Lunes a la madrugada y el Boletín Oficial que todavía no contiene una norma creando un nuevo registro de exportadores de carne vacuna en la Secretaría de Comercio Interior, como había anunciado el jueves el gobierno de Alberto Fernández. Pero ese digesto sí incluye la resolución que impone mayores exigencias a los operadores del comercio exterior que deben estar inscriptos en el RUCA, el Registro de Operadores de la Cadena Agroalimentaria que depende del Ministerio de Agricultura.

Desde el vamos una sorpresa. Aunque el jueves el Gabinete Económico anunció que impondría nuevos requisitos solo a los exportadores de carne vacuna, en la flamante Resolución 60/2021 firmada por el ministro de Agricultura, Luis Basterra, estos ítems adicionales (algunos de ellos muy severos) se extienden a otros dos sectores claves de la vida agropecuaria: los granos y los lácteos.

Aunque Paula Español se empeñe en decir lo contrario, es todo igualito a lo que pasaba con los ROE (Registro de Operaciones de Exportación) que instauró el kirchnerismo y que eliminó el macrismo a la semana de llegar al poder en diciembre de 2015, porque se habían convertido en una canilla para cerrar el comercio agropecuario y había también muchas sospechas de discrecionalidad y corrupción. Hubo, hasta ese momento, ROE Blanco para los lácteos, ROE Verde para los productos agrícolas y ROE Rojo para la carne vacuna.

El Ministerio de Agricultura, al extremar las exigencias para los exportadores que se matriculen en el RUCA (una suerte de padrón general obligatorio de todos los operadores del sector), casi que parte de considerar la exportación como un acto delictivo, ya que intima a las empresas que incurran en el comercio de productos argentinos al exterior a que “informar para su evaluación, anualmente y acreditar de modo suficiente la sustentabilidad técnica, operativa y económica-financiera” de sus operaciones.

Estos nuevos requisitos regirán para el caso de empresas que no tengan una planta propia y que se dediquen solamente al comercio de bienes producidos por otros o producidos por ellos mismos pero en plantas de terceros. Esto que es una modalidad habitual en cualquier país del mundo, aquí parece ser motivo de sospecha.

Así las cosas, sorprende también una nueva exigencia para figurar en el RUCA: las firmas de esos tres sectores mencionados (carne, lácteos y granos) deberán, para poder operar, informar a la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (la ex ONCCA) el “detalle de cuentas bancarias con las que opera, movimientos bancarios de los últimos seis meses y líneas de financiamiento otorgadas por las entidades informadas”.

No es el único requisito novedoso:

Los exportadores sin planta también deberán presentar a las autoridades un “plan de trabajo proyectado para el próximo año, con detalle de mercadería a exportar, volúmenes, proveedores y destinos”. Es decir, para obtener su licencia para ejercer un negocio lícito casi que deberán hacer futurología, adivinando por anticipado su flujo de negocios. Las Pymes, en esta escenario, parecen estar condenadas a no poder exportar más.

Además, como si fuera el Ministerio de Trabajo que debe controlar el trabajo informal, se exige a los exportadores que presenten un “detalle del personal en relación de dependencia y compañía aseguradora de riesgos de trabajo contratada y constancia de las entidades bancarias donde se depositan los haberes de los trabajadores”.

Si un intermediario logra cerrar una buena venta a China desde su escritorio y compra la mercadería a otra empresa para poder exportarla, quizás no pueda realizarla porque le exigen tener personal a cargo. Una rareza.

Además, como nuevo filtro, se exigirá a quienes quieran ser simplemente exportadores que presenten a la ex ONCCA el “último estado contable certificado, para las Personas Jurídicas y Manifestación de bienes actualizada y certificada para las Personas Humanas o socios y/o accionista para el caso de Personas Jurídicas de reciente constitución”.

Este área del Ministerio de Agricultura, que administra el RUCA para velar por la transparencia de los mercados agropecuarios, también hará la tarea del Banco Central, ya que pedirá a los exportadores sin planta que presenten una “constancia de ingresos de divisas del último año, para el caso de haber realizado operaciones de exportación”.

En el caso de granos, carnes y lácteos se aclara que todos estos requerimientos “no serán de aplicación si el exportador tiene un establecimiento propio ya inscripto en el RUCA”.

“Las medidas adoptadas mediante la referida regulación tienen el objetivo de establecer controles sistémicos y evitar el ingreso al mercado de operadores comercialmente desleales”, explica la resolución firmada por Basterra, que debería complementarse en las próximas horas con la creación de un nuevo registro de exportadores, pero administrado por Comercio Interior.

Los primeros en poner el grito en el cielo por la presencia de exportadores de carne sin planta (es decir matarifes que estaban queriendo incursionar en el comercio exterior) fueron los grandes frigoríficos del Consorcio ABC, varios de ellos extranjeros. Son los mismos que están negociando con el gobierno la extensión de un acuerdo para colocar en el mercado cortes bovinos más baratos.

Estas nuevas exigencias no pueden analizarse sin un detalle: en marzo pasado Basterra echó de su cargo al frente de la ex ONCCA a Marcelo Rossi, un técnicos de extracción radical que supo en 2007 enfrentar a Guillermo Moreno cuando éste comenzó a utilizar los ROE para regular las exportaciones. En su lugar colocó a un contador llamado Luciano Zarich, que tuvo su breve periodo de fama el año pasado al ser designado subinterventor de la aceitera Vicentin, cuando el gobierno todavía soñaba con una expropiación.

Zarich ya había manejado el RUCA hasta 2015, y en ese periodo han sido visibles varios casos de discrecionalidad a la hora de matricular empresas truchas que luego terminaban recibiendo los permisos de exportación que distribuía Moreno desde Comercio Interior. Ya recordaremos esos casos.