El sector lechero atraviesa un contexto desafiante plagado por bajas en la remisión de leche durante el mes de julio, como así también en los precios en tambo y en las exportaciones que dejaron de tener a Brasil como uno de los países compradores protagonistas.
Malas noticias para la remisión de leche
Los datos desalentadores no terminan ahí y el informe establece una baja en la remisión de leche. En ese sentido, en las plantas industriales tuvo una caída del 9,2% interanual a partir de los 171,2 millones de litros remitidos en julio.
Brasil cada vez más restrictivo con sus importaciones
El gigante sudamericano redujo un 8% interanual las importaciones de lácteos en dólares entre los meses de enero y julio mediante un total de 639 millones de dólares.
Entre los países proveedores, Argentina se encuentra en primera posición con el 57% de las importaciones seguido de Uruguay con el 28%, con unos 179 millones de dólares en los primeros siete meses del año.
Acorde a las cifras de la Aduana brasileña y analizadas por el Inale, las compras de leche en polvo entera bajaron de 96.612 a 85.801 toneladas, lo que representó una caída del 11%. Argentina también es el principal proveedor de este producto con el 48%, al que le sigue Uruguay con el 45%, unas 38.600 toneladas.
Pedido de ayuda de los tamberos
En medio de este escenario, las gremiales lecheras decidieron pedir una reunión con el presidente del Banco República (BROU), Salvador Ferrer, con el objetivo de avanzar en algún tipo de asistencia financiera para el sector para aquellos productores que remiten más de 3.000 litros de leche diarios.
Es decir, aquellos que quedaron por fuera de la medida puesta en marcha a mediados de mayo para asistir a los pequeños productores que remitan menos de 3.000 litros por día.
Es preciso recordar que las gremiales se reunieron con el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) Juan Ignacio Buffa, con el objetivo de avanzar en algún tipo de ayuda para aquellos productores que quedaron en el medio. Uno de los objetivos es poder avanzar en la extensión de plazos de pago de deudas sin que se aplique una recategorización en la clasificación de los deudores.
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