Apenas dos meses después de que la Audiencia Nacional anulase, por defectos de forma, el expediente abierto en el 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vuelve a la carga contra una decena de industrias lácteas. Las sigue acusando de intercambiar información para la fijación de precios y de repartirse la recogida de leche cruda en el campo durante más de un decenio.
Al parecer, el proceso se retomará con referencia a abril del 2014, momento previo al cierre de la instrucción y del anuncio de unas sanciones que, en su conjunto, ascendían a 88,6 millones de euros. Fue precisamente en esa fecha cuando la CNMC -esa es, al menos, la argumentación judicial que tumbó el procedimiento inicial- decidió modificar los años de investigación y ampliar las imputaciones ya establecidas en la fase de instrucción. Esta actuación, argumentada en su día como una simple corrección de errores, dio lugar a un recurso de la multinacional Nestlé que fue estimado y aplicado posteriormente al resto de lácteas implicadas.
La actuación del cartel les pudo haber costado a los ganaderos 75 millones al año Ahora se abre una nueva vía para que Competencia pueda volver a imponer sanciones por lo que en su día calificaba como «actuaciones concertadas relativas al intercambio de información comercial estratégica de forma bilateral, multilateral o en el seno de asociaciones regionales». Según apuntaba el escrito de conclusiones de la CNMC, las prácticas anticompetitivas llevadas a cabo por los infractores consistían fundamentalmente en intercambiar información, a nivel nacional y regional, sobre precios de compra de leche de vaca cruda, volúmenes de compra de ganaderos y excedentes de leche.
Intercambio de información
Competencia consideraba probado que las lácteas dialogaron e intercambiaron información sobre los precios de compra que ofrecían las empresas transformadoras a sus ganaderos, los que iban a proponer en un futuro, la identidad de los productores y los volúmenes adquiridos de estos. También constató el intercambio de información en lo referente a ganaderos que tenían intención de cambiar de transformador y posibles medidas para evitarlo. Todos estos hechos dieron lugar a sanciones para dos asociaciones sectoriales ?Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña y Asociación de Empresas Lácteas de Galicia, que fueron castigadas con 200.000 y 100.000 euros respectivamente- y nueve industrias. Danone se llevó la peor parte con una multa de 23,2 millones seguida de Corporación Alimentaria Peñasanta con 21,8 y Lactalis con 11,7. La relación se completa con Nestlé (10,6 millones), Puleva Food (10,2), Calidad Pascual (8,5), Senoble (ahora Schreiber Foods, 929.000 euros), Central Lechera Asturiana (698.000) y Celega (53.000).
Las investigaciones de la CNMC también incluían a Industrias Lácteas Asturianas, Grupo Leche Rio, Feiraco Lácteos, Leche Celta y Forlactaria Operadores Lecheros, si bien en estos casos se consideró que la infracción había prescrito.
Danone fue la empresa que recibió la mayor multa, de 23,2 millones En cualquier caso, los informes de Competencia apuntaban a que la actuación fraudulenta de las lácteas provocaban pérdidas importantes para los ganaderos gallegos por cuanto la supuesta concertación de precios provocaba que las cotizaciones de la leche en origen fuesen en Galicia un 10 % menores a las que se registraban en el conjunto de la Unión Europea. Esto provocó que solo en el ejercicio 2014 -el precio europeo fue de 38 céntimos por litro y el gallego de 35- las pérdidas de los ganaderos gallegos -su producción fue de 2,5 millones de toneladas de leche- sobrepasasen los 75 millones.
Más poder para la industria
Además del perjuicio económico, según la Comisión de la Competencia, también se agravó la situación de un mercado ya de por sí concentrado desde la perspectiva de la demanda en el que se registra un elevado poder negociador de las industrias en comparación con el que tienen los productores.
Aunque resulta complicado saber el resultado final de este nuevo expediente, fuentes del sector consideran que su resolución puede similar a la del 2015, ya las decisiones judiciales que tumbaron el procedimiento en primera instancia no pusieron en duda el fondo de la investigación.
