Hugo Moyano clausuró el breve verano de paz social con el inicio de acciones preventivas destinadas a evitar el contagio del achique en Coca-Cola Femsa a la industria de bebidas y, de paso, reforzar su imagen dentro del sindicalismo peronista como el principal opositor a la gestión de Macri.

La primera de esas medidas tuvo lugar este martes a las 10 en el Mercado Central, frente al centro de distribución de la mayor embotelladora de América Latina. Allí, el líder de Camioneros y el secretario adjunto del gremio, Pablo Moyano, cerraron un acto ante 10.000 afiliados, en rechazo a potenciales despidos masivos en la marca líder de gaseosas que el viernes pasado arribó a un acuerdo con el sindicato de aguas y gaseosas (Sutiaga) para efectuar 35 cesantías en su planta de Pompeya, tras ser rechazado el pedido de un preventivo de crisis (PPCE).

Ese mecanismo legal les permite a las empresas que presenten tres balances negativos consecutivos realizar suspensiones de personal, despidos masivos y reducir las indemnizaciones en caso de recortar empleos. La intención inicial de la mexicana Femsa era suprimir 80 puestos, pero finalmente el Gobierno rechazó la apertura del procedimiento, en medio de una seguidilla de empresas -como Fate, Avianca y Atlántida- que este año solicitaron el mismo trato recibido por Carrefour en 2018, beneficiada con una reducción de sus contribuciones patronales y un acuerdo de rebaja salarial.

Enterados de la situación, Camioneros se declaró primero en estado de alerta y movilización, y el viernes -una vez sellado el acuerdo en la embotelladora- comenzó a preparar el acto que fue adelantado por iProfesional. Detrás de la decisión de Coca Cola, Moyano sospecha que se esconde una reestructuración laboral más profunda, en línea con la propuesta de la Federación de Empresas de Autotransporte de Carga (Fadeeac) que a principios de mes solicitó la modificación de 20 puntos del convenio de Camioneros, una iniciativa bien vista en el Gobierno pero que fue rechazada de plano por la organización.

En ese marco, el gremio denunció la semana pasada supuestas presiones de la fabricante de gaseosas sobre las distribuidoras para que se declaren en situación de crisis y así facilitar cambios en las plantillas. Solo esa compañía emplea a más de 10.000 personas entre empleados directos y externos en 10 plantas y 92 centros de distribución en el país que son operados a través de sus socios Femsa y Regis (Capital y Buenos Aires), Arca (Norte) y Andina (Centro y Sur).

Pero Moyano también está preocupado por otras empresas grandes de aguas y gaseosas que, al igual que la fabricante de la fórmula secreta, podrían llegar a reducir personal por la caída del consumo, el aumento del combustible y las tarifas. En el radar del sindicato aparece la cervecera Quilmes, que cuenta con un centro logístico al lado del de Coca-Cola en Tapiales, pero que por el momento no evalúa desvincular personal, según informaron fuentes de la empresa a este medio.

La otra multinacional en la mira es la fabricante de bebidas y productos lácteos Danone, en la que el año pasado hubo protestas por el despido de 44 choferes en la planta de Chascomus, donde se envasa el agua mineral Villa del Sur.

Aparte de las empresas, el acto del sindicalista tuvo como destinatario al Gobierno, hoy con dificultades para avanzar en una reforma laboral a través de la renegociación de los convenios colectivos pero también en el Congreso, donde quedaron bloqueados los proyectos enviados el año pasado. El camionero reforzó el mensaje enviado el jueves pasado durante un acto en Ferro en la misma jornada que la CGT recibió al Fondo Monetario, en la que rechazó cualquier revisión a la baja de beneficios laborales y se diferenció de los que “eligen dialogar con el FMI”. Pablo Moyano es uno de los que presiona para que la central obrera realice un paro general en marzo.

“Más de 10.000 trabadores camioneros dirán basta al ajuste y no cederán los derechos laborales como otros gremios. Los compañeros se reunirán a partir de las 10 en la planta de Tapiales (Avenida Carrillo y General Paz) para decirle al gobierno de Mauricio Macri que las conquistas laborales no se tocan”, advirtió en un comunicado el sindicato.

La protesta organizada frente a la planta de Coca Cola despertó de inmediato el rechazo en la Cámara de Productos Alimenticios (COPAL), en donde aseguraron al ser consultados por este medio que “se necesita un camino de dialogo y no decretar paro por WhatsApp”. Dentro del sector empresario reconocen que la situación de Coca-Cola “no es un caso aislado”. Muchas empresas se ven afectadas por el derrumbe de las ventas en supermercados que en diciembre cayeron 8,7% interanual, la sexta baja consecutiva que este lunes dio a conocer el INDEC.

Al tanto de esa situación, el ministro de Producción Dante Sica recibió el miércoles pasado a los directivos de la COPAL, encabezados por Daniel Funes de Rioja, quienes reclamaron paliativos, entre ellos una baja más acelerada de las contribuciones patronales. Por otra parte, las entidades que nuclean a las Pymes sostienen que en su sector las empresas también atraviesan una situación similar a la de Coca Cola, debido a la recesión, la inflación y el aumento del costo de los insumos. Por esos motivos la fabricante nacional de bebidas Manaos también estaría evaluando pedir un preventivo de crisis, según informaron fuentes empresarias a este medio.

En ese escenario de deterioro industrial que amenaza con golpear al sector del transporte, Moyano realizó una demostración de fuerzas acotada a la rama de aguas y gaseosas, donde tiene 8.000 afiliados. Se trata de casi la mitad de los 20.000 trabajadores nucleados en la logística, el principal bastión de Camioneros. En ese sector, el gremio llegó a un sorpresivo acuerdo la semana pasada con la AFIP en la Justicia para mantener las fuentes de más de 6.000 empleados en OCA, en el marco del concurso preventivo de crisis abierto.