfondo político por algunos temas que están en discusión y por el perfil de los integrantes de una de las propuestas electorales, considerando que Lapido, candidato a presidir Conaprole por Opción 2021, es un referente del Partido Nacional en lechería y fue el titular del Instituto Nacional de la Leche (Inale) en el actual gobierno, desde marzo de 2020 hasta julio de este año.

Lapido es productor lechero del departamento de San José e integró el Directorio de Conaprole entre 2002 y 2010. Y ese candidato, durante la campaña electoral, puso especial énfasis en uno de los asuntos más candentes de esa empresa, como es la demanda judicial que realizó Conaprole contra los Estados uruguayo y venezolano y, además, contra la filial uruguaya del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) y la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) para el cobro de una deuda de US$ 30 millones por exportaciones de lácteos realizadas en 2015.

Con el objetivo de conocer los principales argumentos de cada candidato para postularse, Búsqueda consultó a los tres participantes sobre ese y otros temas que suelen figurar entre los de mayor interés para los productores lecheros, así como para el Poder Ejecutivo, que debe establecer la política oficial del sector en cuanto a apoyos y otras medidas.

Fernández defendió la línea de trabajo de las anteriores direcciones de la empresa, específicamente de “la lista 1010, que gobierna Conaprole hace 40 años”.

Ese grupo “tiene un sistema que elige a sus representantes, tanto en el directorio como en la asamblea de los 29 y en la comisión fiscal, mediante un comité electoral con los productores referentes zonales”, justificó.

Acotó que esos tamberos discuten internamente “de acuerdo a sus criterios sobre quiénes deben estar en la lista, incluso el presidente”.

“Acá no hay autoconvocados, ni autoproclamados, es un mecanismo en el que el grupo 1010 elige a sus representantes”, señaló.

En cuanto a la vinculación política partidaria de los candidatos, Fernández respondió: “De ninguna manera”. “Si hay alguna lista que se identifica con algún partido político en particular comete un grave error”, opinó.

Aseguró que la cooperativa “no discrimina ni se interioriza en sus pensamientos políticos, que son propios de cada productor”.

Conaprole “no se identificó con ningún gobierno, ningún partido (político), ni lo va a hacer, porque no corresponde”.

Respecto al tema Venezuela, el actual directorio de la empresa “ha seguido los consejos que los asesores jurídicos le hicieron en cada oportunidad con la deuda. Es un tema delicado, porque hay US$ 30 millones que son de los productores que están en juego”, advirtió Fernández.

Y enfatizó que “el directorio tiene que seguir con seriedad las recomendaciones de los tres estudios jurídicos más importantes de Uruguay”.

El cambio

A su turno, Lapido argumentó sobre su candidatura que a fines de 2020 un grupo de productores “preocupados por la situación de Conaprole decidió bajar a la arena política y cambiar el quejarse por hacer algo, generando una opción distinta a la actual dirección” de la empresa. Entonces Lapido resolvió dejar el cargo de titular en el Inale y sumarse a esa agrupación porque “no se puede estar en la misa y en la procesión”, dijo.

Destacó el “primer gran impacto” que tuvo ese grupo en las recientes elecciones de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), que es el brazo productivo de Conaprole, cuando su candidato Carlos Torterolo peleó la presidencia de esa gremial quedando a 40 votos por debajo del ganador, que fue el oficialista Leonardo Galarraga. “Se cuatriplicó el interés de votantes en esas elecciones, al pasar de 100 a 400”, indicó.

Consideró “saludable y democrático” que haya una “alternativa de cambio” en el directorio de la cooperativa.

“Que los 1.800 tamberos que tiene Conaprole puedan elegir”, porque “siempre eran los mismos y la gente estaba desanimada”, argumentó.

Ese productor se refirió a la necesidad de ser “más eficientes en la productividad” laboral. Otro asunto de preocupación es la pérdida de productores de leche y la importancia de contar con medidas para revertir esa tendencia (Búsqueda Nº 2.146).

Sobre la deuda de Venezuela, Lapido recordó que “se exportó arroz, quesos, pollos y leche en polvo y se generó un fideicomiso con el compromiso de que hasta que no estuviera el dinero no se debían embarcar” los productos.

“Así lo hicieron” los exportadores de esos rubros y “Conaprole comenzó a embarcar hasta que estaba el dinero”, pero llegó un momento en el que recibió un llamado del entonces canciller (Rodolfo Nin Novoa) diciendo que no embarque más porque había dificultades para cobrar en Venezuela”, señaló. Y acusó que esa cooperativa “siguió embarcando” lácteos para Venezuela, y “lo hizo tres días después de esa llamada, por US$ 15 millones, y lo volvió a hacer 17 días después por otros US$ 15 millones”. Eso “no lo saben los productores y entendemos que ahí estuvo omiso el directorio por no informar a los productores de haber embarcado luego de la advertencia de Cancillería”, cuestionó.

Planteó la posición de que “Venezuela debe pagar esa deuda” y que “el juicio debió haberse hecho al gobierno que hizo ese negocio, o sea al anterior”.

“No compartimos en absoluto que seis años después” de haberse realizado el negocio (2015) “se le haga al Estado uruguayo una demanda, como lo hizo ahora la dirección de Conaprole, por los US$ 30 millones”, afirmó. Enfatizó: “No compartimos que sean los uruguayos los que tengan que pagar esa deuda”.

“En caso de ganar las elecciones, Opción 2021 analizará el tema de la demanda” por la deuda de Venezuela, pero “la decisión” de “si se desistirá o no” de ese proceso judicial será de “la administración y el asesoramiento jurídico”, adelantó.

Considerando la necesidad del sector lechero de contar con el apoyo del gobierno, la demanda es para Conaprole como “tirarse un tiro en el pie”, graficó.

Sobre la identidad política en estas elecciones, Lapido respondió que la cooperativa “vivió gobiernos de todo tipo, de todos los colores y afinidades, y sigue su camino”.

Minoría

“No me candidateo por aspiraciones personales, sino que lo hago por representar a un grupo de tamberos, que en su mayoría son pequeños”, señaló a Búsqueda Ortelani.

Contó que ese movimiento fue creado por Miguel Bidegain, que es un actual director de Conaprole, con “la visión de tener una representación en el directorio”. “No me considero una persona política, estoy más vinculado al área empresarial y técnica”, afirmó.

Dijo que ese grupo “no se considera oposición”, sino que pretende “llevar la voz de una minoría, con visiones diferentes a lo que es necesario hacer con la cooperativa y sus intereses”.

“Estamos de acuerdo en que Conaprole haya incluído al Estado (uruguayo) en el juicio” para cobrar la deuda de Venezuela, porque “el gobierno anterior tuvo responsabilidad en los negocios” con ese país caribeño, argumentó. Y planteó que por ese motivo “es justo” eso, aunque “lamentamos” que sea “otro el gobierno que tenga que recibir” la demanda, pero “no se sabe cuándo va a terminar”.

“El juicio es al Estado, no al gobierno, y las administraciones pasan y las instituciones quedan”, enfatizó.

Ortelani recordó que la Ley 19.397 de 2016 autorizó al Poder Ejecutivo a asumir el costo de los intereses originados por los créditos o préstamos que se otorgaren por las instituciones de intermediación financiera a las empresas exportadoras de lácteos. “¿Por qué habría pagado esos intereses el gobierno de turno si no sentía que tenía una responsabilidad en el negocio que se había hecho?”, se preguntó.

En cuanto al contenido político de estas elecciones, ese candidato declaró a título personal que “no hay política partidaria nacional involucrada en Conaprole, más allá de que haya un candidato que participó de las elecciones nacionales”.

“No tengo afiliación política, puedo simpatizar con algún partido que pienso sea beneficioso en el momento para el país, pero si cambia y hay otro que coincide con mis ideas…”, acotó.

Comentó que a Fernández nunca lo escuchó “manifestarse políticamente ni de afiliación”.

Estas elecciones se realizarán a pocos días de cumplirse 86 años desde la promulgación de la Ley 9.526 del 14 de diciembre de 1935, que creó a Conaprole mediante la declaración de utilidad pública para expropiación a un grupo de firmas dedicadas a la producción, pasteurización e industrialización de la leche.

Luego esa norma legal fue modificada por dos leyes de urgencia, la 17.243 de julio de 2000 y la 17.292 de enero de 2001, que dispusieron variantes en la constitución del directorio y la obligatoriedad de cumplir con las normas de control, entre otros aspectos.

El directorio de Conaprole es el órgano de dirección y administración y está integrado por cinco miembros elegidos cada cinco años por los socios cooperarios mediante voto secreto en elecciones controladas por la Corte Electoral.