La denuncia fue iniciada en junio de 2022 por Unió de Pagesos de Catalunya (UdP) y la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (UdU), y posteriormente ampliada por FACUA-Consumidores en Acción y la Asociación de Consumidores ModeON. Las entidades denunciantes señalaron a cadenas como Mercadona, Lidl, Bon Preu, Carrefour, Dia, Alcampo, Aldi, Eroski y El Corte Inglés por mantener precios presuntamente idénticos en este producto durante más de tres años.
Los denunciantes alegaban que esta alineación sostenida de precios suponía un acuerdo tácito entre las empresas, perjudicando tanto a los consumidores como a los productores, al presionar a la baja los precios en origen. La documentación presentada incluía tablas de precios remitidas de forma anónima y gráficos elaborados a partir de datos observados entre 2018 y 2024.
Sin embargo, tras el análisis de la Dirección de Competencia y la Unidad de Inteligencia Económica, la CNMC ha concluido que no existen indicios suficientes de una infracción de la Ley de Defensa de la Competencia. El organismo considera que el paralelismo en los precios puede explicarse por la estructura del mercado, caracterizado por una alta transparencia, escasa diferenciación del producto y el uso generalizado de herramientas de seguimiento de precios por parte de los operadores.
Según la resolución, no se ha aportado ninguna prueba que demuestre una concertación expresa o tácita entre las compañías. Los patrones observados serían compatibles con estrategias comerciales independientes, guiadas por la necesidad de ofrecer precios competitivos en un contexto de elevada inflación.
La CNMC también descarta la existencia de un posible abuso de posición dominante colectiva, dado que la pluralidad de operadores impide atribuir a las denunciadas una capacidad de actuación independiente suficiente para sostener prácticas abusivas.
Con este acuerdo, se da por cerrado el expediente S/0002/25 “Leche UHT MDD”. Contra la decisión no cabe recurso en vía administrativa, aunque las organizaciones denunciantes podrán recurrir por la vía contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional.
