El presidente de Conaprole, Gabriel Fernández, afirmó este lunes que, pese a la decisión unánime del Tribunal de Apelaciones en contra, la cooperativa insistirá con su demanda contra los estados uruguayo y venezolano por la deuda de 30 millones de dólares que mantiene Caracas.
Responsabilidad compartida
Desde la cooperativa aseguraron que entienden que “el Estado uruguayo tuvo responsabilidad en la medida que fue parte de la negociación y entendimos que deberíamos iniciarles una demanda a las dos partes”. “Uno directamente debe la factura (Venezuela) y el otro participó en la génesis de ese negocio (Uruguay)”, explicó Fernández en diálogo con Radio Universal.
En ese sentido, el presidente de Conaprole explicó que la demanda a Uruguay se dirige directamente al Estado, mientras que en Venezuela apunta al estado venezolano a través de una empresa del Estado llamada Corpovex.
A mediados de marzo, el Tribunal de Apelaciones estableció que la demanda de Conaprole inició fuera del plazo previsto por la ley, por lo que el Estado uruguayo quedó libre de toda responsabilidad asociada a la falta de pago por parte de Venezuela en la compra de leche en polvo hace 15 años. Por otro lado, el fallo estableció que Uruguay es el lugar donde se puede seguir litigando contra Venezuela.
Respecto a esto, Fernández aseguró que el grupo de abogados que representa a Conaprole entiende que no es correcta la decisión. En tanto, respecto al Estado bolivariano, los abogados están planteando la posibilidad de generar alguna medida cautelar con los bienes que podría tener Venezuela en el Uruguay.
En tanto, el presidente de Conaprole aseguró que desde la cooperativa siempre se expresó la voluntad de negociar con los embajadores de ambos países (tanto en uruguayo en Venezuela y el venezolano en Uruguay) con el objetivo de abastecer o generar algún mecanismo de acuerdo o intercambio.
González insistió en que la plata que le deben a Conaprole es de los productores. Por lo tanto, si se llegara a cobrar, se la transferirían directamente a los damnificados. “Como directivos de la cooperativa no podemos darnos por vencidos en la medida que haya posibilidades”, explicó y adelantó que existe la posibilidad de reunirse con la embajadora uruguaya en Venezuela, Silvia Montes, antes de que vuelva al país caribeño.
La posición de Venezuela
Desde el estado venezolano no se reconoce el reclamo y se remarca la importancia de que se trate de resolver el reclamo en su país. “Surge plenamente probado y no controvertido que las partes incluyen una cláusula contractual donde pactaron el régimen de la ley venezolana”, estableció la defensa de Venezuela.
En ese sentido, aseguraron que “la República de Venezuela no fue ni es parte de los contratos aludidos, no habiendo suscrito ninguno de ellos y no existiendo norma que atribuya competencia a los tribunales uruguayos”. “En otras palabras, Corpovex no es la República Bolivariana de Venezuela”, agregaron, refiriéndose a la estatal venezolana Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), la cual llevó a cabo el acuerdo.
