Nuevamente un presunto caso de corrupción quedó al descubierto en el departamento de Antioquia, en donde funcionarias públicas habrían buscado sacar provecho económico, con los dineros que se han destinado para atender a las familias en condición de vulnerabilidad por el coronavirus.

La historia salpica a la Alcaldía de El Retiro, en Antioquia, en donde luego de una investigación, la Policía evidenció que, al parecer, dos funcionarias se habían aliado con particulares, para pasar con sobrecostos los alimentos que compraban para las personas que se han visto afectadas por la pandemia.

“Los análisis forenses contractual y financiero realizados al contratista y al contratante, arrojaron información específica que evidenciaron el sobrecosto, en promedio, de un 140 % en los víveres adquiridos mediante la contratación pública. El estudio forense de mercados fue contundente al describir que los productos adquiridos poseían un mayor valor que los precios originales”, indicó la Dirección de Investigación Criminal, Dijín.

La autoridad señaló además que, “se trataba de víveres para armar paquetes alimentarios de primera necesidad que fueron entregados a las familias vulnerables de esta jurisdicción. Los productos como arroz, pasta, leche, entre otros, que de acuerdo con el peritaje contable y contractual, se identificó un sobrecosto con referencia a los precios de venta que entregó el contratista al municipio de El Retiro”.

“Entre el listado de productos llama la atención la leche, que tiene un costo de adquisición para la empresa contratista por litro de 1.733 pesos, pero que fue vendido a la alcaldía por un precio promedio de 4.297 pesos, por un total de 37.248.396 pesos, que les deja un margen de ganancia a la empresa de 15.017.310 pesos, es decir una utilidad bruta de 148 % sobre el costo real, solo en este producto”, señala la investigación.

Agregó la autoridad que “la investigación realizada permitió establecer que dos de las capturadas, a través de sus funciones públicas, al parecer, permitieron que se generaran sobrecostos de unos elementos estipulados en contratos para la adquisición de víveres que iban a ser repartidos a la comunidad del municipio para atender la pandemia por covid-19, y que también habrían omitido irregularidades permitiendo que las cláusulas de estos no se cumplieran, ocasionando un detrimento al patrimonio del Estado”.

En el municipio de Itagüí fue capturada la representante legal de la empresa quien a través de su establecimiento comercial y teniendo en cuenta la celebración del contrato, vendió víveres con un sobrecosto de hasta el 140 % a la alcaldía del municipio El Retiro.

Las tres capturadas fueron presentadas ante el juez primero promiscuo municipal de garantías del municipio El Retiro, quien dio legalidad a las capturas y les imputó en esta misma audiencia los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y a favor de terceros y falsedad en documento público.

Por su parte, el ente acusador solicitó medida de aseguramiento domiciliaria para las imputadas pero por orden del juez fueron dejadas en libertad, siendo apelada esta decisión por parte de la Fiscalía para que un juez de segunda instancia tome una nueva decisión frente a la medida de aseguramiento.

Las hoy imputadas no podrán salir del país, ni enajenar bienes y deberán presentarse continuamente a las citaciones judiciales y audiencias públicas solicitadas por el despacho judicial.

Es de recordar que por presunta corrupción con los dineros del covid fue llamado a juicio el gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, quien fue acusado por presuntas irregularidades de contratación al amparo de la emergencia sanitaria por el covid-19.

La investigación contra Palacios arrancó por un contrato de prestación de servicios firmado el 15 de abril de 2020, “suscrito de manera directa con la Fundación Chocó Saludable, para realizar jornadas de salud y mitigar el impacto de la pandemia en 27 municipios”. dijo la Fiscalía en un comunicado.