Cuando todavía no se ha llegado a evaluar el alcance completo del mega decreto y a horas del envío de varios proyectos de ley que apuntarán a los temas que no se pudieron incluir en el mismo, se puede hacer un primer balance de las nuevas reglas que a partir del 29 de diciembre afectarán a la cadena láctea.
Obras sociales
Lo primero que salta a la vista es el cambio de las relaciones entre las industrias y los gremios, tema más que abordado en el sector lácteo por los derechos que ha adquirido Atilra a lo largo de años.
Uno de los cambios más importantes está vinculado con las cuotas solidarias, que son aportes extraordinarios a los gremios por parte de afiliados y no afiliados que son incluidos en los convenios, generalizados desde los años 90 para compensar la desafiliación.
En el DNU se establece “el pago de cuotas, aportes periódicos o contribuciones a que estuviesen obligados los trabajadores en virtud de normas legales o provenientes de las convenciones colectivas de trabajo o que resulte de su carácter de afiliados a asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial o de miembros de sociedades mutuales o cooperativas así como por servicios sociales y demás prestaciones que otorguen dichas entidades, sólo si existe un consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo”.
Así, ese recurso de recaudación adicional y obligatorio para los sindicatos, justificado en el principio de solidaridad debido a que los trabajadores no afiliados también se benefician de los logros gestionados por la organización gremial, correrá peligro porque deberá tener el aval “explícito” de los empleados. Esto significará una mejora directa del sueldo del empleado que no esté afiliado al gremio.
La industria, además, considera que el “aporte solidario” que se viene incluyendo en las paritarias nacionales desde hace muchos años ya no podrá ser exigido por Atilra, en este caso serán las empresas las que se verán beneficiadas al no tener que desembolsar ese dinero extra que iba directamente a la obra social sindical.
Hablando de obras sociales, la incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales. Es importante este punto ya que cada afiliado podrá decidir a qué empresa van la totalidad de sus aportes, sin pasar por una obra social. Hasta el momento, los usuarios de las prepagas derivaban sus aportes a una obra social sindical, que se quedaba con un porcentaje antes de girar los fondos a la prepaga. Esa intermediación no existirá más.
Sabemos que varias industrias del sector pagan doble cobertura médica ya que estaban obligadas a hacerlo a obra social del gremio, y aparte debían pagar una privada ya que en su zona no había cobertura. Esto ya no correría más.
Servicio esencial, paros y asambleas
La otra novedad tiene que ver con que hay diversas actividades que son consideradas servicios esenciales, a las que se exigirá un 75% de prestación del trabajo normal, y otras que se califican de “actividades de importancia trascendental”, que estarán obligadas a garantizar el 50% del servicio.
En la segunda categoría ingresa la industria alimenticia en toda su cadena de valor y la distribución y comercialización de alimentos y bebidas, además de la actividad agropecuaria y su cadena de valor.
Pero tal vez el cambio más importante es la modificación del artículo 87 de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales: allí se sostiene que “los representantes sindicales dentro de la empresa, delegados, comisiones internas u organismos similares, así como las autoridades de las distintas seccionales de las asociaciones sindicales, tendrán derecho a convocar a asambleas y congresos de delegados sin perjudicar las actividades normales de la empresa o afectar a terceros”.
Este cambio apunta a penalizar las asambleas de trabajadores que, en la práctica, terminan convirtiéndose en medidas de fuerza encubiertas porque paralizan la actividad de la empresa.
Finalmente, con la mira puesta en penalizar las protestas extorsivas en las empresas, por otra parte, el DNU incorpora como “injuria laboral grave la participación en bloqueos o tomas de establecimiento” y detalla en qué casos se aplica: “Cuando durante una medida de acción directa se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas; cuando se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento, y cuando ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento (instalaciones, mercaderías, insumos y materias primas, herramientas, etc.) o se las retenga indebidamente”.
¿Para la producción primaria?
Por el momento, y de manera directa no hay grandes novedades para los tamberos, pero sí un par de artículos que pueden afectar la actividad agropecuaria. Por un lado, la eliminación de la ley de tierras. En concreto, la ley establece que sólo el 15% de las tierras rurales totales de la Argentina pueden estar en manos de extranjeros. Si la normativa se derogara, entonces ya no habría límite y las negociaciones quedarían libradas a la voluntad de compradores y vendedores. Ese porcentaje también se aplica al territorio de cada provincia.
Finalmente, el otro cambio importante es la modificación del Código Civil y Comercial con dos objetivos: por un lado, el de “reforzar el principio de libertad contractual entre las partes” y, por otro, el de “garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada”. Es decir, se podrán comprar bienes y contratar servicios con dólares o cualquier otro bien.
Es decir, que se podrán firmar contratos de alquiler a pagar con leche, veremos si algún tambero logra alguien interesado en firmar algo así.
Damián Morais
