El plan del gobierno de México para frenar el aumento en 24 productos y contener la inflación es una oportunidad para fijar un precio “justo” al lácteo, aseveró Álvaro González Muñoz, presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche.
“Hay un abuso, eso sí, de los empresarios porque como tienen el precio libre pagan lo que se les dé su gana, porque ellos tienen el poder de la negociación. El productor siempre está a expensas de que ellos quieran pagarnos lo justo. Casi siempre hacen sus cuentas y si sobra, nos pagan mejor, y si no, no nos pagan”.
A principios del mes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre el control de precios del limón, carne, jitomate, chile serrano, sopa, aceite y la leche, entre otros: sin embargo, la iniciativa privada, representada por la Coparmex, advirtió que dichas medidas generarían escasez y un mercado negro.
En el caso de la leche, González explicó que el tema no es nuevo, pues en los 70 y 80 se el precio se fijaba mediante reuniones con los comercializadores y todos los miembros de la cadena productiva.
“Eso se quitó y se liberó el precio. A partir de ahí empezó el abuso de las empresas a pagárnosla al precio que quieran y eso derivó en el cierre de establos. En Hidalgo han desaparecido como 3 mil productores”, señaló.
Según el líder del frente, el gremio abordó a AMLO durante un mitin en Zacatecas, cuando era candidato, donde se pronunció contra está situación, pero cuando llegó al poder la Secretaría de Agricultura informó que el precio por litro sólo se podía establecer en las compras de Liconsa, empresa del Estado.
“Platicamos con él y le planteamos que había un abuso exagerado de las industrias fuertes en México y eso condicionaba a todos los productores de leche en el país a pagárnosla por debajo del precio”.
Sin embargo, sólo se benefició un pequeño sector de proveedores, ya que las compras de Liconsa representan 5 por ciento de lo que se produce en el país.
Según el dirigente, en promedio se pagan 7.50 pesos por litro y el objetivo es que al menos se otorguen 10 pesos, sin que esto repercuta en el precio final de los productos, señaló.
“Hay unos que pagan más de 8 o más de 9 pesos, pero otros solo 6.50. Hay productores alejados de un lugar, por ejemplo, tienen su establo a 15 kilómetros del que les compra la leche y entonces manda su camioneta o su pipa el empresario que quiere la leche, hace la cuenta de su costo y dice: ‘a este se la pago en 6.50′”.
Vio con agrado que el plan abra la oportunidad de establecer precios de garantía, pero insistió en que el objetivo de la propuesta federal es que no haya un incremento final al público.
“Eso no significa que le tenga que subir al consumidor, lo que pasa es que las empresas deben estar haciendo un negociazo y si no, entonces es porque les falta eficiencia en sus procesos, pero no tendría que afectarse precio a los consumidores”.
Añadió que existen productos con mayor margen de ganancia como el yoghurt o los quesos, con lo que no tendría que representar un problema para las empresas, pero se requiere el papel mediador de los gobiernos porque los productores están “en el desamparo”.
