Una profunda recesión a nivel mundial – que podría ocurrir – es de esperar impacte en forma negativa precios de los principales commodities . Mas afectados serán aquellos productos con alta elasticidad-ingreso como la carne vacuna, y por supuesto los granos usados en la producción de esta. Para los países exportadores como Argentina, un impacto adicional a considerar es el posible aumento de barreras al comercio, ya sea por el incremento de controles sanitarios justificados en la pandemia, pero también como resultado de intentos de “proteger” a la agricultura en algunos países. Caída de demanda fruto de la recesión, unida a crecientes barreras al comercio serían una mala noticia para nuestra agricultura.
Lo que ocurra a nivel internacional es especulativo. Podemos, sin embargo, aventurar algunas tendencias sobre impacto de COVID 19 sobre la cadena agroalimentaria doméstica. En este sentido, podemos distinguir entre efectos transitorios y permanentes sobre la demanda y la oferta de alimentos. Por el lado de la demanda, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares 2018-18, del total de gasto de los hogares el 22.7% se destina consumo de alimentos y bebidas en el hogar y el 6% a consumo en restaurantes y comidas fuera del hogar. Este último componente se ha visto afectado de manera transitoria por las restricciones inmediatas de la cuarentena y seguramente en el mediano plazo también por la recesión y caída de ingresos. El cambio en las demandas finales de alimentos afectará también a las demandas derivadas a nivel mayorista, con impactos sobre los precios y márgenes de comercialización. Es probable que observemos una mayor variabilidad y cambios en precios relativos de alimentos mientras se producen los ajustes en los consumos finales de los hogares.
Por el lado de la oferta, el impacto del virus sobre el sector productor depende especialmente de la intensidad de uso del factor trabajo. No menos de 40% del Valor de la Producción agrícola argentina se origina en los cultivos de soja, maíz, girasol y trigo. A nivel de producción primaria, estos se caracterizan por utilizar relativamente poco trabajo en relación a tierra y capital. Las posibilidades de mantener producción respetando adecuado “distanciamiento social” son entonces altas. Los procesos agroindustriales asociados a estas producciones son asimismo capital-intensivos. El caso de la ganadería vacuna (18 % del Valor de la Producción) también utiliza relativamente poco trabajo en su faceta de producción, pero intensiva en el uso de este factor en las etapas de procesamiento, distribución y comercialización. Estas etapas son susceptibles a sentir el impacto de restricciones.
La producción tambera resulta algo mas compleja. Por un lado, es mas intensiva en trabajo que los sectores anteriores, lo cual aumenta posibilidades de contagio. Además, las vacas “deben” ser diariamente ordeñadas, lo cual implica que interrupción aún transitoria en la fuerza laboral por contagio con virus tendrá serios impactos sobre la productividad futura del rodeo.
De persistir en el tiempo la actual pandemia, es de esperar mayores dificultades en producciones trabajo-intensivos (frutales y hortalizas). Estos se caracterizan no solo por alta relación entre trabajo y los demás factores de producción, sino también por el uso de mano de obra estacional, proveniente de diversas regiones del país. Esta mano de obra mantiene un flujo razonable de ingresos migrando de zona en zona de acuerdo a demanda de sus servicios. En situaciones de pandemia, esta movilidad puede verse comprometida.
Otras etapas
El sector productor no resulta el único potencialmente afectado. En efecto, las etapas de procesamiento, almacenaje, distribución y comercio pueden sentir el impacto en forma especialmente marcada. Por un lado, en estas etapas resulta más difícil mantener “distanciamiento social”. Por supuesto, a nivel minorista mucho puede hacerse (y se está haciendo) con servicios de delivery a domicilio. Pero el riesgo mas grande a las cuales está sujeta la cadena agroalimentaria no es COVID 19, sino la reacción del gobierno ante esta situación.
En efecto, el otorgamiento a intendentes de autoridad para clausurar locales cuyos precios no se ajustan a lo “autorizado” constituye una seria traba para el funcionamiento eficaz de la cadena. Estas medidas extienden y profundizan la “Ley de Góndolas” aprobada en el Congreso poco tiempo antes de la irrupción de COVID19. Si sobre algo existe prácticamente unanimidad entre economistas, es el impacto de la competencia sobre precios y abastecimiento. La clausura de locales – o la imposición de multas – reducen esta competencia. Si en un barrio antes había cinco comercios minoristas, ahora hay solo cuatro, y mañana habrá tres. El perjudicado es el vecino de barrio, en particular quien por razones de edad, salud u otros factores no puede acceder a negocios más lejanos. La coerción a la cual están sujetos los comercios resulta también en crecientes posibilidades corrupción: los propietarios de los locales ven en la “coima” su única defensa. Esto arruina el tejido social.
La cadena agroalimentaria es un sector clave de la economía argentina, no solo por su contribución a la generación de divisas, sino también (y especialmente) por proveer de alimentos a mas de 44 millones de argentinos. El desafío que enfrentamos es aumentar la eficiencia de esta cadena, incorporando tecnología y reduciendo costos de transacción y permitiendo el rápido ajuste a las nuevas condiciones de demanda y oferta. Aspecto clave en esto son las acciones que se tomen desde los distintos niveles de gobierno, que deben apuntar a facilitar el trabajo de emprendedores, reduciendo al mínimo las trabas que limitan su acción.
Los autores son profesores de la Universidad del CEMA. Daniel Lema es economista del Centro de Economía y Prospectiva-INTA